Derechos humanos y políticas públicas afropanameñas

El Estado ha demostrado voluntad política para la población afropanameña, no obstante, no lo suficiente; se requiere abordar el tema desde la matriz de desigualdades para acelerar la reparación histórica de las personas afrodescendientes.

Este articulo aborda en un primer momento el recorrido histórico en derechos humanos de la población afrodescendiente y cierra con los logros de las políticas públicas en Panamá sobre el movimiento afrodescendiente.

A lo largo de la historia, evocar a la esclavitud es recordar un sistema violatorio de derechos humanos con consecuencias complejas directas e indirectas evidentes hasta nuestros días. Este fenómeno incesante que degradó a las personas racializadas a la categoría de mercancía significó dinero, poder y auge económico en menoscabo de la dignidad humana de muchas y muchos afrodescendientes.

Las organizaciones afrodescendientes iniciaron un proceso de demandas legítimas que tomaron mayor fuerza, producto del aumento de los discursos discriminadores, el racismo y sus vejámenes que se fueron inclaustrando en las esferas sociales, culturales, económicas y políticas a nivel mundial.

La imperiosa necesidad a nivel internacional de que los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas puedan tener un mínimo de acuerdos, estableció la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En el caso de la población afropanameña, su lucha por el reconocimiento y la justicia comenzó muchos años antes de la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CERD) de 1965, ratificada por Panamá el 16 de agosto de 1997, donde se expresa que “los Estados miembros promueven y fomentan el respeto universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos, sin distinción de raza, sexo, idioma o religión”.

Al ingresar el siglo XXI se establecieron una serie de “Objetivos del Milenio” en septiembre del 2000, fijándose 8 compromisos que debían cumplirse en el 2015, basados en “erradicar la pobreza extrema y el hambre”, por ejemplo. En el 2001, a nivel mundial, se marcó un hito para la lucha contra el racismo en Durban (Sudáfrica) en la “Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia”. Se trazó una hoja de ruta para el accionar de las organizaciones afrodescendientes en las demandas al Estado y el accionar de los demás actores a partir de 2002.

Tres años después, las Naciones Unidas nombró un relator especial considerado para temas de las minorías; sin embargo, los afrodescendientes somos mayoría. Para 2007 se comenzó a elaborar normas complementarias para el reconocimiento de la población afro.

El 2009, un año cargado de tensiones, por el reporte que harían los Estados respecto a Durban y el establecimiento de las reglas de Nelson Mandela en virtud de sus 27 años en prisión. Se buscó promover condiciones de encarcelamiento dignas, y se declaró el 18 de julio Día Internacional de Mandela.

A una década de la Declaración de Durban, se definió el 2011 el Año Internacional de los Afrodescendientes. Para 2013, el Consenso de Montevideo, en la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, se propuso la plena inclusión de los pueblos indígenas, las poblaciones afrodescendientes en la implementación de la Agenda 2030, y se habló de la importancia de la inclusión transversal de mujeres indígenas y afrodescendientes en otros capítulos del Consenso (en especial, los referentes sobre niñez y juventud, igualdad de género, desigualdades territoriales).

En el 2015 se estableció que, hasta el 2024, sería el primer decenio internacional de los afrodescendientes con tres objetivos fundamentales: el reconocimiento, el desarrollo y la justicia. Con respecto a la producción científica, en el 2016 el Grupo de Trabajo CLACSO “Afrodescendencias y propuestas contrahegemónicas”, despegó con un proceso de formación y difusión de conocimientos en el campo de estudios afrodescendientes.

Para 2020 se creó el informe detallado sobre el racismo sistémico, las violaciones del derecho internacional de derechos humanos cometidas por agentes del orden contra africanos y afrodescendientes.

El detalle de estos acontecimientos quedó plasmado en la infografía realizada por el Observatorio Afrodescendiente Internacional (OAI) en la Recomendación General 36 del CERD: Una herramienta para combatir la violencia policial, en particular, el perfilamiento racial y el sesgo algorítmico.

En el año 2021 se estableció el Primer Día Internacional de los Afrodescendientes, el 31 de agosto, se dejó sentado el Foro Permanente sobre los Afrodescendientes y el vigésimo aniversario de la Declaración y el Programa de Acción de Durban.

El 5 de julio de 2023 se instaló el grupo de trabajo sobre la población afrodescendiente de la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Continente Americano (Rindhca), vista como la minoría más invisibilizada en América Latina, sumergida en pobreza y desigualdad.

Un breve recorrido histórico producto de la lucha de los ancestros/as por más de quinientos años, sin ningún tipo de regalo o dadiva, sino de resistencia y tenacidad en busca de reparaciones.

Históricamente hemos observado la compleja relación entre la sociedad civil y el Estado, las organizaciones afropanameñas se han distinguido por una verdadera constancia en la disputa de sus derechos, lo cual permite cambios por estar inmersos en esferas institucionales. Como logros alcanzados podemos mencionar: la Ley 9 de 30 de mayo de 2000, Día Nacional de la Etnia Negra; la Ley 16 de 10 de abril de 2002 que regula el derecho de admisión en los establecimientos públicos y dicta medidas para prevenir la discriminación; la Ley 11 de 2005 que prohíbe la discriminación laboral.

Para el año 2010 se incluyó la identificación étnico-racial en el censo de población. En el 2016 se instauró la Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afropanameños (Senadap), adscrita al Ministerio de Desarrollo Social; posteriormente se creó la Ley 7 de 14 de febrero de 2018 que adoptó medidas para prevenir, prohibir y sancionar actos discriminatorios y dicta otras disposiciones.

Desde 2019 hasta 2023, ha significado para el movimiento un recorrido importante de direcciones, secretarías, oficinas y aprobaciones legislativas: un ejemplo es la Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo para los Afropanameños a través de la Ley 379 del 26 de mayo de 2023, como entidad autónoma del Estado. Lo más emblemático hasta el momento es conocer que el 31,7 % de la población se autoidentifica como afrodescendiente según el Censo Nacional de Población y Vivienda.

La apuesta por el reconocimiento de los afrodescendientes rompe con la estructura de sistemas diseñados por la esclavitud al desmontar de la esfera educativa los currículos colonizados, la mano de obra de los negros y negras para la construcción de espacios públicos, la defensa por los territorios, el legado ancestral imperantes para enmendar años de violencia y discriminación con la finalidad de no repetición y destinar recursos para el desarrollo y justicia, son una de las tareas pendientes.

Aunque en este momento histórico no se ha observado tanto conflicto entre las organizaciones afropanameña y el Estado, parece que las negociaciones se han realizado amablemente, desde el consenso, confiando en las características de los derechos humanos, bajo las bases de la imprescriptibilidad, la universalidad, en la interdependencia y en la igualdad y no discriminación, entendido este como el más importante por tener doble carácter rector en la base de los derechos humanos.

El cambio transformador en favor de la justicia y la igualdad racial de los africanos y afrodescendientes no será una tarea fácil; los mecanismos de denuncias son muy pocos en el caso de Panamá. Hablar de una reparación histórica nos parece utópica quizás, nos tomaría décadas, pero es un nuevo desafío en materia de políticas públicas.

La autora es socióloga y defensora de derechos humanos.