Indígenas reclaman viviendas por inundación de sus tierras

Después de seis años que AES Changuinola cerró las compuertas de la hidroeléctrica Chan I e inundó la zona, los indígenas siguen reclamando sus derechos.

A pesar de múltiples reuniones, tanto en Presidencia como en la Cancillería, y luego de la firma de un acuerdo tripartito, los indígenas alegan que la empresa ha incumplido su parte.

El pasado 9 de marzo, se reunieron con la Cancillería de la República y salieron insatisfechos. Para Ernesto López, uno de los dirigentes indígenas que participó en el encuentro, ‘no se ha avanzado en nada'.

López se refiere a un acuerdo firmado en noviembre de 2009 con el entonces vicepresidente —ahora presidente Juan Carlos Varela—, las comunidades indígenas afectadas y la empresa, que estuvo representada por Jaime Tupper Bracho.

López se refiere específicamente de la cláusula décima del acuerdo que establece que la empresa AES Changuinola se comprometió a ‘ofrecer la ayuda apropiada a familias para una reubicación temporal, a partir del momento en que éstas abandonen su hogar (…) hasta que se les haga entrega formal de su vivienda definitiva'.

El dirigente alega que hay familias que no han recibido esa ayuda temporal, ni tampoco les han construido una vivienda permanente.

‘Nosotros cumplimos con salir de nuestra propiedad para permitir que el proyecto iniciara operaciones, pero la empresa no ha cumplido', reiteró López.

López también hace referencia al acuerdo firmado el 3 de junio de 2016 entre las tres partes (empresa, Gobierno e indígenas), para el reinicio de la construcción de diecinueve casas en Charco La Pava y siete en Changuinola Arriba, dos de las comunidades afectadas, en un plazo de tres meses, a partir del 8 de junio del año pasado.

Las autoridades gubernamentales, añade López, tampoco hacen nada para exigir que la empresa cumpla, ‘porque vamos a las reuniones con ellos y siempre nos tienen un cuento nuevo', insiste.

Además de la reubicación permanente, AES estaba obligada a pagar una indemnización a los indígenas por la inundación de sus tierras.

Los indígenas son asesorados legalmente por el abogado Víctor Martínez, quien dijo que si bien es cierto que la empresa ha cumplido con el pago de las indemnizaciones, ha incumplido con los gastos de reubicación temporal y las soluciones de vivienda permanente.

‘Ellos consideran que al pagar las indemnizaciones ya no tienen que cubrir los gastos por la reubicación temporal, pero el acuerdo dice que deben cubrir esos gastos', recalcó el abogado.

Martínez cuestiona a la Cancillería porque, a su juicio, no le ha puesto ‘el empeño necesario' para que se cumpla con lo pactado. Incluso, dijo, la última reunión que sostuvieron el pasado 9 de marzo, tuvieron que esperar casi dos horas para que los atendieran.

‘Nos convocaron a una reunión a las 9:00 de la mañana y eran las 11:00 y ninguna autoridad se inmutaba en atenderlos, a pesar que nos habían hecho pasar a una sala', recordó.

La reunión en la Cancillería fue convocada por el viceministro de la Presidencia, Salvador Sánchez, mediante una nota enviada a Martínez, el 22 de febrero de 2017.

Otro punto que los indígenas reclaman es la creación de un fideicomiso producto de la certificación de créditos de carbono por la puesta en marcha del proyecto, contemplado en el acuerdo firmado en noviembre de 2009.

El documento establece que los fondos deben ser invertidos en actividades de protección del Bosque Protector Palo Seco, en Changuinola, y el desarrollo y mejora de la calidad de vida de las comunidades afectadas.

Hasta la fecha, el fideicomiso no ha sido creado y el punto fue tocado en la reunión del 9 de marzo. Después de tantos años, ese día, las autoridades de la Cancillería dijeron que los indígenas no habían presentado la solicitud del fideicomiso ante el Ministerio de Ambiente.

LA VERSIÓN DE AES

La empresa AES Changuinola informó que ha entregado 331 soluciones de vivienda, a través de acuerdos formales de un total de 357, por un monto de $9.4 millones.

‘Actualmente estamos construyendo las últimas 19 viviendas y nos mantenemos en coordinación con el Estado panameño y los representantes de las comunidades indígenas, para entregar siete, que se encuentran en un 100%'.

La empresa reconoce que aún tiene pendiente la entrega de veintiséis viviendas, que están en proceso de construcción.

‘A pesar de haber realizado compensaciones individuales por casi $30 millones, vemos con preocupación que las expectativas de compensaciones individuales permanecen vigentes y hemos detectado que éstas corresponden a personas que durante la construcción de Changuinola I eran menores de edad, vivían en otros sitios, ya habían sido compensadas o no sufrieron afectación', señala la empresa.

En cuanto al reclamo de los gastos por las soluciones de vivienda temporales, la empresa dijo que entre 2009 y 2011 entregó la ayuda apropiada para el desmantelamiento de viviendas existentes, limpieza y nivelación de terrenos y construcción de viviendas temporales por un monto de $3.4 millones.

La empresa informó que la certificación de créditos de carbono para constituir un fideicomiso resultó económicamente no viable, sin embargo, contribuye económicamente ‘a la protección del Bosque Protector Palo Seco y en el desarrollo y mejora de la calidad de vida de las comunidades que allí se encuentran'.

Según la empresa, deposita anualmente, dentro de los tres primeros meses del año, hasta la finalización del Contrato de Concesión Parcial del Bosque Protector de Palo Seco, la suma de $693,435, en el Fondo de Áreas protegidas y Vida Silvestre, como pago por el derecho por la Concesión Parcial de Administración derivada del Contrato de Concesión. Dicho canon será incrementado en un 5% cada siete años.

ACUERDO E INDEMNIZACIÓN

En mayo de 2011, AES cerró la compuerta del proyecto

Los indígenas se opusieron a la hidroeléctrica porque inundaba sus comunidades.

Se firmó un acuerdo en 2009 para reubicarlos, pero aún siguen luchando por sus derechos.