Disputa interna sacude al PP ante sus elecciones de enero

Las elecciones internas del Partido Popular (PP), programadas para el 26 de enero de 2025, se encuentran en el centro de una intensa batalla legal y política.

El conflicto comenzó con una demanda de inconstitucionalidad presentada por Carlos Rubio contra el literal C del artículo 11 de la Resolución No. 72-DNOE, y se intensificó con recursos adicionales interpuestos por miembros del partido.

Entre ellos, César González, representando al presidente del PP, confirmó que también se han llevado acciones legales ante instancias electorales y administrativas.

El magistrado Carlos Alberto Vásquez Reyes, de la Corte Suprema de Justicia, será el encargado de analizar la demanda, una decisión que podría redefinir los requisitos de participación para los aspirantes a delegados de corregimientos y distritos dentro del partido.

César González manifestó su preocupación ante lo que calificó como una grave infracción a los estatutos del PP. Según explicó, las resoluciones que regulan el proceso electoral fueron aprobadas sin un consenso adecuado y en contradicción con las normativas internas del colectivo.

“La firma que represento, junto a Carlos Rubio, ha estado interponiendo una serie de acciones en representación del presidente del Partido Popular y de numerosos miembros. Esto porque el calendario para la escogencia de delegados de corregimiento y distritos se aprobó en contravención con los estatutos del partido”, afirmó González.

González agregó que además de la demanda de inconstitucionalidad, se han presentado recursos ante el Juzgado Primero Electoral Administrativo y la Dirección de Organización Electoral. Estos buscan invalidar tanto el reglamento como el calendario electoral. “Se han aprobado normativas de forma ligera, entre pocos miembros y desconociendo la voluntad de una cantidad considerable de militantes del partido”, señaló.

El Partido Popular convocó a elecciones para elegir 250 delegados de corregimiento y 250 delegados de distrito, quienes integrarán el Congreso Nacional del colectivo para los periodos 2025-2028 y 2025-2030, respectivamente.

Las resoluciones 003 CPN y 004 CPN de julio de 2024 sentaron las bases para la fecha, el reglamento y el calendario de las elecciones. Además, el Tribunal Nacional Ético-Electoral (TNÉ-E) del PP, bajo la supervisión del Tribunal Electoral (TE), emitió la Resolución No. 72-DNOE, que establece que los aspirantes deben tener al menos un año de afiliación para poder postularse.

El reclamo de Carlos Rubio

Carlos Rubio, quien lidera la demanda de inconstitucionalidad, sostiene que este requisito de un año vulnera los estatutos del partido, que solo exigen cuatro meses de afiliación para ser elegible como delegado.

Según Rubio, la resolución no solo contradice la normativa interna del PP, sino que también infringe derechos políticos fundamentales protegidos por la Constitución de Panamá y tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

“Establecer un término mayor al indicado en los estatutos infringe el derecho de elegir y ser elegido sin mayores obstáculos”, dijo Rubio. Asimismo, denunció que la resolución impone barreras que restringen la participación democrática de los afiliados.

El debate

El conflicto pone sobre la mesa un debate más amplio sobre la autonomía de los partidos políticos frente a las decisiones administrativas del Tribunal Electoral. Rubio argumenta que los estatutos del PP, al estar reconocidos por la Constitución como normativa interna con fuerza de ley, deben prevalecer sobre disposiciones administrativas.

El magistrado Carlos Alberto Vásquez Reyes deberá determinar si la Resolución No. 72-DNOE vulnera derechos fundamentales y si impone requisitos desproporcionados que afectan la equidad del proceso electoral. Su fallo podría sentar un precedente importante en materia de democracia interna y respeto a los estatutos partidarios.

Rubio concluyó haciendo hincapié en la importancia de esta demanda: “No solo buscamos reivindicar los derechos de los afiliados, sino también fortalecer los principios democráticos y garantizar que el sistema electoral interno de los partidos sea justo y transparente”.