‘Conviene la segunda vuelta para darle más legitimidad al presidente de la República’

Eduardo Valdés Escoffery es magistrado del Tribunal Electoral (TE) desde el restablecimiento de la democracia en el país, en 1990, por lo que ha sido un actor principal en las seis elecciones generales que se han realizado y, ahora, es el presidente del Plan General de Elecciones de 2024, la que sería su última participación. Con La Estrella de Panamá reflexiona sobre su experiencia, evalúa la democracia panameña y habla sobre la necesidad de la segunda vuelta, y elecciones intermedias

¿Usted tiene tres periodos, si no me equivoco, como magistrado del Tribunal Electoral. Cuál es su evaluación de estos procesos electorales? 

Estoy en el Tribunal desde el 1 de junio de 1990 y, por lo tanto, he podido participar en todas las elecciones y referendos que se han organizado en nuestro país desde la invasión. Mi evaluación de todos los procesos electorales llevados a cabo desde la primera elección parcial de enero de 1991, es que Panamá ha estado mejorando consistentemente el sistema electoral panameño a través de una Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), coordinada por el TE, que trabaja durante un año cada quinquenio, en un modelo único a nivel mundial en el que la sociedad civil y los partidos políticos buscan consensos para que el sistema sea más equitativo, eficiente, transparente, con rendición de cuentas y eficaz. Siempre se ha estado consciente que la Asamblea Nacional tiene la última palabra al momento de aprobar la reforma porque es el órgano que aprueba las leyes, al igual que ocurre en todos los países democráticos del mundo. Demasiadas personas piensan, erróneamente, que el TE es el que hace la ley electoral o que tiene suficiente poder para influir en la Asamblea para que apruebe la reforma que necesita el país. Esto último solo es cierto en temas muy técnicos y de logística pero las propuestas de reformas para que haya más equidad y para que los partidos grandes no tengan ventaja frente a sus adversarios, o para que los partidos, como un todo, no tengan ventaja frente a la libre postulación, no son aprobados simplemente porque no les conviene.

El Código Electoral panameño actual es inmensamente superior en casi todos los aspectos al que teníamos en 1990.  El único retroceso se produjo, lamentablemente, y es preciso reconocerlo, fue en la primera reforma de 1993 cuando la Asamblea, a iniciativa de unos diputados que eran mayoría y que pensaban que seguirían siéndolo en las siguientes elecciones después de la invasión, modifican la fórmula de representación proporcional en los circuitos plurinominales, generando una distorsión en el principio de representación proporcional que exige la Constitución Política en los circuitos plurinominales; y que ha estado generando insatisfacción, y con razón, entre los electores que votan en esos circuitos.

Producto de esa reforma de 1993, a los pocos años se demandó su inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, pero los magistrados de esa época no compartieron el criterio y dijeron que no era inconstitucional. Habrá que seguir demandando la fórmula hasta que nuevos magistrados lo reconozcan. Ya ha sucedido en el pasado porque la integración de la Corte va cambiando con los años y nuevas personas con nuevos criterios o menos compromisos con los partidos, son los que deciden sobre la inconstitucionalidad de las leyes. Así sucedió con el artículo que le daba el monopolio a los partidos políticos de postular para todos los cargos de elección mientras que los que aspiraban por libre postulación solamente tenían el derecho de postularse para los cargos a nivel de los gobiernos locales.

¿Hablar de procesos electorales es hablar de democracia. Cómo evalúa la democracia panameña? 

Desde la perspectiva de los organismos electorales, hablamos de democracia electoral o formal y, en esa función, nuestro mandato en Panamá, consiste en “garantizar la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular”. El Tribunal extiende una credencial a los candidatos que son proclamados en una elección en las que el pueblo es el que maneja la votación y hace el escrutinio, es decir, “los más de 30 mil ciudadanos que son reclutados y capacitados para ello. No son los funcionarios del Tribunal”. Demasiados panameños se olvidan de esta realidad de nuestro sistema electoral. Esa credencial que emite el Tribunal es la de “legitimidad”, pero no garantiza, bajo ningún concepto, que las personas electas por el pueblo serán honestas, eficientes y eficaces en el ejercicio de su cargo. 

Esa responsabilidad es del pueblo que votó por el que fue proclamado en cada cargo y circunscripción. De ahí que cada cinco años, es más importante promover, entre todos, incluyendo los medios de comunicación, el voto informado, es decir, que los electores no se dejen llevar por el clientelismo que implica la venta del voto y por lo tanto, su derecho a la libertad del sufragio. Tienen que pensar y reflexionar sobre cuáles son los candidatos que se merecen su voto, que es lo más importante como ciudadano el día de una elección; y, si tienen dudas, hay que buscar consejos con alguien que respeten como persona de bien, antes de decidir su voto para presidente, diputado, alcalde y representante de corregimiento; pensando en lo que le conviene al país antes de pensar en lo que le conviene a él o ella. De lo contrario, la brecha que divide a los pocos que tienen mucho, de los muchos que tienen poco, continuará creciendo porque el pueblo no está eligiendo a los mejores hombres y mujeres para manejar los miles de millones de balboas que están en el presupuesto nacional y que tienen que ser administrados pensando solamente en las necesidades de la población.

¿Panamá es uno de los pocos países de América Latina que no cuenta con segunda vuelta y el tema siempre sale a relucir en cada elección sobre todo por el porcentaje de votos que termina adquiriendo el presidente electo. Cuál es su opinión sobre la segunda vuelta y de instalarla o no en el país? 

Debemos estar claros en que para introducir la segunda vuelta presidencial o “balotaje”, se requiere una reforma constitucional. El tema es tan válido que ha sido adoptado en distintas modalidades en la mayoría de los países de nuestro continente y desde hace muchas décadas. Digo en distintas modalidades porque las reglas de la segunda vuelta presidencial no son iguales en todos los países de nuestro continente. En uno, hay que tener la mitad más uno de los votos válidos para ser electo. En otro, basta llegar al 40% si se tienen diez puntos porcentuales de diferencia con el segundo.

Mi opinión es que conviene la segunda vuelta presidencial para darle más legitimidad al presidente de la República, pero hay que estar muy consciente que eso no garantiza que la persona electa va a ser mejor que los electos con una mayoría relativa de votos en cuanto a su honestidad, eficiencia y eficacia, si el pueblo sigue votando por el que más le ofrece, respaldando la política de clientelismo.

En adición, quiero decir que el sistema del “balotaje” se importó a América Latina de Francia que tiene un sistema semi presidencial, en el que todos los diputados del Parlamento son electos en circuitos uninominales que también van a un “balotaje” o segunda vuelta, si ninguno de ellos saca en la primera elección la mitad más uno de los votos válidos. Esto implicaría otra reforma constitucional en lo que a la conformación y forma de elegir a los diputados se refiere.

Mi opinión es que hay que adoptar el sistema completo como se adoptó y practica en Francia, es decir, tanto el presidente de la República como los integrantes del órgano legislativo, deben ser electos en circuitos uninominales, y tienen que ir a una segunda vuelta si no obtienen la mitad más uno de los votos válidos emitidos o por lo menos la mayoría de los votos según una de las fórmulas que expliqué anteriormente.  Pero termino reiterando que, ese sistema, si fuese adoptado en Panamá, tampoco va a garantizar que las personas electas tengan, además de legitimidad (que es lo único que garantiza la doble vuelta), la honestidad, capacidad y eficacia necesaria para que ejerzan sus cargos en beneficio exclusivo del pueblo panameño.

Otra de las características de las elecciones en Panamá es que son generales, ya en el pasado se ha hablado de dividir las elecciones para elegir en otra fecha a las autoridades locales. ¿Qué piensa usted? 

Para las elecciones intermedias, como las tienen varios países de América Latina, también hay que hacer una reforma constitucional y hay que decidir si se quiere aplicar solo a las autoridades locales y/o a un porcentaje de los integrantes del órgano legislativo. Estados Unidos de América tiene elecciones intermedias para su congreso, por ejemplo, tanto para la Cámara Baja (los representantes) como para la Cámara Alta (los senadores). 

Yo estoy a favor de que las intermedias se apliquen tanto a un porcentaje de los gobiernos locales como de los diputados.  Es una forma de aprobar o desaprobar a mitad del período presidencial, la gestión gubernamental, tanto a nivel local como nacional, y representa una forma de control ciudadano sobre las autoridades, pero, solamente, si logramos que los electores abandonen la política del clientelismo; así es que regresamos a la importancia del voto informado.

¿El TE no ha escapado de las críticas ciudadanas. Cuál es su evaluación de la institución, considera que se deben hacer cambios en su estructura y en caso afirmativo, cuáles serían esos cambios que usted considera necesario?.

Ningún organismo electoral en América Latina está exento de críticas; es más, han arreciado en los últimos años en algunos países, proviniendo incluso de los gobiernos que fueron electos en procesos regentados por ese mismo ente electoral. La razón parece estar en que los ven como un obstáculo para perpetuarse en el poder, y no están interesados en que se garantice la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular, que rigieron las elecciones en las que ellos fueron electos.  

En Panamá, las críticas son cíclicas y giran, más que nada, en torno a la aprobación de las reformas electorales que se proponen cada cinco años. Las más recientes fueron en 2021 cuando se aprobó la reforma para las elecciones de 2024, y muchos comunicadores levantaron sus voces en contra del Tribunal reclamándole que no se ha parado más firme frente a las decisiones adoptadas por la Asamblea Nacional al variar el proyecto presentado por el Tribunal producto del trabajo con la CNRE; olvidándose que esa propuesta contiene todo un paquete de reformas con muchísimos avances cada cinco años, los cuales no se pueden sacrificar porque uno o dos temas, por importantes que sean y lo son, como lo expliqué previamente, no han recibido el respaldo de la mayoría de los diputados, tal como se anticipaba. 

¿Cuáles son los principales objetivos y desafíos que enfrenta en la planificación de los próximos comicios?.

El primero de los retos del PLAGEL cada cinco años, es la elaboración del decreto reglamentario que regirá para las elecciones, incorporando las últimas reformas que se han aprobado. Son temas nuevos que hay que incorporar y sobre los cuales no hay casi experiencia por su propia naturaleza, y se deben estudiar e investigar cómo se han implementado en otros países. Hay algunas que no existen en ningún país y Panamá es el primero que las introduce.  

El trabajo de preparar el borrador de ese decreto, toma mínimo seis meses trabajando 4 horas diarias de lunes a viernes con un equipo técnico de asesoría legal, de organización electoral y de aquellas otras direcciones directamente relacionadas con los temas reformados. Es un documento tan largo que le llamamos el “decretón” porque hemos preferido tener en un solo decreto, por largo que sea, todas las diferentes reglamentaciones que se han ido expidiendo sobre los temas que pueden incidir en una elección. El PLAGEL cubre tres años incluyendo el de las elecciones, es decir, 2022, 2023 y 2024 en esta ocasión, así es que desde el 2021 tenemos que preparar el presupuesto detallado de las actividades que se harán con su respectivo costo en el primer año de PLAGEL. Es decir, realmente son 4 años de preparación y dedicación para supervisar a cada una de las comisiones que integran el PLAGEL porque no todas se activan a la vez sino de manera escalonada.

¿Qué medidas específicas se están tomando para garantizar la integridad y la transparencia en las elecciones del 2024? 

La medida más importante e innovadora que se ha adoptado para darle plena transparencia e integridad a las elecciones es la decisión de crear, para la ciudadanía, un sitio web que estará disponible desde el mismo día de la elección, donde estará una base de datos de imágenes con la copia de cada TER (Transmisión Extraoficial de Resultados), acta y lo más innovador, de las hojas de control público del escrutinio que se usan en cada mesa de votación para cada tipo de elección, pues los votos anotados en esas hojas son los que se tienen que anotar en cada acta. Esto lo ensayamos con éxito en las primarias, y no se hace en ninguna parte del mundo porque se conservan las boletas de votación para los casos de impugnaciones; pero como en Panamá se queman las boletas escrutadas, no se puede hacer ningún recuento de boletas, excepto que ahora vamos a compartir con toda la ciudadanía, la fuente de los votos que hay en cada acta, que son las hojas de control público del escrutinio que las alimenta. 

Y no solo vamos a compartir las imágenes de esas hojas, sino que vamos a recuperar las originales para que sirvan como prueba en caso de impugnaciones.  Dicho de otra forma, cualquiera persona, candidato o partido, que tenga dudas sobre el contenido de un acta, podrá consultar el sitio web para comprobar si las cifras por candidato y partido que aparecen en las hojas de control público del escrutinio son las mismas que están en el acta. 

Esto es algo sin precedentes en nuestro país y será una garantía decisiva para la ciudadanía sobre la transparencia total de la elección.

Dada la creciente importancia de la tecnología en los procesos electorales, ¿cómo se asegura de que los sistemas utilizados sean seguros y confiables? 

El código fuente de las aplicaciones para transmitir el TER es auditado no solo por nuestros asesores externos en materia de ciberseguridad sino por una empresa internacional de prestigio y por la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP). Igual ocurre con el voto electrónico y por internet. 

¿Cómo planea fomentar la participación ciudadana en las elecciones de 2024 y asegurarse de que los ciudadanos estén bien informados sobre los candidatos y las propuestas? 

Como parte del voto informado, se viene exigiendo a cada candidato que entregue bajo juramento, su hoja de vida y sus planes y propuestas en caso de resultar electo. Esa información es ofrecida a los interesados a través de la página web del Tribunal y del “verifícate”. Cuando los electores consultan el “verifícate” para saber su centro y mesa de votación, se les presenta la oferta de candidatos que tiene en el corregimiento donde vota para todos los cargos: presidente, diputado, alcalde y representante, y concejales donde se eligen, cada uno de ellos con su hoja de vida y propuestas. El problema es que a la mayoría de los votantes no les interesa leer ni pensar por quién va a votar.

Por eso, haremos mayores inversiones en la campaña del voto informado para combatir el clientelismo, y hemos hecho una alianza con los clubes cívicos y su comisión nacional de rescate pro valores éticos y morales, invirtiendo en estudios de opinión o focus groups con la juventud a fin de obtener información cualitativa que nos permita diseñar mejor el plan de medios dirigido a promover el voto informado, particularmente con la población entre 18 y 40 años que es aproximadamente el 49% del padrón electoral. 

¿Existen iniciativas específicas para garantizar la representatividad y la inclusión en el proceso electoral? 

Todos los organismos electorales en países democráticos, tenemos dentro de nuestras preocupaciones el tema de la inclusión y tiene dos enfoques: 1. Facilitar el sufragio a las personas que tienen alguna discapacidad que les dificulte el ejercicio del sufragio; y 2. Facilitar el sufragio con el voto domiciliario que ya he explicado.

Desde que arranca PLAGEL, una comisión hace acercamientos con los diferentes grupos que existen de personas que tienen alguna discapacidad, para que se registren oportunamente con el Tribunal con el fin de prepararnos y atenderlos el día de la elección en el centro de votación donde les corresponde votar. Esa cifra ha crecido paulatinamente y hoy nuestra base de datos tiene a 155,717 panameños registrados.

Por primera vez, algunos de sus grupos y SENADIS estuvieron participando en la CNRE en el 2020, haciendo propuestas para que se tomaran en cuenta sus diversas realidades, y, hasta donde recuerdo, todas sus sugerencias se aprobaron, por lo que ya están en el Código Electoral. El voto adelantado por internet, por ejemplo, se hizo extensivo a las personas con discapacidad para ahorrarles la incomodidad de ir a su centro de votación, pero si bien algunos se inscribieron, la inmensa mayoría prefiere hacer el esfuerzo de salir a votar como lo hace el resto de los electores.

¿Cuáles considera que son los mayores desafíos que enfrenta el Tribunal Electoral en la actualidad, y cómo planea abordarlos? 

El mayor desafío que tienen todos los procesos electorales hoy en día, es la desinformación a través de las redes sociales, y Panamá no se escapa a esa realidad. Para hacer frente a ese reto, creamos en 2018 la Unidad de Medios Digitales (UMD) y se establecieron procedimientos para hacer denuncias y para suspender contenidos falsos o violatorios del Código Electoral. Cuando arranca el período de campaña, esa unidad, que ahora se llama Centro de Estudios y Monitoreo Digital (CEMD), tiene personal las 24 horas los 7 días de la semana, utilizando la más moderna tecnología para monitorear esas posibles violaciones. Además, se han establecido hipervínculos con las empresas dueñas de las redes para poder comunicarnos con ellos de manera expedita y actuar en dos posibles vías: invocar las reglas de la plataforma para bajar propaganda o cerrar cuentas, o para comunicar decisiones judiciales ordenando esas medidas. Para las elecciones de 2014 se adquirió mucha experiencia que luego sirvió para apoyar a otros organismos electorales de América que nos pidieron asesoría o asistencia técnica.

¿Qué estrategias se están implementando para educar a los ciudadanos sobre el proceso electoral y sus derechos como votantes? 

El Tribunal invierte importantes sumas de dinero para promover la participación en las elecciones y en explicar cómo se vota. Esa inversión ahora se desdobla en medios de comunicación tradicionales y en medios digitales, buscando creativamente cómo llegar a una juventud que hasta hace poco estaba muy indiferente pero que; sin embargo, ha demostrado que ha salido de su letargo e indiferencia frente a la política, para enfrentar el problema de la minería en el mes de noviembre. Quiero creer que lograremos un incremento en la participación electoral el 5 de mayo de 2024 frente al 73% de 2019 y podamos superar el 80%.

 ¿Después de tantos años en el Tribunal Electoral, ¿hay algún logro o contribución específica de la que se sienta especialmente orgulloso durante su tiempo en el cargo? 

El logro evidente es haber tenido la oportunidad de servir de memoria institucional para darle continuidad a todos los planes de modernización que se han llevado a cabo desde 1990, primero elegido por la Corte Suprema de Justicia entre 1990 y 2006, y luego por el Órgano Ejecutivo con dos presidentes de diferentes partidos y adversarios tradicionales, de diciembre de 2006 a los primeros días de enero de 2025.

El Tribunal Electoral ha sido pionero dentro del sector público en Panamá y en el continente en el uso de tecnología en beneficio de la población pues hay que recordar que la institución es responsable del registro civil y de la cedulación, que brindan un servicio público diario al margen de organizar elecciones cada cinco años y de los referendos que se han tenido que organizar.

Por otra parte, Panamá es el único país en el mundo que ha podido institucionalizar un proceso de reforma electoral a través de un modelo único de trabajo de sinergia entre los partidos políticos y la sociedad civil, que ya es un mandato en el Código Electoral, y ese solo hecho es algo que a todos los panameños debe darnos mucho orgullo porque lo envidian en el exterior.