Procurador González considera ‘no viable’ demanda de inconstitucionalidad de Martinelli

El procurador de la Administració, Rigoberto González Montenegro recomendó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarar “no viable” la acción de inconstitucionalidad en contra de la resolución indagatoria del 30 de junio de 2020, expedida por la Fiscalía Primera Especializada Contra la Delincuencia Organizada, promovida por la licenciada Nadia Castillo, defensora del expresidente Ricardo Martinelli.

La consulta efectuada por los magistrados al procurador González, responde a una demanda de inconstitucionalidad basada en la violación del principio de especialidad, que admitió la CSJ en contra del fallo proferido por la juez Baloísa Marquínez, del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales que condenó a Martinelli a 10,8 meses de prisión y un pago de $19,2 millones por el caso New Business, en febrero pasado. Desde entonces, el exgobernante se asiló en la embajada de Nicaragua en Panamá alegando una persecución política del gobierno de turno, liderado por el Partido Revolucionario Democrático.

La opinión del procurador, no obstante, no es vinculante. Como tal, el estudio de fondo debe ser obligado por los magistrados, en el que la ley determina que una vez admitida la demanda, no sólo se escuchan los argumentos del demandante, sino que cualquier norma debe ser contrastada. Una vez llegue el expediente a la Corte, la Secretaría General tendrá que publicar las fechas en que los ciudadanos pueden emitir su opinión sobre el caso, que tienen el mismo valor que la del procurador de la Administración, ninguna es vinculante.

Luego de los alegatos, el magistrado a cargo del fallo elabora una ponencia y el Pleno toma una decisión. Si declaran no viable la demanda, se agotaría uno de los últimos recursos que le quedan a la defensa de Martinelli para eliminar la vida jurídica de la sentencia, faltando la revisión de la sentencia. Agotados todos los recursos locales, los abogados del exgobernante podrían optar por acudir a organismos internacionales, pero este es un camino más largo.

Meses después de haber tomado el mando el gobierno de su copartidario José Raúl Mulino, el exmandatario intenta anular de alguna forma el fallo condenatorio que le trunca su futuro político y le impide recuperar su libertad, salir de la embajada, lo que parece apuntar a una decisión jurídica con matices políticos.

Su abogada lo hace bajo el argumento de la violación del principio de especialidad que amparaba a su cliente al momento de ser extraditado de Estados Unidos a Panamá, para responder ante la justicia por el caso de pinchazos telefónicos que concluyó con una sentencia absolutoria. En ese momento, una de las condiciones que se pactaron para su extradición era que Martinelli no podía ser juzgado por ningún otro delito distinto previo a la extradición.

Castillo insistió que el mencionado principio continúa vigente, como consta en una nota suscrita por el director de Asuntos Jurídicos Internacionales y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la que certifica que no hay constancia de que el Ministerio Público o el Órgano Judicial hayan solicitado el levantamiento del principio de especialidad.

El procurador dice que esta prueba fue obtenida con posterioridad al caso recurrido por inconstitucional, y por ser anterior no puede servir para demostrar los supuestos cargos de infracción inconstitucional, porque no se trata de una instancia adicional ni revisora de medios de pruebas en aras de saber si riñe o vulnera la Constitución.

Si bien el alegato principal de Castillo en el recurso interpuesto ante la Procuraduría de la Administración se basa principalmente en la violación del principio de especialidad, González Montenegro tiene una lectura distinta de los hechos. Argumentó que los incidentes procesales que buscan advertir sobre la vulneración del principio de especialidad ya fueron debatidos a profundidad por las autoridades competentes. Ante este panorama, la Procuraduría observa que la demandante pretende un nuevo análisis en el fondo de un asunto que se debate en la esfera penal, que impida la continuación del caso.