La SIP está en alerta por decomiso de las acciones de Editora Panamá América

La libertad de prensa en Panamá y el derecho del público a la información está en un limbo, con la decisión de la jueza segunda liquidadora de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, Baloisa Marquínez, según expresan la Sociedad Interamericana de Prensa (SPI) y organizaciones locales.

La jueza determinó disolver las dos sociedades y el comiso de las acciones de la casa Editora Panamá América, S.A. que imprime los diarios Panamá América, Crítica y Día a Día. La decisión está incluida en el fallo que condena a Ricardo Martinelli a 10 años y 6 meses de prisión.

“La propiedad privada de un medio es indispensable para garantizar la libertad de prensa y el derecho del público a la información”, subrayó Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, en un comunicado.

“Si bien somos respetuosos de las decisiones judiciales y habrá que esperar por otras instancias de la causa, nos preocupa que los panameños pierdan una fuente importante de información y qué estrategia adoptará el gobierno en caso de que se ratifique la condena de incautación”, agregó.

Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, dijo que “la SIP estará atenta al desarrollo del caso, vigilará el debido proceso y el papel que el gobierno jugará sobre el futuro del grupo editorial, así como la transparencia del proceso”.

Desde 2017 la SIP ha incluido en sus informes sobre la libertad de prensa el conflicto judicial por la compra de Epasa.

El caso fue parte de resoluciones y los ejecutivos de Epasa expusieron sus puntos de vista en las asambleas de la organización.

Esta organización sin fines de lucro dedicada a defender y promover la libertad de prensa y expresión en las Américas está integrada por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami.

Por su parte, La Asociación Panameña de Radiodifusión, la Asociación de Periodistas de Chiriquí, el Fórum de Periodistas de Panamá y el Consejo Nacional de Periodistas expresaron la noche del 18 de julio, tras conocerse el fallo del caso New Business, que las autoridades panameñas deben tener un plan de acción para la Editora Panamá América, S. A. (Epasa).

Esa “condena, dada en primera instancia, es apelable por lo que aún no se consumará la apropiación de Epasa a favor del Estado panameño”.

Por ello, mientras el caso siga su proceso judicial, Epasa debe continuar operando sin impedimentos, cumpliendo con sus obligaciones contractuales y laborales, y “asegurar el bienestar de los colaboradores de la empresa”.

De confirmarse el comiso de Epasa, recuerdan que una democracia vibrante exige diversidad de medios y fuentes de información independientes al Estado, por lo que sería contraproducente que controle Día a Día, Crítica y Panamá América.

La juzgadora también sancionó a Martinelli con el pago de $19,2 millones como pena accesoria por la compra del grupo Editora Panamá América, el conglomerado de tres medios escritos que adquirió en diciembre de 2010, a través de interpuestas personas con dinero procedente de la comisión de delitos contra la administración pública.

El fiscal de la causa Emeldo Márquez señaló que uno de los delitos cometidos por Martinelli, y las otras cuatro personas que recibieron penas de entre 60 a 96 meses de prisión, fue encubrir el dinero ilícito proveniente de fondos del Estado en diferentes tiempos, pero con el mismo propósito, que fue asegurar la compra de Epasa mediante dinero “originado de delitos contra la administración pública”.

La defensa de Ricardo Martinelli, condenado en primera instancia a 10 años y medio, por usar dinero público para la compra de Editora Panamá América, querelló penalmente a la jueza segunda liquidadora, Baloisa Marquínez.

Alejandro Pérez denunció que a Editora Panamá América, sin estar sindicada, sin haber sido investigada ni acudido como parte del proceso, se le está imponiendo la sanción de expropiación, lo que es de conocimiento internacional.

En el fallo del tribunal se ordenó el comiso y la disolución de las sociedades de Editora Panamá América.

En la querella penal presentada por los abogados de Martinelli se acusa a la jueza Baloisa de la supuesta violación al tratado de extradición entre Panamá y Estados Unidos que le concedió a Martinelli el “principio de especialidad” cuando retornó de Estados Unidos.

La defensa de Martinelli señaló que la jueza reconoció el ¨principio de especialidad¨, sin embargo, valoró pruebas que violaban este principio. “Existe un período en el que ella reconoce que Ricardo Martinelli tenía este principio de especialidad y se incorporaron pruebas ilícitas que tomó como ciertas y son parte de la sentencia en contra de Ricardo Martinelli. Hay una violación flagrante al tratado de extradición”, denunció Alejandro Pérez. Los servidores públicos deben garantizar los derechos de los ciudadanos que son sometidos al sistema de justicia, afirmó Pérez. “Ella ha violado, ha pisoteado e ignorado la especialidad del expresidente Martinelli”.