El camino a la reformaciónde la abogacía y la ética laboral en Panamá

Hernando Franco se ha dedicado por casi cinco años a gestionar desde la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá (UP). Como decano de la Facultad ha supervisado diversas acciones en materia estudiantil, sin dejar a un lado el recurso académico y personal administrativo. Así lo indicó en una entrevista con La Estrella de Panamá.

“Hay muchas cosas que aún quedaron en el tintero, pero tenemos la experiencia que se requiere para llevar a cabo acciones que aporten para crear una mejor Facultad y mejores profesionales juristas en Panamá”, apuntó el decano que buscará la reelección este 30 de junio en las elecciones universitarias para el decanato de la facultad.

Franco, quien también presidió el Consejo Judicial y es especialista en derecho de administración, empezó como decano en la escuela de leyes el 16 de septiembre de 2016. Dentro de sus acciones señaló los trabajos realizados desde los escenarios estudiantil, de profesorado y administrativo, llevando a cabo la actualización de planes de estudios en la carrera de derecho y ciencias políticas, incluyendo carreras técnicas nuevas especializadas en derecho penal acusatorio, derecho de registro público y criminalística.

Además, apuntó a la revisión del doctorado de derecho laboral y derecho civil, así como la actualización de las maestrías de derecho civil y derecho penal. “Han sido cuatro años y medio muy productivos en las áreas de apoyo para profesores en su crecimiento profesional, así como con los administrativos y la restauración de las infraestructuras de nuestro edificio principal, los insumos tecnológicos y oportunidades estudiantiles”, anotó Franco.

Ahora, en busca de la reelección por un nuevo periodo de cinco años en el decanato, Franco puntualizó sus propuestas centradas en el mejoramiento del plan de estudios y la ética en el perfil del egresado. “Para hacer mejoras en el plan de estudio tenemos una comisión trabajando desde hace más de año y medio, y contamos con profesores que tienen especialización en currículo académico actualizando cada asignatura”, explicó, “aún hay mucho por hacer en la universidad, para terminar las reconstrucciones y dar mejores oportunidades a los estudiantes, y tenemos el personal capacitado para eso”.

Durante su gestión, Franco indicó que los obstáculos para formar a los futuros juristas en medio de una convulsión del sistema judicial nacional surgieron de “cambios complejos que se pretenden hacer al sistema de abogados”, lo que señaló como dificultades “presentes en todas las áreas sociales”, que se deben combatir desde la educación familiar y no ser apuntadas únicamente a la facultad universitaria.

“Institucionalmente la justicia de Panamá está cuestionada, pero tenemos quiebres en la estructura de la sociedad que no solo pertenecen a los abogados”, enfatizó, “hay que reestructurar toda la educación desde el hogar, la básica y la superior. Pensar que todo lo que nos falta es parte del estudio superior es ignorar los obstáculos desde la educación en el hogar”.

Como parte de su postura frente a las dificultades que enfrenta el país, el decano y abogado señaló que se opone al examen de barra que se pretendió añadir al proceso de certificación e idoneidad del abogado egresado de la universidad, y planteó una solución de “certificación voluntaria” que se presentará como una opción para los abogados que deseen realizarla para obtener una certificación oficial en su ejercicio: “En ese caso sería una decisión y no una orden que les impidiera ejercer de no pasar el examen que no aplica a nuestro sistema de leyes”.

Además, expresó que el deber de la academia es “preparar a los estudiantes en lo legal y ético”, para que se transforme en un abogado que “resuelva conflictos y no solo juicios”, y que se determine por “buscar salidas que no deban terminar en la Corte”. De llegar a ocupar nuevamente el decanato para el próximo periodo, Franco puntualizó que como primer plan de acción se dedicaría a crear doctorados polivalentes, donde la tesis define el área de especialización para el docente o administrativo, una oferta de cursos actualizados, y la apertura de cinco cátedras abiertas a concurso para la rotación de profesores.

En cuanto a los estudiantes, señaló que sería de gran importancia hacer frente a las necesidades de los casi 30 mil cursantes de derecho que asisten actualmente a la casa de estudios de forma virtual, creando espacios de incentivos de movilidad internacional “de forma presencial y virtual” para pasantías, cursos, y mayores ofertas académicas en otras universidades aliadas. “Así activaremos el programa de relevo generacional, para dar oportunidad a estudiantes sigma lambda para que hagan su doctorado y maestría fuera del país, facilitando su integración a la docencia en la universidad, además de fortalecer las capacitaciones gratuitas de educación continua”, anotó.

En tiempos de convulsión en el sistema de justicia del país, el rol de los abogados es fundamental en la credibilidad institucional, lo que Franco comentó como una perspectiva “agravada desde las redes sociales y los medios de comunicación”. “Defiendo la educación pública, y desde la UP formamos abogados excelentes desde hace más de 100 años”, expresó, “en todos los tiempos los abogados han tenido buenas y malas reputaciones, pero el problema de credibilidad de la justicia se ha ampliado por los cuestionables fallos de la Corte Suprema de Justicia y los juicios apresurados de quienes no poseen datos claros y evidencias de lo que comentan. Tenemos un problema de ética social que no está únicamente en el ámbito legal”.

Explicó que dentro de la Facultad se integraron cursos de ética y filosofía, como parte de la formación del perfil de jurista. “El abogado debe ser honesto, estudiar permanentemente, respetar al contrario, y siempre buscar la mediación como herramienta de resolución de conflictos”, explicó, “pese a que la academia hace un trabajo de forjar la ética y los valores, no es suficiente. Para cambiar los hábitos de negocios y las trampas, hace falta una reeducación que va más allá de la educación superior”.

El jurista y docente en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá (UP), Dr. Alejandro Román Sánchez es ahora también un candidato al decanato de la facultad, cuyas propuestas se centran en eliminar el clientelismo en la institución y firmar el “compromiso de ser el servidor público que más debe estar al servicio de la Facultad”.

Román ha sido docente en la Facultad por más de 30 años, tiene un postgrado en docencia superior, un doctorado de derecho (UP) y un doctorado de ciencias políticas (Universidad Complutense de Madrid) y se ha desempeñado como abogado litigante desde 1978.

En una entrevista con La Estrella de Panamá indicó que su motivación para aspirar por el decanato es ser “un activo colaborador en la aplicación de la justicia”, a través del conocimiento y enseñanza del derecho, y la búsqueda de un mejoramiento integral en la calidad educativa de los futuros juristas.

“El mayor obstáculo en la Facultad es el clientelismo político. Esta nociva práctica termina por corroer todo, hasta lo más elemental en una institución llamada a ser el centro educativo por excelencia en el país, en la investigación, publicación, formación profesional y defensa del estado de derecho”, apuntó.

Dentro de sus propuestas como plan de acción para cambiar el rumbo de la academia, listó la revisión y actualización de los planes y programas de estudios, para incorporar asignaturas (derecho probatorio y otras) que fueron “suprimidas sin razón de ser, afectando las competencias que deben tener nuestros egresados para desenvolverse profesionalmente con éxito”; la incorporación de asignaciones novedosas y pertinentes que “respondan a las necesidades actuales del ejercicio de la profesión”, además que el diseño curricular tenga en cuenta la formación en valores y “propicie el análisis, interpretación, argumentación y sentido práctico del contenido de las asignaturas”, de manera que se formen profesionales analíticos, con “criterio propio y capaces de producir derecho”.

Así mismo detalló la diversificación de la oferta de los estudios de postgrado, con nuevos planes y programas que incluyan el intercambio de docentes y estudiantes, además de ofrecer programas conjuntos con otras universidades prestigiosas extranjeras.

Con optimismo, Román no descarta que “desafortunadamente hay muchas cosas por hacer”, dado el “evidente deterioro” en lo académico y en las instalaciones de la Facultad, y señaló que de tomar posesión del decanato asumiría el compromiso con su primer plan de acción, que incluye: establecer un decanato de puertas abiertas para docentes, estudiantes y administrativos, con el fin de atender adecuada y prontamente sus inquietudes, extendiendo el horario de atención, que “de ninguna manera será a hasta las 4:00 p.m.”, asegurando una atención que “no requiera de intermediarios ni de favores”.

Igualmente, extendería el horario de atención administrativa hasta las 8:00 p.m. Crear la comisión que revise y actualice los planes y programas de estudios, en un término perentorio, la resolución de la matrícula y los retiros e inclusión de materias; además, de crear la comisión integrada por los tres estamentos, que junto con el decano “buscarán alternativas para resolver el tema del deterioro de las instalaciones”.

En cuanto al estado actual de la credibilidad de la justicia y el rol de los juristas egresados de la UP, Román afirmó que de ocupar el decanato “la ética y los valores tendrán un sitial preponderante durante todo el proceso de formación y especialización” de los estudiantes. “Esto estaría integrado en el pénsum académico, sus asignaciones, pruebas e investigaciones, de forma que formemos abogados y politólogos capaces y honestos”, apuntó.

Como parte primordial de su plan para la reestructuración académica y ética de la Facultad, el jurista señaló que Panamá requiere limpiar su imagen internacional desde el rol del abogado, el cual debe “ejercer con la debida transparencia”, apegado a los estándares del buen ejercicio de la profesión.

“Se deben promover foros donde se debata el tema y se planteen alternativas. La Facultad debe ser uno de los principales escenarios”, señaló Román.

De igual forma, el profesor apuntó que pese a la virtualidad y la adaptabilidad de los profesores y estudiantes, la pandemia “ha afectado el proceso enseñanza-aprendizaje”. Puntualizó que los estudiantes han perdido “en buena parte” el ritmo que se requiere para el estudio y su aprovechamiento, lo que costará retomar, pero “será necesario hacerlo rápidamente”. “Esta experiencia inédita para muchas generaciones quedará registrada en sus vidas, como momentos de grandes tribulaciones, pero a la vez de extremada tolerancia hacia las restricciones de las libertades”, enfatizó.

Asimismo, hizo hincapié en la importancia de actualizar el perfil del abogado que se forma dentro de la academia nacional, porque el tema de la administración de la justicia ha sido “seriamente cuestionada”, debido a las acciones “corruptas”.

Ante esto, el perfil del abogado que se forma y capacita en las aulas de clases debe ser: “Un profesional conocedor del derecho, con la debida formación ética y en valores, capaz de analizar, interpretar, tener criterio formado y discernir correctamente”, explicó, “de modo que sea consciente de su papel en la administración de la justicia y de la relevancia de esta en la convivencia pacífica y en el sistema democrático del país”.