Gobierno destina $7.9 millones para ‘donativos’ pese a la crisis en las finanzas públicas

Panamá tiene el déficit fiscal más alto de su historia con 7,35% del PIB, el presidente José Raúl Mulino llamó a la austeridad, se plantea la posibilidad de aumentar la tarifa del Metro de Panamá y expertos advierten de la importancia de contener el gasto. Sin embargo, la partida de “donativos a personas” en el presupuesto 2025 asciende a $7.9 millones, una cantidad similar a los dos años anteriores pese a estar relacionada a escándalos de corrupción. ¿Es un mensaje congruente por el Ejecutivo?

Todas las instituciones del Estado cuentan con la partida “donativos a personas” cuya numeración termina en 611, con ella se gestionan pagos de donaciones sin límite por $500, $3.000, $10.000, $20.000, etc. a cualquier particular y con total discrecionalidad.

Dudosa filantropía

Por ejemplo, se conoció de dicha partida a través de una investigación periodística que reveló que entre 2014 al 2017 la Asamblea Nacional ofrecía apoyos económicos a los más necesitados pero cuando los favorecidos cambiaban el cheque sólo se quedaban con el 5% del pago y el resto retornaba al diputado que ofrecía la donación.

Como consecuencia, la Corte Suprema de Justicia declaró que estos donativos de la Asamblea Nacional son inconstitucionales.

Esto sucede debido a la falta de controles para los desembolsos de donativos, a pesar de ello y del llamado al ahorro desde el gobierno, entre todas las instituciones que cuentan con esta partida el monto asciende a $7.9 millones en 2025, según el presupuesto modificado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y que fue entregado a La Estrella de Panamá por solicitud amparada en la Ley de Transparencia, el 21 de enero pasado.

El monto sería mayor toda vez que este presupuesto no estima los municipios sino el gobierno central, instituciones descentralizadas, empresas públicas e intermediarios financieros. Por ejemplo, el Municipio de Panamá tiene una partida de donativos de $1.9 millones, según su presupuesto modificado.

La cuantía de los donativos del gobierno central es parecida a la del año pasado, cuando se ejecutaron $9.6 millones, y en 2023 se gastaron $8.8 millones. Es decir que para este año se redujo apenas en 17% a pesar de la realidad actual y que en esos años Panamá tenía una mejor situación económica.

Donativos y consultorías: austeridad que no se ve

¿No era posible eliminar los fondos de esta partida en vista del llamado de austeridad del gobierno?, preguntó La Decana al MEF desde el pasado miércoles, pero a la fecha no hubo respuesta.

Esta partida no es la única de uso discrecional, en una reciente publicación este medio reveló que el gobierno dispone para 2025 de $142 millones para consultorías y contratos, conocidos como “el hoyo negro” de los fondos públicos.

Estas consultorías no tienen fiscalización y con ellas se pactan contratos de asesorías para favorecer a los amigos de los funcionarios de turno sin que represente un beneficio tangible al Estado, en la mayoría de los casos.

Las partidas de consultorías y contratos se incrementaron en su conjunto en $30 millones en el presupuesto 2025 respecto a lo gastado el año anterior, pese a las advertencias del presidente José Raúl Mulino en su red social X -en septiembre 2024- de investigar las consultorías, del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados Nacionales.

¿Por qué no transferir estos fondos de las consultorías y donaciones, que en su conjunto suman unos $150 millones para algún programa o necesidad real del Estado? consultó este diario al MEF

Por otro lado, ¿de dónde saldrán los $91 millones para las pensiones de Caja de Seguro Social, sería posible considerar los dineros de estas partidas para ello? fueron parte de las preguntas enviadas al MEF el miércoles pasado.

Desde el departamento de prensa se indicó que la información estaría siendo evaluada en el despacho superior pero no hubo respuesta al cierre de esta edición.

“Cuando tenemos un déficit fiscal tan grande se hace urgente entrar en una política real y efectiva de austeridad y eso no se está viendo”, advirtió el economista y analista Ernesto Bazán, quien explicó que esto no significa cortar todo sino lo prescindible como privilegios, las “botellas” o funcionarios que no sustentan su salario y por supuesto la partida de donaciones.

“Con ese mismo criterio el tema de las donaciones debe ser incorporado en las políticas de austeridad”, añadió Bazán y explicó que “el gran problema de las donaciones es que se basan en la discrecionalidad y se prestan para una posible corrupción e ineficiencia con el uso de los recursos públicos”.

Con los $7.9 millones de la partida de los donativos se podría construir un estadio como el Aristóteles “Toco” Castillo, inaugurado por Mulino hace una semana en la provincia de Veraguas, con capacidad de 2.700 personas, cuyo precio original fue de $4.8 millones, o construir un estadio como el Maracaná, ubicado en la cinta costera de la ciudad de Panamá para 5.500 personas, que costó $8 millones.

La partida 611 comprende los donativos a personas en forma de auxilios, ayudas o bienes que no implican una contraprestación de servicios, y los donativos en bienes sólo podrán ser ejecutados por entidades de carácter benéfico y de asistencia social, indica el Manual de Clasificación Presupuestaria del Gasto Público.

Sin embargo, y como se mencionó, la partida se encuentra distribuida en diferentes cantidades entre diversas instituciones. Entre las que concentran los mayores montos son el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), la Secretaría Nacional de Discapacidad, la Lotería Nacional de Beneficencia, el Banco Nacional, entre un total de 33 instituciones que incluyen ministerios (Ver gráfico de barras).

Donativos, ‘gastos prescindibles’

Bazán resaltó que el país no está para donaciones porque para eso existen otras políticas y programas públicos “si no se reducen estos gastos prescindibles como las donaciones difícilmente se reducirá el déficit fiscal para así estabilizar las finanzas públicas, requisito previo para una mejora económica”, añadió.

Precisamente, el Mides cuenta con una partida de $193.7 millones para los programas de transferencias monetarias condicionadas este año, lo que incluye programas como 120 a los 65, Ángel Guardían y Red de Oportunidades, sin embargo fue recortada en $30.3 millones respecto a 2024, informó la entidad.

Por su parte, el expresidente del Colegio de Economistas de Panamá, Raúl Moreira, solicitó total transparencia con el uso de las partidas de las donaciones para que no se utilicen para donar dinero del Estado a amigos, familiares o allegados políticos.

“Cuando se dan situaciones de déficit fiscal, los gobiernos que tienen conciencia de Estado buscan reducir los gastos que aportan poco o nada a la satisfacción de las necesidades colectivas. Vemos consultorías y asesorías cuyos resultados, si es que se ve alguno, no aportan nada a la satisfacción de las necesidades de la población”, expresó el también profesor Moreira.

Estos gastos en consultorías y donaciones, a juicio del también docente universitario empeoran el problema del déficit mientras que, por otro lado, se reducen los programas de subsidios, inversiones productivas o se destituyen a personas que sí trabajan en lugar de las conocidas “botellas” o funcionarios que no sustentan su sueldo.