La violencia digital: Un reto invisible en la era tecnológica

¿Qué es la violencia digital? La violencia digital se refiere al uso de plataformas digitales, redes sociales, aplicaciones de mensajería y otras herramientas tecnológicas, para ejercer control, manipulación, agresión o acoso hacia otra persona. Se puede manifestar de muchas formas, como el ciberacoso, la difusión no consentida de contenido privado, el stalking digital (término que se refiere al trastorno que padece una persona, que lo incita a espiar a otra), la manipulación psicológica en línea o el uso de tecnologías para controlar o monitorizar a alguien sin su consentimiento.

La violencia digital es una forma de abuso que ha emergido con fuerza en la era de la tecnología, afectando a millones de personas en todo el mundo. Afecta principalmente a niños, adolescentes y mujeres. Es esencial reconocer y abordar esta problemática para crear un espacio digital más seguro para todos.

La violencia digital obstaculiza el acceso seguro a las comunicaciones e información digital. Limita el pleno ejercicio de los Derechos Humanos y tiene consecuencias psicológicas, emocionales y sociales para las víctimas. Por ejemplo, una persona toma fotos de una joven en redes sociales y las modifica con inteligencia artificial, haciendo un video de contenido sexual. Luego publica las imágenes, etiquetando a la chica. Sus compañeros de trabajo y “amigos” comienzan a difundir los videos, sin saber que son falsos. Ella sufre acoso laboral y se ve aislada socialmente. Cuando denuncia el video, las plataformas tardan semanas en actuar, pero los videos siguen circulando, dañando su reputación.

La violencia digital tiene serias consecuencias para las víctimas, que pueden sufrir una amplia variedad de consecuencias psicológicas, sociales y emocionales, tales como: ansiedad y depresión, baja autoestima, aislamiento social, miedo y estrés constante, daño a la reputación personal o profesional y pueden llegar hasta tener ideas suicidas.

En muchos países, la legislación ya contempla el delito de ciberacoso o delitos informáticos, por lo que las autoridades tienen la obligación de investigar los casos y, si es necesario, presentar cargos. En algunos países de América Latina, como México y Argentina, se han implementado leyes específicas para sancionar la difusión no consentida de imágenes íntimas (conocido como “sexting sin consentimiento”), lo que ofrece un recurso legal adicional para las víctimas.

En Panamá la legislación panameña no posee leyes concretas y puntualizadas que cubren estas situaciones, dando paso a que la violencia digital siga dándose en diferentes plataformas sin ser sancionada. Por ello, el ex procurador Caraballo presentó el proyecto de Ley 61 en 2024, que establece medidas para enfrentar estos delitos en el ámbito digital. Sus objetivos incluyen la protección de los datos personales, el castigo a quienes cometan ciberacoso y suplantación de identidad, y la regulación del acceso a datos en investigaciones de ciberdelitos.

Esta ley todavía no incluye a todos los otros grupos que están en situación de vulnerabilidad con respecto a sus derechos humanos, como a las personas con discapacidad, a la mujer indígena y la comunidad LGBT+. Aunque es un paso adelante, todavía estamos atrasados en comparación con muchos otros países. Según un estudio realizado en Centroamérica en 2021 por IPANDETEC y Centro LATAM Digital, Panamá ocupa el segundo lugar, después de El Salvador, donde se presentan más casos de violencia digital.

La ley fue aprobada en tercer debate el 10 de octubre de 2024 por la Asamblea Nacional, pero el presidente José Raúl Mulino, la vetó parcialmente. Objetó los artículos 3, 7, 12 y 16 por considerarlos inconvenientes e inexequibles. El artículo 3 (Difusión de contenido íntimo sin consentimiento), porque el Ejecutivo consideró que este tipo de delitos “no afecta la intimidad de la persona, sino su dignidad, decoro u honor, lo cual tiene implicaciones legales distintas.” El artículo 7, (Suplantación de identidad) porque se consideró que el tipo penal ya existe por modalidad de estafa agravada. El artículo 12 (Programas informáticos maliciosos), porque violaría el principio de presunción de inocencia y podría criminalizar actividades legítimas. Finalmente, se consideró que el artículo 16 (Conservación y revelación de datos) vulnera el principio de debido proceso y podría ser inconstitucional.

Uno de los principales desafíos frente a la violencia digital es la falta de denuncia por parte de las víctimas. Ya sea por vergüenza, miedo a las represalias, o la sensación de que las plataformas no tomarán medidas efectivas, muchas personas se quedan en silencio, lo que perpetúa el ciclo de abuso. Sin embargo, denunciar los abusos no solo es una forma de buscar justicia, sino también una manera de generar conciencia y promover un cambio en la cultura digital.

La violencia digital es una amenaza que no puede ser ignorada, y requiere una respuesta colectiva y multidisciplinaria. Desde la educación hasta el fortalecimiento de la legislación y la creación de espacios seguros en línea, todos tenemos un papel en la lucha contra este fenómeno. Es fundamental actuar de manera proactiva para proteger a quienes son vulnerables y fomentar una cultura de respeto y empatía en el mundo digital.