Asesores legales de Waked apelarán decisión de la Sala Tercera de la Corte

El grupo de asesores legales del empresario Abdul Waked se prepara para presentar un recurso de apelación dentro del proceso contencioso administrativo interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte.

María del Pilar Vásquez, abogada de Waked, informó que hasta el momento, como representantes legales del empresario, no han sido notificados de la resolución de la no admisión de la demanda; sin embargo, ya medios de comunicación locales han informado de la misma.

Se trata de la demanda por daños y perjuicios que fue presentada el 2 de junio de 2017 ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

Según las versiones de prensa, la decisión fue tomada por el magistrado sustanciador, Abel Zamorano.

En este caso, el magistrado Zamorano decidió no admitir la demanda alegando que el Banco Nacional de Panamá (BNP) actuó como entidad bancaria y no como representante del Estado panameño, por lo que no le cabe responsabilidad al Banco ni al Estado panameño y por ende, la Sala no es competente para conocer del proceso incoado.

Los abogados consideran que si esta es la causal para no admitir la demanda, no es posible que el banco pueda desligarse de su rol como institución representante del Estado panameño y que toda su actuación se enmarca en esta responsabilidad y que todos los hechos se imputan dentro de sus actos administrativos.

Una vez se realice la notificación formal, la apelación sería presentada ante la misma Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

El recurso de apelación sería atendido por los otros dos integrantes de esta Sala, los magistrados Luis Ramón Fábrega y Cecilio Cedalise, quienes deberán conocer de la demanda presentada y pronunciarse de manera colegiada en cuanto a la admisión de la reclamación.

En la demanda, la defensa de Waked exige $165 millones por los daños y perjuicios que se causaron al empresario por la venta de Felix B. Maduro y demás empresas de este grupo.

Las empresas del grupo Felix B. Maduro fueron incluidas en la Lista Clinton por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

La venta se realizó a través de un fideicomiso que fue creado luego de que el Estado designó una comisión interministerial para ver este proceso.

El equipo de defensores de Waked considera que el Estado panameño es responsable “solidario” por las acciones u omisiones que generaron los resultados de la venta del grupo.

Hasta el momento, a pesar de que median solicitudes formales, el BNP ni ninguna otra institución del Estado ha informado a Waked de la manera en que se vendieron las acciones de las empresas de Felix B. Maduro. Tampoco se conoce el monto o las condiciones en que se completó la transacción que se realizó a través del fideicomiso que es administrado por el Banco Nacional de Panamá.

A juicio de la abogada, hay una serie de violaciones legales y constitucionales en las que incurrieron funcionarios del Estado, y eso es lo que pretenden demostrar en la apelación.