Una perspectiva histórico política sobre conflictos entre indígenas y campesinos en Panamá occidental

En medio de la profunda crisis que vive nuestro país, afloran las conflictividades que subyacen bajo la superficie de un país aparentemente tranquilo, pacífico y conciliador. Para muchas personas en las ciudades resulta inexplicable la tozudez de las protestas indígenas en Panamá Occidental (Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas); y en especial el cierre continuo de vías de importancia vital para los servicios de salud, comercio, transporte y alimentación para todo el país.

Pocas personas advierten que esta inflexibilidad ha sido el triste resultado de un proceso histórico en el que se ha alimentado la desconfianza, y en el que la violencia ha estado presente por generaciones. En su obra Conquista, Evangelización y Resistencia, el historiado Alfredo Castillero Calvo (1994) retrata la explotación, sometimiento y antagonismo que prevaleció entre la población indígena y la no indígena durante los tres siglos del periodo colonial (1510-1821). No ha sido fácil borrar las huellas, los prejuicios y los resentimientos acumulados entre las personas indígenas que sobrevivieron la Conquista y los también descendientes de europeos que hoy día conviven muy de cerca con ellos en el occidente del país. Allí cobra especial importancia el asunto de la posesión y uso de la tierra; y las relaciones de dependencia que se generan de la necesidad de mano de obra, por los no indígenas, y de ingresos monetarios para cubrir diversas necesidades por el otro lado.

Con la separación de Panamá de España en 1821 y su posterior independencia de Colombia en 1903; hubiéramos pensado que se lograrían superar los conflictos relacionados con el dominio de la tierra en Panamá Occidental, olvidando quizás que esa lucha sustentaba en esencia la insurrección indígena encabezada por Victoriano Lorenzo durante la Guerra de los Mil Días (1899-1902). Luego del ajusticiamiento de este extraordinario dirigente, a escasos meses del 3 de noviembre de 1903; el naciente Estado Panameño intentó solucionar la cuestión pendiente de las tierras indígenas; por ejemplo, con la creación de la Reserva Indígena de Toabré (1914) y la Circunscripción de San Blas (1915). En este último caso, las imposiciones del Gobierno de Panamá terminaron en la cruenta Revolución Tule de 1925 descrita con detalle en la obra A People Who Would not Kneel de James Howe (1998). Trece años después, el Estado de Panamá accedió a reconocer la condición de Guna Yala como comarca indígena, aceptando después de seis décadas lo que había sido acordado con los Estados Unidos de Colombia en 1870.

La experiencia de Guna Yala sugería a los pueblos Ngäbe y Bugle que la movilización representaba la única alternativa para lograr el reconocimiento de su derecho a la tierra y a la autodeterminación. Con la expansión de la frontera agrícola y el avance de infraestructuras públicas como la Carretera Interamericana durante los años 1950s y 1960s; se exacerbó la conflictividad asociada a las tierras indígenas en Panamá Occidental, surgiendo diversos movimientos de reivindicación territorial y afirmación cultural como ha sido documentado por los académicos Phil Young, Jorge Sarsanedas y Francisco Herrera. Incluso antes del inicio de la dictadura militar en 1968; estos movimientos tuvieron que enfrentar la incomprensión, la indiferencia y hasta la represión de las instituciones estatales, aunque sus reclamos estaban sustentados por la ocupación de la tierra y la permanencia de sus formas culturales. La posición de sus vecinos no indígenas en Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas oscilaba en ocasiones entre la solidaridad, la abierta oposición y la competencia por el control de áreas para la agricultura y ganadería en base a la persistencia de nociones de superioridad cultural arraigadas en el pasado colonial - por ejemplo, el uso persistente del término dialecto incluso en las escuelas públicas para referirse a idiomas en plenitud como el Ngäbere y el Buglere negando de esta manera su riqueza cultural y su propia forma de pensar.

Paradójicamente, el General Omar Torrijos Herrera se manifestó públicamente en apoyo de los reclamos territoriales indígenas de Panamá Occidental (Naso, Ngäbe y Bugle), aunque desde aquel entonces se interponían como obstáculo en las negociaciones los intereses gubernamentales por explotar los abundantes yacimientos minerales y recursos hídricos de las tierras que eran reclamadas por estos pueblos. Como fuera documentado por Chris Gjording en su obra Conditions Not of their Choosing (1991), la cuestión de la mina de Cerro Colorado impidió lograr acuerdos para la creación de la Comarca Ngäbe-Bugle antes de la invasión estadounidense; lo cual sólo pudo lograrse en democracia durante la administración de Pérez Balladares, y luego de dos marchas indígenas a la Ciudad de Panamá en 1983 y 1996.

Aunque muchos líderes políticos y sociales quizás pensarían que la creación de la Comarca abriría las puertas para la conversión de estas tierras en minas a cielo abierto y represas hidroeléctricas; los resultados de mi investigación de doctorado mostraron que estas propuestas de desarrollo no gozaban del respaldo mayoritario de la población Ngäbe como quedó en evidencia en el X Congreso General Ngäbe-Bugle en la comunidad de Kwerima en la región Nedri en 2006. En aquel momento los congresistas optaron por favorecer a candidatos que se opusieran explícitamente a la minería y a las hidroeléctricas, una posición que mantendrían con consistencia durante el campamento de protesta en la Plaza Catedral en 2008 y en la marcha que organizaron hacia la Ciudad de Panamá para dialogar con el nuevo presidente de la república en septiembre de 2009. Ya desde entonces resultaba evidente que los cierres de la Carretera Interamericana representaban una de las pocas alternativas para captar la atención de las autoridades y otros actores sociales relevantes como había ocurrido con las movilizaciones en defensa del Río Tabasará entre 2000-2003.

Al recibir mayor impulso las políticas estatales dirigidas a la explotación de recursos minerales durante la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014); la movilización Ngäbe en rechazo a la minería e hidroeléctricas, y los cierres de vías principales se intensificaron entre 2011 y 2012. A ambos ciclos de movilización prosiguieron extensos procesos de consultas; que culminaron con la aprobación de la Ley 11 de 2012 por la Asamblea Nacional de Diputados en marzo de ese año. De esta dolorosa experiencia quedaba claro que el gobierno nacional con frecuencia ignoraba los compromisos adquiridos; que la movilización en las calles tenía el potencial de sacar a la ciudadanía panameña de su inexplicable letargo; y que los sacrificios de hombres, mujeres, ancianos, niñas, y niños podían alcanzar logros extraordinarios como la prohibición de la minería metálica a cielo abierto y la construcción de represas hidroeléctricas en toda la Comarca Ngäbe-Bugle.

Resultaría difícil comprender la renuencia de los manifestantes indígenas de abrir las vías públicas en 2023 sin recordar cómo se ha desprestigiado al diálogo como mecanismo para la resolución pacífica de conflictos según ha quedado documentado en el Informe sobre la Crisis de Barro Blanco, elaborado por la Red Nacional de Derechos Humanos en 2016. Si siglos de abusos han cultivado la desconfianza, los frustrados diálogos de los últimos diez años han convencido a muchas personas indígenas que no pueden volver a sus casas hasta que se haya dado una resolución legal, final y definitiva. Esta es una posición muy difícil de mantener cuando se encara el rechazo de la mayoría de la población no indígena que le ha dado un voto de confianza a las autoridades, y en el calor de las circunstancias salen a la superficie los sentimientos y complejos que nos han quedado como resabios de un pasado colonial lejano y de experiencias traumáticas de fecha muy reciente. Al culminar este capítulo debemos tener presente que nos va a hacer falta tiempo para la reconciliación, sanar heridas y pensar en el Panamá del Siglo XXII.

Dr. Osvaldo Jordán Ramos. El autor es Doctor en Ciencias Políticas e Investigador del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS).