‘Situación de la niñez en Panamá está en riesgo’

La situación de la niñez en Panamá está en riesgo. Así lo calificó el Comité de Derechos de la Infancia de las Naciones Unidas la situación del país en relación a varios delitos en contra de la población infantil, como es el caso de la explotación sexual, turismo sexual, grooming y la pedofilia. En dicho informe, el comité emitió varias observaciones en las que señaló ‘preocupaciones serias por el desmesurado número de niños en vulnerabilidad’, lo que hace retomar la mirada en las políticas de seguridad que se implementan para proteger a nuestros niños. A punto de efectuar el relevo gubernamental, la abogada Rosaria Correa, también al mando del Observatorio contra la explotación sexual contra Niños y Adolescentes de la Universidad de Panamá y miembro electo de dicho comité de las Naciones Unidas, espera enmendar las falencias existentes en la recolección de datos, estadísticas e investigaciones en contra del crimen organizado que deben efectuar las autoridades.

Hay que entender que el estado panameño tiene un compromiso con la Convención de los Derechos del Niño que establece una integridad de los derechos a los que hay que dar una mirada de protección integral. En ese sentido, cuando abordamos el fenómeno de explotación sexual de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) estamos pensando no sólo en atención a lo que ha ocurrido, sino en trabajar de manera sostenida y articulada para la prevención, atención, detección y reparación de las víctimas. En ese sentido, es importante que las nuevas autoridades lean los informes y que se haga una revisión en los diferentes comités existentes de lo que se ha avanzado.

Hemos logrado una ley de sistema de garantías y protección integral a la Niñez, la 285, pero no es mágica. Observo que el Estado o la comunidad piensan que la ley es una fórmula mágica solo por su existencia. No es así, es un instrumento para dar respuestas de manera eficaz, pero hay que trabajar de forma armónica, articulada. Uno de los ejes que hay que incorporar con fuerza es el de seguridad porque los niños que viven en entornos de pobreza en áreas marginadas y provincias particulares donde hay turismo son vulnerables y son presa fácil para el crimen organizado. El crimen organizado tiene presencia en todo el mundo, en Panamá también. Una incorporación de los enfoques de seguridad en las políticas públicas de niñez es fundamental. La política de seguridad que se vaya a instalar debe tener un enfoque de la niñez, no puede ser desarticulada.

Tengo el deber de explicar que soy miembro electo del comité de derechos del niño de la ONU, pero en los informes de Panamá estoy impedida de participar porque soy del país. El comité recibe un informe del Estado con estadísticas y situaciones que plantea el Estado y luego recibe informes alternos de otras fuentes. El comité está diciendo que está preocupado por el número de niños en situación vulnerable. Ahí hay que prestar atención, porque así como vemos casos, tal vez aislados, en los desaparece una niña y luego aparece en otro país, indica que hay niños en Panamá que están siendo presa fácil del crimen organizado por su situación de vulnerabilidad. Lo que le preocupa al comité es la situación de migración en la selva de Darién, seguro se están dando situaciones que no conocemos. Hemos visto niños que ingresan desde Ecuador, Venezuela, sin documentación o que viajan en grupo o solos. Hay que tener la mirada crítica y maliciosa de por qué ese niño está viajando solo, pudo haber sido vendido o que utiliza la excusa del derecho a migrar cuando en realidad se está cometiendo un crimen que es parte de una organización.

Según el informe de los derechos del niño, Panamá está en una situación de riesgo. El hecho de que las instituciones piensen que las estadísticas no arrojan denuncias, no quiere decir que no hay que blindar estas situaciones. Somos un país de tránsito. Si queremos mejorar en el tema de turismo, es necesario incorporar en las políticas de la materia el enfoque de protección de la niñez. Hay plataformas externas, de las que se conoce a raíz de casos en otros países, que facilitan al crimen organizado la explotación de niños en esos lugares. Por ejemplo, cómo controlas un alquiler de viviendas a través de una plataforma si no sabes quién entra y sale de ahí. El implementar de mejor forma el registro de ofensores (ley 244) porque las organizaciones que trabajan con niños, transportes, buses colegiales y academias, deben pedir el certificado de no ofensor como estrategia de prevención. El que tiene su registro puede trabajar con niños, quien no lo posea, no lo contratan.

Un país debe revisar las deficiencias que nos están señalando para mejorarlas. Tenemos muchas. Primero nos reconocen que hemos avanzado con la legislación, con contar con un Observatorio independiente y con haber dado seguimiento al desarrollo del sistema. En las deficiencias podemos señalar el registro de datos, la estadística y la coordinación.

En las áreas turísticas, Bocas del Toro, áreas de playa y el tema del Darién.

Eso no lo sabemos. Tenemos que identificar eso.

Nosotros estamos desarrollando desde hace cinco años metodologías de cooperación en el Observatorio de la Universidad de Panamá y esperamos que [esto] no se pierda con el nuevo gobierno. Pueden estar ocurriendo situaciones que no se conozcan de forma oficial en la forma de cómo estamos capturando los datos, las estadísticas. Hay que hacer una revisión estadística. Conocemos lo que se denuncia, pero la política pública para erradicar el fenómeno criminal, muy lucrativo y presente en toda la región, debe perfilar el lápiz en la detección de estos casos, no esperar la denuncia. Esa detección implica una serie de estrategias de seguridad con un enfoque apropiado para la niñez y la niñez migrante para implantar mecanismos e identificar a las víctimas.

Tenemos que estar a la vanguardia.

Tenemos que tener más voluntad política como Estado. Las instituciones y los estamentos de seguridad deben trabajar más de lo que lo están haciendo.

Son situaciones que se pueden dar. Cuando hay crimen organizado hay personas con contactos en diferentes instituciones, eso podría estar ocurriendo. Cuando estamos en una situación de verificación de frontera, por ejemplo, hay que tener mucho más cuidado, las fronteras son porosas, hay espacios que aprovecha el crimen organizado.

Sin conocer las incidencias del caso, hay que enviar un mensaje a las familias y a los vecinos, porque hay que estar en constante comunicación y vigilancia con los niños. No podemos pensar que estarán exentos de ser captados por el crimen organizado en sus casas. Nos lo está diciendo el comité, tenemos que trabajar sobre una estrategia en entornos digitales. Lo más seguro es que esta niña estaba en una situación de vulnerabilidad, desconozco cómo estaba su salud mental, pero participaba en un juego en el que se comunica con personas que tal vez se hacen pasar por niños, y no lo son. Hay que observar a los niños, es lo más probable que haya ocurrido, y se juntó con alguien que burló las fronteras. El crimen está bien organizado y conoce las rutas, por eso hay que reforzar la frontera terrestre. La situación de la violencia que se genera en los hogares puede estar expulsando a los niños de casa. Los pone en bandeja de plata al crimen organizado. Entre sus miembros hay profesionales, ya se ha identificado en otros países que en viajes de turismo familiares, uno de sus miembros puede ser un explotador sexual.

Se han detectado, el Ministerio Público lo ha dado a conocer.

Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos. Por eso es importante mejorar la política pública de seguridad para identificar mejor la situación.

Tenemos una deuda como país en la ley de ciberseguridad y la tipificación de delitos como grooming, de explotación en línea. Si bien la ley 285 establece el derecho a la protección contra la violencia digital, hay una deuda.

El tema es que asemejarlo a un tipo penal al final en el proceso se puede caer el caso porque no encaja en el tipo. Por eso también, una de las estrategias del observatorio es tipificar el delito. Pero la ley no está planteada en Panamá, tenemos que trabajar en ella y eso involucra también la participación de las empresas. No solo trabajar en la tipificación criminal sino, como propuesta personal, sugiero incorporar en el currículo educativo una materia para los niños de acuerdo a su edad en educación en entornos digitales. Es una realidad que esta generación tiene acceso a la tecnología y hay que educarlos para que aprendan a protegerse e identificar esos espacios de riesgo. Quién mejor que los propios niños para construir ese instrumento de protección, por eso hay que trabajar una política de educación en ese sentido.

En la mayoría de los países se trabaja con ellos porque también es parte de su responsabilidad. Por parte del Observatorio de la Universidad estamos empezando a hacer ese tipo de conversaciones.

El gobierno debe empezar a hacerlo.

Estamos elaborando un cuestionario para enviarlo a la Dirección de Investigación Judicial, que es el ente que se encarga de este registro, no porque queramos conocer la identificación de las personas, sino para saber cómo está funcionando.