La tortura, persiste en todas las regiones del mundo

La Organización de las Naciones Unidas define la tortura como cualquier acto en que un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia, inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación.

La tortura destruye la personalidad de la víctima y desprecia la dignidad intrínseca de todo ser humano. A pesar de la prohibición absoluta de la tortura según el derecho internacional, este crimen persiste en todas las regiones del mundo. Las preocupaciones sobre la protección de la seguridad nacional y las fronteras se utilizan cada vez más para permitir la tortura y otras formas de trato cruel, degradante e inhumano. Sus consecuencias generalizadas a menudo van más allá del acto aislado sobre un individuo, ya que puede transmitirse de generación en generación y conducir a ciclos de violencia, menciona el organismo internacional.

En 1997 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama el 26 de junio como Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, con un único objetivo: la erradicación total de la tortura.

Esta fecha es una oportunidad para pedir a todos los interesados, los Estados Miembros de las Naciones Unidas, la sociedad civil y los particulares, que se unan en apoyo de los cientos de miles de personas que en el mundo entero han sido víctimas de torturas o que todavía hoy son torturadas.

En este sentido, Panamá, desde marzo de 2019, fue excluida de la lista de países que incumplen con la obligación del Protocolo Facultativo a Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de establecer un Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura (MNPT), según menciona la web oficial del Ministerio de Gobierno (Mingob).

Esta decisión se sustenta en que a partir de septiembre de 2018 el país puso en funcionamiento el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el cual cuenta con un Presupuesto General del Estado aprobado para la vigencia fiscal del año 2019, y con un Proyecto Cooperación para el Fortalecimiento de su Implementación dotado por Cancillería, con el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la asistencia técnica de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos para América Central, señala la institución gubernamental.

Según el Mingob Panamá cumplió con este objetivo al promulgar la Ley Nº 6 del 22 de febrero de 2017 que crea el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura en Panamá, con el que se busca garantizar el respeto a los derechos humanos de todas las personas y muy especialmente de los y las privadas de libertad que se encuentran bajo la tutela del Sistema Penitenciario y del Instituto de Estudios Interdisciplinarios, ambos adscritos al Mingob.

Los defensores del derecho a no ser torturado

Hoy en día, activistas de todo el mundo arriesgan sus vidas para documentar abusos y difundir rápidamente pruebas en las redes sociales. Pero lo que se hace con la información depende de la voluntad política. "El problema no es la falta de alerta temprana", dice Pierre Sané, de Senegal, ex jefe de Amnistía Internacional, el problema es "la falta de acción temprana".

Aun así, la ONU considera que el monitoreo regular de los lugares de detención por parte de mecanismos independientes de supervisión internos y externos es uno de los métodos más efectivos para prevenir la tortura. El estatus internacional de los derechos humanos significa que el comportamiento de los Estados y las personas ya no se rige únicamente por las normas nacionales. Los tratados contra la tortura, de órganos universales y regionales, (así como contra el genocidio y las desapariciones forzadas) han prevalecido sobre los argumentos de que ciertas personas gozan de inmunidad internacional frente al enjuiciamiento, describe la ONU.

Según el principio conocido como "jurisdicción universal", las personas sospechosas de los crímenes internacionales más graves, incluida la tortura, pueden ser arrestadas, juzgadas y condenadas en países distintos al suyo.