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Mujeres y guerra: aumento de violencia y mortalidad en zonas de conflicto
- 26/10/2024 00:00
- 25/10/2024 19:02
El precio que pagan las mujeres por vivir en zonas en las que ocurren conflictos armados sigue siendo alto, determinó el último informe del Consejo de Seguridad con información del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, Las mujeres, la paz y la seguridad.
Este mismo documento concluye que la proporción de muerte femenina en conflictos armados se duplicó el año pasado en comparación con 2022, representando un 40 % de todas las muertes en guerra. También se registró un aumento del 50 % en casos de violencia sexual relacionados con estos conflictos a partir de los casos verificados por la ONU.
Por otro lado, cada día unas 500 mujeres y niñas en zonas de conflicto mueren por complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto. A finales de 2023, en la asolada Gaza, alrededor de 180 mujeres daban a luz diariamente, la mayoría sin acceso a los recursos básicos ni a la atención médica necesaria.
Sima Bahous, directora ejecutiva de ONU Mujeres, destaca que “las mujeres siguen pagando el precio de las guerras de los hombres”. Además, señala que “el ataque intencionado contra los derechos de las mujeres no es exclusivo de los países en conflicto, aunque en estos contextos resulta aún más devastador y mortal”.
De acuerdo con Amnistía Internacional, organización dedicada a la defensa de los derechos humanos, dentro del contexto de guerras armadas las mujeres y niñas son tratadas como un “botín” en muchas ocasiones.
Las agresiones de carácter físico y mental pueden dejar profundas cicatrices emocionales y físicas en las víctimas, a menudo imborrables.
Estos actos violentos también han sido usados como herramientas de limpieza étnica, como ocurrió en los años noventa en la antigua Yugoslavia, donde se documentaron violaciones sistemáticas y embarazos forzados.
La violencia sexual en conflictos armados —incluyendo violaciones y esclavitud sexual— constituye un crimen de guerra. Otro caso de genocidio es el perpetrado contra la comunidad yazidí por el autoproclamado Estado Islámico.
El 3 de agosto de 2014, este grupo lanzó una brutal ofensiva en Sinjar, Irak, ejecutando homicidios en masa, tortura, violencia sexual y esclavitud, que causaron la muerte de más de 5.000 personas y desplazaron a más de 400.000.
Los hombres y niños que no aceptaron convertirse al islam fueron ejecutados, mientras que otros, tras convertirse, fueron sometidos a trabajos forzados. Las mujeres y niñas, secuestradas y vendidas como esclavas, sufrieron abusos, tortura y violaciones.
En respuesta, el Parlamento iraquí aprobó en 2021 la Ley de Supervivientes Yazidíes, la cual establece un marco de reparación para las sobrevivientes de estos crímenes, con especial atención a las víctimas de violencia sexual y secuestro infantil.
Otro triste ejemplo de abuso y explotación sexual en tiempos de guerra lo representan las llamadas “mujeres consuelo,” unas 200,000 mujeres que fueron esclavizadas sexualmente por el Ejército japonés antes y durante la Segunda Guerra Mundial.
Fueron forzadas a trabajar en prostíbulos y sometidas a abusos diarios por soldados japoneses, en muchos casos durante años. Las que sobrevivieron enfrentaron décadas de silencio, temiendo el estigma y la marginación en sus comunidades.
El informe se publica casi 25 años después de que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara una resolución clave sobre mujeres, paz y seguridad. La Resolución 1325, publicada en 2000, reconocía el papel fundamental de las mujeres en la prevención y resolución de conflictos y urgía a las partes en conflicto a garantizar la seguridad de mujeres y niñas, promoviendo también su plena participación en los procesos de paz.
Sin embargo, a pesar de estos compromisos, en 2023 las mujeres constituían menos del 10 % de los negociadores en más de 50 procesos de paz globales. Esto ocurre a pesar de la evidencia que indica que la inclusión de mujeres mejora la durabilidad y aplicación de los acuerdos de paz.
Además, el informe propone ocho recomendaciones para fortalecer el papel de la mujer en los ámbitos de paz y seguridad. Entre estas medidas se incluye el establecimiento de un objetivo inicial para que al menos un tercio de los participantes en procesos de mediación y paz sean mujeres, con el propósito de alcanzar eventualmente la paridad de género.
Concluye que solo a través de acciones políticas audaces y un incremento en la financiación será posible asegurar una participación igualitaria y significativa de las mujeres en temas de paz y seguridad, un elemento fundamental para alcanzar una paz sostenible.