Escasez del agua: colonialidad o soberanía de los pueblos

La problemática del agua vista para muchos como un problema meramente ecológico que repercute en la disponibilidad de este líquido de incuestionable importancia vital; en realidad y gracias al conocimiento aportado desde las Ciencias Sociales, supone e implica procesos que se entrelazan entre los metabolismos naturales y los sociales, con preminencia de estos últimos en la orientación y sentido seguido por los primeros. De aquí, que la cuestión de la escasez del agua tiene que ver más con procesos de contradicciones experimentadas en la sociedad, en todas sus dimensiones o niveles (económico, político e ideológico) que como un simple e imparcial resultado de fenómenos naturales.

Las instituciones del sistema de Naciones Unidas-particularmente OMS y FAO-hacen mucha mención del fenómeno de lo que llaman “estrés hídrico” para hacer referencia a la situación que se da cuando “la demanda de agua es más alta que la cantidad disponible” (https://www.bbva.com/es/sostenibilidad/). Como la mayoría de sus conceptos, se trata de otro término más cuya definición oculta los procesos y estructuras de la sociedad que lo generan, más allá de los ciclos naturales.

Los tecnócratas globales dedicados a seguir la pista de estos “estrés hídricos”, advierten que en nuestro continente hay al menos tres de los 13 países con mayor riesgo de quedarse sin agua en algún tiempo no muy lejano. Aquí se menciona a Perú (a pesar de su lago Titicaca), con todo y sus amplias costas en el Pacífico, 800 mil personas tienen acceso a agua de deplorable calidad: 19 de cada 20 personas de las áreas rurales no tienen acceso a agua potable. Se incluye también a México, la causa, se dice, son las sequías producto del cambio climático. El tercer país mencionado es Chile, aquí, se habla de que el 55% de las comunas rurales no cuenta con la disponibilidad de este líquido (DW Documental, 2022).

En realidad, el problema de la escasez del agua se manifiesta en casi todo el planeta, sufriéndolo cada vez más gente, que las lleva a incurrir en protestas masivas, contra los Estados u organismos competentes, como reacción a este suceso. Efectivamente, de 1900 a 1957, se escenificaron 27 conflictos por el agua; de 1950 al año 2000, fueron 159 y del año 2000 al 2022, se registraron 1059 conflictos de esta índole. (UNAM, 2023).

Ciertamente, el asunto centrado en la escasez del agua tiene que ver con la forma como la sociedad, sus estructuras de producción, sus estructuras normativas y valorativas, intervienen en el ciclo del agua, tanto como en la jerarquización de sus usos. Esto es, quiénes pueden ejercer en mayor medida el acceso al agua y quiénes en menos medida.

En Chile, el 90% de la demanda de agua proviene de las actividades productivas (DW Documental, 2022. La lucha por el agua), lo cual plantea una contradicción en el uso del agua, generalizada en todos los países con economías extractivistas mineras y agrarias de monocultivos (sea Chile, Perú o México, tanto como Brasil, Ecuador o República Dominicana) a saber, la antinomia entre su “Consumo humano vs Consumo minero y agrario industrial del gran capital privado”. Si se miran zonas turísticas de exportación, controladas por el gran capital internacional en la mayoría de los casos, el escenario social y de poder, también es el mismo.

En Guatemala, la falta de planificación en la distribución-institucionalidad que se hace cómplice de la privatización de servicios, impide reducir la contaminación y la escasez de la dotación de este bien en todo el país. Realmente, lo que sucede en Guatemala, en cuanto formas abiertas o veladas de gestiones privatizadas de los servicios del agua, son lugares comunes en casi toda Latinoamérica y el Caribe.

En el caso panameño, la contradicción entre los tipos de uso y, por tanto, quiénes acceden a tales usos, es atizada por los grupos de intereses corporativos internacionales minero-financieros y de sectores de las élites económicas criollas que aspiran a beneficiarse con alguna porción de los servicios y con las pocas ventas de bienes que pueden ofrecer a esta actividad extractivista.

Si se compara el aporte económico de la mina de Donoso—por ahora cerrada por la agitación popular anti minera del año pasado—, al presupuesto gubernamental, de acuerdo al consumo del agua dulce, con el aporte ofrecido por la empresa estatal Canal de Panamá (ACP), en atención al consumo del agua de esta, se observa una diferencia sustancial que no sustenta el uso dispendioso del agua de dicha actividad mega minera.

Así, en el 2018, mientras los requerimientos por agua dulce para las operaciones de la ACP muestran ser muy similares a los de la minera en cuestión, los aportes directos de esta al fisco gubernamental –de entrar a operar esta actividad minera—,serían cuatro veces y media (4.5) menores que lo que aportaba la empresa canalera ese año, lo cual al cabo del año pasado esta diferencia aumentaría aún más (Gráfica 1).

Por otro lado, el alto consumo de agua dulce que requiere esta minera, en la zona donde se encuentra, vendría a conspirar contra el volumen de agua existente en la cuenca en la cual se asienta su concesión, razón por la cual, a mediano plazo, vendría a disputarle a la ACP las fuentes que esta proyecta poner al servicio de sus operaciones, a saber, Río Indio. Con lo cual, se añade una contradicción adicional—de soberanía vs sometimiento colonial—, que al parecer ni la ACP ni el gobierno actual tienen previstas sus salidas de superación.

Por tanto, escasez—sea de fuentes de agua, sea de la dotación efectiva de esta—, es aquí sinónimo de inequidad social y esta inequidad, no es más que una resultante de formas de organización de la sociedad fundamentadas en las mismas divisiones clasistas y racializadas que se forjaron en la etapa colonial y de enclaves, donde había, como hoy, grupos con derechos y otros sin derechos o con menos derechos, que los que controlan los mecanismos del poder y el saber en nuestras sociedades.

Aquí, la problemática del agua está planteada no tanto como un problema de escasez por el calentamiento global o por razones técnicas de “mala administración”; sino por profundas razones de orden social y político, incluida aquí las de orden geopolítico. Donde la posesión de las fuentes de agua para la explotación de los minerales requeridos por las potencias económicas para sus tecnologías de dominación global se convierte en prioridad de “seguridad nacional”, solo que a costa de la soberanía de nuestros pueblos sobre el agua, con lo cual terminan ampliando su escasez.

El autor es Sociólogo. Docente e investigador de la Universidad de Panamá