La informalidad: indicador de marginación de la periferia rural y urbana

En Panamá, la informalidad es un fenómeno que divide en dos el territorio y a la clase trabajadora. Las garantías laborables que brinda el sistema de seguridad social, como el acceso a la atención de salud y las pensiones a la edad de retiro, son beneficios a los cuales el 52% (2.142.321 habitantes), de la población no tiene acceso, ya sea vía directa, como afiliado, o indirecta, como beneficiario, según datos del censo de población de 2023.

La informalidad es producto de los procesos de industrialización de mediados de la década de 1950, cuando Latinoamérica experimentó un cambio productivo del sector agrario a uno urbano-industrial, lo que generó un aumento del empleo formal. Sin embargo, este crecimiento no fue suficiente para absorber a toda la fuerza laboral, especialmente a la población migrante-agrícola que se incorporó a las ciudades, la cual se vio relegada a trabajos informales de baja productividad. Esta dinámica se explica por la incapacidad del sector formal para absorber y capacitar a toda la mano de obra disponible.

Esta afirmación, planteada en la publicación Informalidad laboral en América Latina: propuesta metodológica para su identificación a nivel subnacional, (Cepal, 2022), describe con claridad dos situaciones que se reflejan en las estadísticas nacionales. La alta informalidad registrada en los trabajadores agropecuarios en las áreas rurales del país, y la creación de grandes espacios de informalidad en las ciudades.

Los datos del censo de población y vivienda, sobre la población sin seguro social en Panamá en 2023, muestran que la exclusión del seguro social es un problema generalizado en los corregimientos urbanos del país, donde en ningún corregimiento baja del 25% de población sin cobertura, llegando incluso al 50% en algunos casos.

La situación en las áreas rurales es aún más crítica, con porcentajes de exclusión que superan el 70% y que en muchos corregimientos alcanzan niveles alarmantes de más del 90%, especialmente en las comarcas indígenas. Esto evidencia una profunda desigualdad en el acceso a la seguridad social entre las zonas rurales y urbanas, y entre las periferias y los centros urbanos del país.

Al revisar la distribución de población sin seguro social en Panamá en 2023, de acuerdo con la demografía, se revela una preocupante tendencia en forma de “U” invertida, con los mayores porcentajes de exclusión concentrados en los grupos de edad más jóvenes (15-34 años, 63%) y en los adultos mayores (65 años o más, 24%).

Por otra parte, los datos, según grupos de ingresos mensual de la población, revelan que el 58% de la población con ingresos menores a B/400,00 mensuales, no tiene seguro social. A partir de los B/400,00 y hasta B/1.999,00 el porcentaje de no asegurados se reduce al 35%, siendo estos los que en gran medida sostienen el sistema. En los rangos de ingreso de B/2.000,00 o más al mes, la población sin seguro social tiende a aumentar, llegando en su conjunto al 28%, y abarcando a más de 28 mil personas.

En lo que respecta al análisis, según las actividades económicas, se identifica que las actividades con mayor porcentaje de personas sin seguro social son la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (81%), los empleadores de personal doméstico (70,5%), y la construcción (66%).

La informalidad, según el reporte Informalidad: escape y exclusión (Banco Mundial, 2007), está relacionada, “con la imposibilidad del sistema capitalista de absorber la población excedente del mercado laboral, así como con la desconfianza, debilidad institucional e incumplimiento de las normas establecidas dentro del sistema formal”. De esta forma, existiría un grupo de población, pobre y excluido del sistema, y otro grupo de ingresos más altos, que optaría por “salir” del sistema de seguridad social, como una decisión calculada y basada en los pocos beneficios que este ofrece.

James Robinson, uno de los economistas ganadores del Premio Nobel 2024, señala en su artículo La miseria en Colombia (2016), que “la raíz de este problema se encuentra relacionada con las estructuras extractivistas y la falta de credibilidad de las instituciones. Las regiones que tienen instituciones económicas “extractivas” que no crean incentivos de base amplia ni oportunidades para las personas, crearán pobreza. Tener un Estado capaz y efectivo es un prerrequisito para el desarrollo económico y la reducción de la pobreza”.

Todos estos argumentos nos llevan a pensar que la informalidad que ha afectado a más del 45% de la población persistentemente, durante casi todo lo que va del siglo XXI, no puede seguir siendo un problema desatendido. Estas cifras resaltan la necesidad de ajustar no solo las variables financieras y “paramétricas” del manejo de la CSS, sino también los elementos estructurales sobre los cuales se ha cimentado el funcionamiento económico y territorial del país desde, al menos, la década de 1970.

Estos elementos estructurales serían la hiperconcentración sectorial y geográfica de la actividad económica. Los datos del censo de establecimientos de 2012 muestran como el 60% de las empresas, el 91% de los salarios pagados y 93,5% de los ingresos empresariales se encuentren concentrados en el corredor transístmico. Por el lado sectorial, vemos como el 67% del PIB se concentra en el sector de servicios, relegando a otros sectores como el agrícola a una baja inversión y productividad.

La no inclusión de sectores como la agricultura y el trabajo doméstico no remunerado de las estadísticas de informalidad distorsiona la realidad laboral panameña al no visibilizar las externalidades negativas que se generan a partir de la falta de acceso a la seguridad social, como lo son, la falta de protecciones laborales en momentos de enfermedad, invalidez o maternidad o de recibir un salario y una pensión digna.

Para ampliar la base de afiliados al sistema de seguridad social, se requiere implementar políticas públicas que promuevan la formalización laboral tanto en las áreas rurales como informales urbanas, a través del fomento del cooperativismo, la creación de espacios públicos para emprendimientos y la implementación de modelos innovadores de seguros de salud y pensiones, que atiendan las realidades de grupos diversos en cuanto a niveles de ingresos y actividades económicas que realizan.

Finalmente, es necesario establecer mecanismos para aumentar los salarios de quienes perciben menos de B/636.80 mensuales, - valor de la canasta básica-, garantizando así condiciones de vida dignas y la posibilidad de un excedente que les permita ser parte del sistema de seguridad social. Este elemento es fundamental, sobre todo cuando afecta a grupos considerables de población trabajadora en sectores como la agricultura, la construcción y el trabajo doméstico. De la adopción de este tipo de políticas dependerá en gran medida la sostenibilidad futura del sistema de seguridad social.

Para más gráficos e información sobre este tema visita: https://metromapas.net/