Líder Sucre: 'El corredor marino es una luz de esperanza'

Uno de los anuncios más importantes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), celebrada en Glasgow, Escocia, fue la declaración para la conservación y manejo de los ecosistemas del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR), firmada por los presidentes de Ecuador, Colombia, Costa Rica y Panamá.

Se trata de una extensión marina de más de 2 millones de kilómetros cuadrados que abarca isla del Coco (Costa Rica), isla Coiba (Panamá), islas Gorgona y Malpelo (Colombia) e isla Galápagos en Ecuador, donde se reproduce y converge una extraordinaria biodiversidad, con especies únicas –unas 160 endémicas y migratorias–, muchas amenazadas o en peligro de extinción.

Para Líder Sucre, exdirector ejecutivo de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Ancon) y del Museo de la Biodiversidad, esta declaración “nos viene como una luz de esperanza a los que hemos visto y hemos luchado por estas áreas isleñas y marinas, y por el corredor biológico marino que de forma natural ya existe entre estos cuatro países”.

CMAR es una iniciativa regional de conservación y uso sostenible, con la adecuada gestión de la biodiversidad y recursos marinos costeros, a través de estrategias regionales gubernamentales conjuntas, respaldadas por la sociedad civil, organismos de cooperación internacional y no gubernamental.

Se consolidó en 2004 con la Declaración de San José (Costa Rica) enfocada en áreas marinas de cuatro naciones, todas protegidas o declaradas por la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, Cultura y Educación (Unesco) como Sitios de Patrimonio Mundial.

Sucre, también exconsejero regional y actual miembro de la Comisión de Áreas Protegidas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), es director regional de Wildlife Works y jefe de Conservación de la Reserva del Valle del Mamoní.

Luego de hacer un recorrido por lo logrado desde 2004, destacó que “entonces se trata de una resolución que si bien es muy breve, da un rayo de esperanza”.

Añadió que el documento firmado en Glasgow reafirma lo declarado en San José, que crea el mismo concepto de corredor, en un área caracterizada por tener el más alto nivel de endemismo de especies de peces, de corales y otras, “es decir, las especies que están en el Pacífico Oriental Tropical son altísimamente endémicas, es un conjunto insuperable de especies marinas que solo ocurren en este rincón del Pacífico y en ninguna otra parte del mundo”.

Manifestó que el epicentro de esa diversidad biológica endémica es Panamá, y subrayó que el corredor marino es muy importante, porque el equilibrio de todo ese ecosistema es regional. Ninguna de las reservas de los cuatro países, sola, es suficiente para proteger el balance total del ecosistema.

“Por ejemplo, los científicos piensan que es Coiba, cuando hay eventos de extinción y mortandad de corales por corrientes de agua fría en las Galápagos, la que le aporta larvas nuevas a Galápagos para repoblar sus corales. Es Coiba, a salvo de las corrientes frías, la que aporta nuevas larvas de coral a través de corrientes más cálidas que van hacia las Galápagos”, destacó Sucre.

Consideró que aunque no es la única, la gran amenaza contra estas reservas es la pesca indiscriminada, especialmente la industrial a gran escala.

Ya desde principios de siglo, cuando se impulsó elevar la protección del Parque Nacional Coiba a una ley de la República, se enfocó la protección del recurso pesquero, en una lucha que se extendió entre 2002 y 2004, cuando finalmente fue sancionada la ley; y luego en julio de 2005, cuando la Unesco lo declara Patrimonio de la Humanidad.

“Cuando Panamá aprobó la iniciativa que crea el Parque Nacional Coiba por ley en 2004, Ancon luchó en la Asamblea, incluso vencimos un veto presidencial. La ley pasó en 2002, fue vetada, y en 2004 logramos pasarla y esa ley incluyó un artículo que prohibía la pesca industrial en una gran parte del Pacífico panameño”, destacó Sucre.

Recordó que mucha gente pensó que eso era “un cují”, un artículo que no pertenecía a la ley, pero sí pertenece, porque fue el precursor del tipo de disposiciones que están casualmente indicadas tanto en el Acuerdo de San José como en la actual resolución firmada por Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá.

“Los gobiernos no dijeron que van a prohibir la pesca, pero están apuntando directamente a la pesca industrial, especialmente la de barcos extranjeros”, añadió Sucre al referirse a los permisos que se les otorga a flotas pesqueras de países como China, Japón y otros, que incluso pescan ilegalmente.

Hay pesca ilegal, con permisos otorgados de manera un poco irresponsable o abusando de la autorización obtenida, extrayendo más de lo establecido en aguas del corredor marino. Son barcos factorías, que sacan gran cantidad de especies, como el atún, las cuales procesan y enlatan, en una actividad que no genera casi ningún beneficio económico local, más allá del combustible que consumen en las terminales portuarias, “y empobrecen tremendamente los mares”, añadió Sucre.

“Abusan de una manera terrible con la cantidad de peces que extraen”, afectando especies como el atún, y depredadores clave como el tiburón; además de peces como el marlín, el pez espada y el pez vela, con potencial para impulsar la pesca deportiva con gran impacto turístico en las zonas costeras.

Sucre señaló que estas flotas pesqueras industriales amenazan tremendamente a todo este ecosistema, por lo que abogó por otras medidas dirigidas a protegerlo.

Consideró que la resolución contempla “una intención amplia y muy noble”, pero no habla de acciones concretas para frenar la pesca industrial, como la vigilancia en los mares, si van a aplicar manos dura contra las flotas de pesca industrial, o, cuando un barco entre a pescar ilegalmente presentar quejas formales en foros internacionales; o secuestrar a las naves que infrinjan la ley y aplicarles las respectivas multas.

La tarea no es fácil para los gobiernos, cuando los operativos se deben hacer en alta mar, muy lejos de tierra firme, con lanchas más pequeñas que podrían ser arrolladas por los grandes barcos pesqueros, añadió Sucre.

“Es un reto, es importante que los gobiernos hayan declarado la voluntad de enfrentarlo, es importante que abran un marco para pensar en regulación y manejo conjunto de la pesquería compartida, de dorado, de atún y de otras especies que se mueven regionalmente, incluso los tiburones, que están muy amenazados”, precisó

Añadió que el manejo integral con cuotas regionales ayudaría no solo a los pescadores locales con el manejo sustentable del recurso, sino que conservaría la diversidad y el patrimonio biológico, al garantizar especies que si bien no son comerciales, también son importantes para el equilibrio ecológico.

“Entonces, ahí estamos esperando ese momento en que se vayan manifestando las acciones, y creo que en un momento en que los temas ambientales se han enfocado tanto en el cambio climático, el CMAR nos recuerda que no es solamente acerca del clima, también de otros elementos de nuestra subsistencia como seres humanos y de nuestra prosperidad como economía”, precisó.

“La pesca es un renglón importante para los cuatro países, y depende del buen manejo del ecosistema y eso no se está dando; este corredor no es solo un paso para salvar las especies que importan y que son únicas para la humanidad y que esta generación no tiene derecho a quitárselas a los que vienen”, sostuvo Sucre.

Añadió que si bien esto es crucial, no es lo único, pues “también hay que garantizar el sustento para los próximos años a todas las comunidades pesqueras de nuestros países, y ese pan depende de que el ecosistema se maneje de manera sostenible y así haya pesca en adelante”.

Finalmente, Sucre adelantó que ya se trabaja para que la Unesco declare este corredor como una reserva cuatri nacional, iniciativa en la que tanto Panamá como Costa Rica tienen experiencia, pues comparten el Parque Internacional La Amistad, declarado Reserva de la Biosfera y Sitio de Patrimonio Mundial.

Panamá tiene experiencia manteniendo sitios de Patrimonio Mundial y Reserva de la Biosfera, incluso tratando de sacarlos de la lista de sitios en peligro de la Unesco, como sucedió con Coiba, Darién, Portobelo y San Lorenzo “porque no es solo un galardón, es una responsabilidad y una obligación que uno adquiere”.