Apuntamientos para el estudio de las políticas científicas de Panamá

La demanda social de conocimientos científicos y tecnológicos, en América Latina, empezó a tener mayor fuerza y dinámica hasta mitad del siglo XX; debido a un lento proceso de modernización de la matriz productiva y a la resistencia de los sectores dominantes de favorecer cambios a las estructuras socioeconómicas que sirven de base a sus privilegios.

Dicho proceso de modernización fue impulsado por la expansión del capitalismo mediante la integración de la región a los mercados mundiales. En estas nuevas relaciones de intercambio comercial, las economías latinoamericanas, fueron proveedoras de materia prima y de alimentos a los países industriales (USA/Europa).

Las actividades económicas locales que se integraron rápidamente a la economía global, y que en un inicio demandaron conocimientos científicos y tecnológicos en la región, fueron las obras ingenieriles de finales del siglo decimonono, la minería, la expansión de la agricultura y la medicina. Finalizando el siglo XIX y entrado el XX se sumaron las actividades industriales de bienes básicos (dirigidas al consumo interno y regional).

Para Panamá la integración al mercado mundial se dio a través de la prestación de servicios de tránsito y de enclaves agroexportadores; aunque paralelo a estas actividades operó un incipiente sector industrial (siglo XX) dirigido para el consumo interno y de la Zona del Canal.

En la experiencia panameña resaltan dos mega obras de la ingeniería. Primero, la construcción del primer ferrocarril transístmico del continente (1850-1855), y segundo, la construcción del Canal de Panamá (1880-1914) que se extiende con su continua operación. Para ambos casos los conocimientos científicos y tecnológicos fueron incorporados de otras latitudes del mundo, como lo fue también la demanda social que generó la construcción de estas obras.

He aquí una distinción fundamental entre Panamá y el resto de la región. Mientras cada uno de los sectores económicos de las sociedades latinoamericanas demandaba conocimientos científicos en función de las necesidades internas, el sector más dinámico de la economía panameña demandaba conocimientos en función de necesidades externas. Además, estuvo bajo el dominio y la administración de otro Estado-Nación (hasta 1999) y contaba con la participación de estructuras científicas no nacionales.

Sin embargo, ninguna de estas actividades económicas, o el conjunto de ellas, en ninguno de los países de la región, incluyendo la singularidad del caso panameño, fueron lo suficientes modernas, pujantes y competitivas para consolidar a la investigación científica como una actividad permanente, acumulativa y vinculada a la actividad productiva. Salvo las demandas esporádicas como lujo cultural o de mantenimiento (medicina, ingeniería, biociencia, etc.).

Tampoco fue considerada por los Estados como un elemento útil para la solución de asuntos organizacionales burocráticos o para el progreso social de los países. En consecuencia, prevaleció un escenario de indigencia científica y carente de políticas científicas explícitas (no así implícita) que se extendió por un arco tiempo de casi siglo y medio (1810-1950) en la región. Para el caso de Panamá se prolongó hasta finales de la vigésima centuria.

Pero la ausencia de políticas científicas explícitas no solo fue exclusiva de la región, del mismo modo ocurrió en los países industriales; aunque las razones fueron de distintas naturalezas. Mientras que en los países industriales las políticas científicas explícitas emergieron, en un primer momento, como consecuencia de las doctrinas de seguridad nacional (Proyecto-Manhattan) y de su carrera por la conquista del espacio (más tarde); en los países de América Latina estuvieron más relacionadas con la búsqueda de salir del subdesarrollo mediante la sustitución de importaciones como camino hacia la industrialización.

De este modo la actividad científica a mediados de siglo se desplazó -en los países industriales y latinoamericanos- de espacios exclusivamente privados (fundaciones corporativas, laboratorios de investigación industrial) y universitarios, a converger en adelante bajo la concepción de modelo lineal en instituciones públicas y privadas, pero bajo orientación, financiamiento y articulación del aparato estatal. No obstante, cabe señalar que la Unión Soviética fue el único Estado en implementar políticas científicas explícitas antes de la segunda guerra mundial.

En vista de que la actividad científica pasó a ser una preocupación de los Estados latinoamericanos y también de interés de otros sectores -más allá de los académicos y de los económicos- a mediados del siglo XX, se empezaron a diseñar y aplicar las primeras políticas científicas explícitas en la región; la cual continuaron en el tiempo y pueden ser distinguibles cinco momentos:

La primera etapa del “empuje de la ciencia”, se extiende desde 1950 hasta completar el decenio de 1960.

Una segunda etapa conocida como “regulación de la transferencia de tecnología”, discurre de finales de la década de 1960 hasta finales de 1970.

La tercera etapa de “instrumentos de política y enfoque de sistema”, parte de mediados de 1970 hasta mediados de 1980.

Una cuarta etapa de “ajuste económico y transformación de la política de ciencia y tecnología”, se inaugura con la crisis de la deuda externa de los países latinoamericanos hasta mediados de 1990, dejando como estela la década pérdida de los ochenta.

Por último, una quinta, pero no definitiva, ha sido la de “sistemas de innovación y competitividad” que inició a finales de 1980 y continúa en el nuevo siglo.

Panamá se suma a este proceso medio siglo después con la creación de Senacyt (1997) y sus continuos Pencyt, pero directamente a la quinta etapa. La fuerza social para alcanzar el estado actual, además de los limitados y fugaces cambios en la matriz económica durante la década del sesenta y setenta, fueron la fundación de la Universidad de Panamá (1935), la generación del cincuenta y el movimiento de reforma universitaria que puso en boga la necesidad política de reforzar las carreras técnicas y científicas.

Sus demandas tuvieron eco en el proceso torrijista y se propuso unas Reformas Educativas que pudo ser el catalizador de las primeras políticas científicas explícitas, pero fue truncada por el proyecto del capital financiero y rechazada por la cultura cívica (acusadas éstas de comunista).

El nuevo régimen político-económico, posinvasión, debió presentar a lo interno y al mundo una cara moderna y democrática del Estado; capaz de articular al sistema nacional de ciencia y tecnología, con instituciones predispuestas a invertir en investigación, desarrollo e innovación, pero sin trastocar el modelo económico o presentar una amenaza para éste. Bajo esta anuencia surgieron las primeras políticas científicas explícitas, respaldadas por las culturas: académica, económica, burocrática y cívica.

A la primera les garantizaron cumplir parcialmente sus anhelos profesionales e intereses corporativos. A la económica y burocrática los beneficiarían con disponibilidad de fuerza de trabajo especializada y calificada. Además, con la posibilidad de acceso a otras fuentes de financiamiento y asesorías en sus proyectos de ‘I+D+i’. Mientras a la cívica les permitieron la posibilidad de visibilizar sus demandas sociales y garantizar una cuota de participación e inclusión social relativa.

Este acuerdo no formal entre las distintas culturas, resultado de las necesidades de control social del nuevo régimen, ha forjado una armonía relativa transitoria, un período de normalidad (T. Kuhn), entre las políticas científicas explícitas (las implementadas formalmente por el Estado), y las políticas científicas implícitas (la demanda real de ciencia por parte de todas las esferas de la sociedad).

El autor es Sociólogo. Académico de la Universidad de Panamá.