Fiscalía acusa por concusión al presidente de Costa Rica por caso de fondos del BCIE

La Fiscalía General de Costa Rica presentó este lunes 7 de abril una acusación contra el presidente del país, Rodrigo Chaves, por presunta concusión (un delito contra los deberes de la función pública), relacionado con la contratación de servicios de comunicación para el Gobierno con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

“Este delito sanciona con penas de 2 a 8 años al funcionario público que, abusando de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o beneficio patrimonial”, explicó la Fiscalía General en un comunicado.

La acusación fue presentada este lunes por el fiscal general, Carlo Díaz, ante la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia, que deberá analizarla y decidir, en un plazo no determinado, si traslada el asunto al Congreso para que discuta el levantamiento de la inmunidad del mandatario.

La Fiscalía General explicó que investigó “la contratación aparentemente a la medida para la empresa RMC La Productora S.A., con el fin de que esta prestara servicios de comunicación, mercadeo, consultoría estratégica, producción de mensajes y análisis de tendencia de opinión para la Presidencia de la República de Costa Rica, correspondiente al período 2022-2026”.

La acusación también involucra al actual ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, quien para el momento de los hechos investigados se desempeñaba como Jefe de Despacho del presidente Chaves, y Federico Cruz, quien fue asesor de campaña electoral y personal del presidente, y además se ha identificado como amigo del mandatario.

El caso se refiere a aparentes irregularidades en la contratación de la empresa de comunicación RMC La Productora, propiedad de Cristian Bulgarelli, quien habría sido la persona que redactó los requisitos de contratación del concurso que realizó el BCIE para la adjudicación por unos 405.000 dólares en 2022.

“Previo al proceso de contratación, los funcionarios mantuvieron contacto y varias reuniones en Casa Presidencial, donde instruyeron a Bulgarelli para que él mismo elabora los términos de referencia de su contrato”, detalló la Fiscalía General.

La tesis de la Fiscalía también indica que Bulgarelli fue obligado e inducido a que le otorgara un beneficio “patrimonial indebido producto de la contratación con el BCIE” al imputado Federico Cruz Saravanja, a quien “se le benefició con 32.000 dólares”.

A Cruz se le sigue una causa penal aparte al no tratarse de un funcionario de los supremos poderes.

La Fiscalía explicó que otorgó a Bulgarelli un criterio de oportunidad, mediante el cual se suspende la persecución penal en su contra y él “se compromete a colaborar eficazmente con el proceso penal, para esclarecer el hecho investigado y proporcionar información útil para probar la participación de los imputados”.

“En caso de que la colaboración de Bulgarelli no llegue a ser eficiente para los intereses del Ministerio Público, se continuará con la persecución penal en su contra”, afirmó la Fiscalía.

En junio de 2024 el BCIE informó que sancionó con un veto de siete años a Bulgarelli y la empresa por “la comisión de las prácticas prohibidas de fraude y colusión”, pues “el proveedor aceptó públicamente haber elaborado los términos de referencia del proceso en coordinación y acuerdo con ex funcionaria del Ministerio de Comunicación de la República de Costa Rica”.

El caso salió a la luz pública en diciembre de 2023 cuando el diario La Nación realizó una serie de publicaciones basadas en audios que le facilitó la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, quien ejerció ese cargo por cuatro meses desde el inicio del Gobierno del presidente, Rodrigo Chaves, en mayo de 2022.

La exministra Navarro dijo que grabó los audios para documentar “hechos que podrían ir contra la ley o la ética” y que los suministró a ese diario para “hacer lo correcto”.

Según el Gobierno, fue la exministra Navarro la responsable de la contratación.

El Gobierno presentó una denuncia penal contra Navarro y también contra el diario La Nación por la divulgación de los audios, pues los considera ilegales.