Ausentismo afectaría convocatoria a las sesiones extraordinarias

Diputados de diversas bancadas coincidieron en que el ausentismo de los diputados, muchos de ellos no reelectos en las pasadas elecciones generales del 5 de mayo, podría afectar la discusión de proyectos de ley y las ratificaciones de varios funcionarios que se discutirán en el periodo de sesiones extraordinarias, convocadas por el Ejecutivo a partir del lunes.

Por un lado, el diputado y presidente de la Comisión de Credenciales, Sergio Gálvez, afirmó que no hay ambiente para que esta instancia apruebe la ratificación de al menos cinco funcionarios en estas sesiones.

Aseguró que todo dependerá del ‘lobby' o conversación que haga el Ejecutivo para lograr la aprobación de estos nombramientos, ‘si es que tienen el interés de pasar estas designaciones'.

‘Hay mucho despecho (por diputados que no fueron reelectos) de gente que no tiene la voluntad de venir a sesionar, pero esperamos cumplir con el mandato constitucional de atender estas sesiones extraordinarias', dijo.

Tras las pasadas elecciones, un total de 36 de los 50 diputados que buscaban ser reelectos no fueron beneficiados por el voto popular

Gálvez detalló que de los doce temas que se verán en estas sesiones, solo cinco deben ser abordados por la Comisión de Credenciales, entre estos las ratificaciones de Luis Fernando Tapia, como magistrado de la Corte Suprema de Justicia; de Roberto Roy y Marietta Jaén, como directivos del Canal; de María Eugenia Pérez de Preciado, como fiscal Electoral; y de Miguel Ángel Esbrí, como miembro de la directiva de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros.

Sobre otros tres nombramientos, de los magistrados suplentes Luis Antonio Camargo, Katia del Carmen Di Bello y Judith Esther Cossú, le tocará a la Secretaría General de la Asamblea remitir al Pleno los informes de estas ratificaciones que ya fueron consideradas cuando el diputado Jorge Alberto Rosas presidió Credenciales.

‘Ausentismo, gran obstáculo'

El diputado Raúl Hernández, de Cambio Democrático (CD), lamentó el momento que se está viviendo después de lo que pasó en las elecciones y la forma como el Ejecutivo se ha comportado con la Asamblea. ‘Yo veo bien difícil la consecución del quórum para poder llevar a cabo las reuniones'. ‘Siento que hay mucha gente molesta y que probablemente no acuda ni atienda ese poder de convocatoria que el presidente de la República cree poder tener. El ausentismo pudiera ser el gran obstáculo para aprobar la agenda en estas sesiones extraordinarias', aseguró.

En tanto, el diputado panameñista José Antonio Domínguez manifestó que a los diputados que no les gusta asistir a sesionar, lo más probable es que no acudan.

No obstante, precisó que todos los diputados tienen la obligación de cumplir con su trabajo hasta el 30 de junio próximo y acudir a las sesiones. ‘Es potestad del presidente, nos guste o no, el convocar a sesiones extraordinarias', enfatizó.

El primer vicepresidente de la Asamblea, el diputado Leandro Ávila, expresó por su parte que la asistencia o no al pleno de los diputados dependerá de la actitud de cada uno de ellos.

‘La Asamblea va a cumplir con el mandato constitucional, que es hacer la convocatoria; ya entonces todo dependerá de qué pensamiento tenga cada uno de los diputados', agregó.

Mientras que el también diputado y secretario general del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Pedro Miguel González, expresó sus dudas de que haya ambiente en la Asamblea para aprobar esas designaciones hechas.

‘El presidente y su Gabinete tienen la facultad para convocar a sesiones extraordinarias y hacer designaciones, pero la Asamblea tiene la facultad constitucional de decidir si las aprueba o no', enfatizó.

Añadió que el gobierno no tiene mayoría en el Legislativo y pretende seguir presionando para lograr su propósito. ‘Es obvio que el presidente pretende retirarse teniendo mayoría en la Corte Suprema de Justicia y en la Junta Directiva del Canal. Espero que la Asamblea no lo permita', advirtió.

Extensa agenda

Entre los temas a tratar en estas sesiones extraordinaria están el proyecto de ley que aprueba el contrato entre el Estado y la sociedad Minera Petaquilla, S.A. (hoy Minera Panamá, S.A.), considerar las objeciones presentadas al proyecto de ley que instituye la Carrera de Protección Civil y modifica la Ley 7 de 2005, que reorganiza el Sistema Nacional de Protección Civil.

Además, la discusión del proyecto de ley que crea el bono extraordinario, único y uniforme para los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social y aprobar el proyecto de ley por el cual se crea la Comisión Nacional para la Revisión de Pensiones y Jubilaciones.

De igual manera, en sesiones extraordinarias se tratará la aprobación de los nombramientos de Luis Antonio Camargo Vergara, como magistrado suplente de la Sala Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia; el de Katia del Carmen Di Bello Becerra, como magistrada suplente de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte; el de Judith Cossú, como magistrada suplente de la Sala Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia; y el nombramiento de Luis Fernando Tapia González como magistrado de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.

De ser ratificado por la Asamblea Nacional, Tapia reemplazaría al magistrado Jerónimo Mejía, cuyo periodo de diez años en la Corte venció en diciembre de 2017.

La lista de temas incluye también el nombramiento de María Eugenia Pérez, como fiscal General Electoral; de Miguel Ángel Esbrí, como miembro de la Junta Directiva de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros; y los nombramientos de Roberto Roy y Marietta Jaén, como miembros de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá.

CIAM objeta proyecto de ley minero

RECURSO LEGAL

El Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM-Panamá) presentó ayer un amparo de garantías constitucionales contra el Decreto Ejecutivo No. 126 de 22 de mayo de 2019 por el cual el Órgano Ejecutivo convocó a la Asamblea a sesiones extraordinarias.

El CIAM presentó este recurso debido a que el Ejecutivo incluyó en esta convocatoria la discusión del proyecto de ley que aprueba el contrato entre el Estado y la empresa Minera Panamá, S.A., el cual reproduce el contrato ley que fue declarado inconstitucional por el pleno de la Corte Suprema de Justicia en 2017.

En su amparo, el CIAM argumenta que se ha violado la garantía constitucional que establece que el interés público es superior al interés privado, toda vez que al incluirse en la convocatoria a sesiones extraordinarias este proyecto de ley, se busca revivir un contrato leonino que ya fue declarado ilegal e inconstitucional por la Corte.

El CIAM lamentó que el Órgano Ejecutivo esté dispuesto a pasar por alto un fallo de nuestro máximo tribunal de justicia al incluir en la convocatoria a sesiones extraordinarias la discusión de un proyecto de ley que busca perpetuar la actividad minera a cielo abierto en Panamá.

La organización recordó al Órgano Ejecutivo que los fallos de la Corte en materia de inconstitucionlidad son definitivos y deben acatarse, y que el proyecto propuesto no está inspirado en el interés público, ‘ya que el mismo está plagado de excesivos beneficios a favor de la empresa minera'.