Torrijos era básicamente autoritario, aseguraba la CIA

Ocho años después de tomar el control de la república de Panamá, el general Omar Torrijos comprendía que gobernar era como caminar por un campo minado.

Las prácticas corruptas de su cúpula militar eran cada vez más obvias. Los problemas económicos recrudecían. El más descontento era el sector privado, agrupado en la APEDE, la Cámara de Comercio y la CONEP.

Durante la mayor parte de las décadas del 50 y 60, los comerciantes y empresarios habían disfrutado de un régimen favorable para las inversiones. La inyección de capital por parte del sector privado local e internacional había impulsado un crecimiento sólido, con tasas superiores al 7%-.

En contraste, las nuevas políticas populistas del gobierno militar (destinadas a distribuir la riqueza) y el coqueteo con los grupos de izquierda producían desconfianza y paralizaban la inversión. Con mala suerte adicional, ello coincidía con una recesión mundial que golpeaba a Panamá con fuerza en el bienio de 1974 y 1975.

Cada vez más dependiente de los préstamos externos, el gobierno de Torrijos se percataba de que necesitaba estabilidad y que su futuro político dependía de la posibilidad de concluir prontamente la negociación de los tratados (informe de la CIA), en lo que se había empeñado.

Su principal amenaza era la oposición política.

“Desde principios de la era republicana, la mayor parte de los políticos de oposición no distinguieron entre los asuntos de Estado y los de la política partidista. Por el contrario, se dedicaron a sabotear cualquier intento del gobierno por anotarse puntos con las negociaciones”, expresó el doctor Omar Jaén Suárez, negociador de los tratados Torrijos Carter y autor de varios libros sobre el Canal.

De acuerdo con Jaén Suárez, el primer gobernante que sufrió políticamente por su deseo de avanzar la causa panameña frente a Estados Unidos fue Belisario Porras, quien, entendiendo las limitaciones del tratado de 1903, manifestó en 1916 su voluntad de negociar un nuevo acuerdo con Estados Unidos.

Porras solicitó a Eusebio A. Morales, su representante en Washington, iniciar conversaciones para un nuevo tratado que definiera las obligaciones y beneficios que corresponderían a Panamá una vez fuera inaugurada la vía acuática.

Las negociaciones avanzaron y Morales presentó al Consejo de gabinete y a los principales líderes de la oposición un borrador del proyecto. Pero, uno de los opositores dio a conocer el contenido a la opinión pública, utilizándolo como arma política contra Porras.

“La pasión política, en una de sus absurdas demostraciones entre nosotros, dio en tierra con tan laudable propósito”, señaló posteriormente el tres veces presidente.

Un nuevo intento se hizo durante el gobierno de Rodolfo Chiari, con la firma del tratado Alfaro Kellog, el 28 de julio de 1926. En esta ocasión, Panamá buscaba definir temas comerciales de importancia, como el procedimiento para la expropiación de tierras, el establecimiento de empresas en la Zona del Canal, el uso de monedas y otros.

El presidente Chiari había mantenido en el más absoluto secreto el contenido del acuerdo, pero pretendía forzar a la Asamblea Nacional a aprobarlo a puerta cerrada.Sus planes se frustraron cuando uno de los integrantes de la agrupación Acción Comunal se las agenció para tomar una copia del proyecto y enviarla a Cuba. Allá, el tratado fue impreso y reenviado a Panamá, donde se vendieron decenas de copias como pan caliente.

Ya con el contenido disponible, Acción Comunal, el “Sindicato General de Trabajadores” y la “Liga de Inquilinos” se enfrascaron en una abierta guerra contra el tratado, aduciendo como argumento sus aspectos lesivos a la soberanía. Nunca sería aprobado.

En diciembre de 1947, el gobierno de Enrique A. Jiménez hacía otro intento fallido para concretar negociaciones con la firma del convenio Filós-Hines, cuyo nombre real era Convenio de Bases.Este tratado prorrogaba por 10 años el permiso a los norteamericanos para mantener bases militares – aprobadas en 1942 durante el gobierno de Ricardo Adolfo de la Guardia - en Jaqué, Isla Grande, Isla del Rey, Las Margaritas, Pocrí, Punta Mala, la base del Río Hato, Salud, San Blas, San José, Taboga, Taboguilla y Victoria.

El gobierno de Estados Unidos estimaba necesarias las bases para su defensa continental y el de Panamá que las bases asegurarían importantes ingresos en momentos de crisis económica. Al conocerse el contenido del convenio, los estudiantes del Frente Patriótico de la Juventud organizaron protestas que terminaron asustando a los legisladores, ninguno de los cuales se atrevió a dar su voto a favor.

La negociación de los Tratados Robles Johnson o los “3 en 1” como se les llamó popularmente, se dio bajo la sombra de las protestas del 9 de enero de 1964, a raíz de las cuales el gobierno de Estados Unidos llegó a convencerse de que los panameños insatisfechos eran la principal amenaza para el continuo funcionamiento de la operación del Canal.

El tratado —negociado una vez más en secreto—, estaba listo en 1967. Y nuevamente, al conocerse el contenido, se originó una tormenta de criticismo. Envuelto en todo tipo de problemas políticos, y temiendo dañar la campaña política de su partido en las próximas elecciones de 1968, el presidente Robles decidió engavetar el proyecto.

Pero allí estaba el candidato Arnulfo Arias Madrid quien prometió durante la campaña que al llegar a la presidencia resolvería definitivamente el problema del Canal. Sin embargo, su gobierno no duró más de 10 días, ya que fue derrocado por los militares Boris Martínez y Omar Torrijos el 11 de octubre de 1968.

El derrocamiento de Arnulfo Arias en 1968 constituyó el primer golpe militar en la historia republicana y una de las pocas ocasiones en que el país pasaba a ser gobernado por un grupo completamente ajeno a “los primos”. Durante los primeros años del régimen, la represión fue intensa.

Se emitieron decretos para regular la información. Se enviaron censores a los medios de comunicación. Se cerraron varias estaciones de radio. La única radio libre que permaneció abierta fue Radio Impacto, propiedad del profesor Alberto 'Betito' Quirós. El gobierno consideraba que con ella preservaba una fachada útil (Informe de la CIA, Latin American Trends, octubre 8, 1975).

Con cuestionables maniobras legales, el torrijismo se tomó la Editora Panamá América, S.A., propietaria de cuatro de los seis diarios que se publicaban en el país, tornándolos en una apabullante maquinaria de propaganda. Solo permaneció independiente La Estrella de Panamá que normalmente se abstenía de criticar al gobierno.

Durante estos años se dieron los principales abusos a los derechos humanos por parte del régimen militar. El Informe de la Comisión de la Verdad, emitido en el año 2018, documentó más de 50 asesinatos en el periodo comprendido entre 1968 y 1972.

Cuatro años después del golpe, los militares formalizaron su golpe con la Constitución de 1972, que imponía el llamado sistema de poder popular, cuyo emblema era la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimientos.

Especialmente llamativo de esta constitución torrijista fue el Artículo 277, que nombraba a Omar Torrijos Herrera como Líder Máximo de la Revolución panameña y le otorgaba atribuciones equivalentes a las de un dictador, con el fin de que “cumpliera con los objetivos de la revolución”.

Ya consolidado su poder, Omar Torrijos se lanzó de lleno a las negociaciones con Estados Unidos, las cuales tomaron fuerza después de que se celebrara en Panamá una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas –un golpe maestro de relaciones públicas— que visibilizó la causa panameña y le ganó el apoyo internacional, de acuerdo con Jaén Suárez.

En enero de 1976, estaba a punto de concretarse el primer borrador del Tratado, pero en las condiciones políticas más adversas desde 1968.

Además de los conflictos con el sector privado, desde el exilio en Miami, el depuesto presidente Arnulfo Arias continuaba cabildeando entre los sectores más influyentes para que se apoyara su vuelta al poder. En noviembre de 1975, Arias se reunió con el candidato republicano Ronald Reagan (ver entrega anterior “Democracia o tratados?”), hecho que fue recogido prominentemente en los medios de prensa estadounidenses, dada la notoriedad del ex actor y ex gobernador. El mensaje de Arias era el mismo: de volver a la presidencia, aceptaría los borradores de los acuerdos negociados hasta ese momento con unos cambios menores.

La reunión se daba en momentos en que las negociaciones se habían prácticamente detenido con motivo de la campaña política en Estados Unidos. El presidente Ford no se atrevía a manifestarse por temor a que fuera usado en su contra por una opinión pública opuesta a cualquier muestra de debilidad del Imperio estadounidense. Reagan y otros opositores al tratado tomaban la palabra.

Aparentemente, Torrijos estaba exasperado. En diciembre de 1975, envió desde el diario Crítica un ultimátum al embajador especial Ellsworth Bunker, quien dirigía el equipo de negociadores nortemericano. “Las maniobras dilatorias e intransigencias reiteradas han llevado las discusiones sobre el nuevo Tratado del Canal a un impasse que Panamá no puede tolerar”.

“Si no viene a continuar las negociaciones con una propuesta que empeñe la posición norteamericana en este proceso de negociaciones, no regrese”, decía el editorial del diario de ERSA a Bunker. “No puede seguir jugando con la paciencia de un pueblo en el que nadie tiene vocación de colono. La paciencia ha llegado a su límite”.

“Torrijos no será capaz de subsistir políticamente por mucho tiempo si Estados Unidos no muestra la voluntad de resumir las negociaciones con su gobierno”, decía un informe de la CIA emitido para esa época. “La estabilidad de su gobierno depende en gran medida de la habilidad para desestabilizar a sus varios oponentes”, continuaba el informe.

En cuanto a su carácter, el informe proseguía: “Torrijos tiene un profundo resentimiento hacia Estados Unidos en relación al tema del Canal y se siente frustrado con la lentitud de las negociaciones. Desconfía de las intenciones de Estados Unidos y es hipersensitivo a las señales de decepción o de intenciones de desestabilizar su gobierno”.

“Torrijos es esencialmente autoritario por naturaleza y mantiene todos los poderes de decisión en sus manos. Está tan comprometido al tratado que creemos que se sentirá impelido a tomar acciones desesperadas”.

En ese ambiente se tomó la decisión de exiliar a Betito Quirós Guardia y nueve otros empresarios, el 20 de enero de 1976.