Nacional de Seguros: las fianzas que no aseguraban

Nacional de Seguros (Nase) de Panamá y Centroamérica es una empresa que nació con la misión de ofrecer productos de seguros masivos (automóvil, accidentes personales, incendios, entre otros).

La empresa experimentó un dinámico crecimiento con la venta de primas de seguros de automóviles, por sus precios accesibles. Pero con el tiempo, las pérdidas sufridas en dicho ramo obligaron a la empresa a dejar de comercializar el producto. En el camino encontró un nicho de negocios en las fianzas, específicamente en las licitaciones del Estado.

De acuerdo con las estadísticas de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, a diciembre de 2016 la aseguradora tenía suscritas 12,494 pólizas de automóviles que representaban $1,836,046 en primas. Los siniestros (daños que la aseguradora tiene que afrontar porque fueron ocasionados por sus clientes) para ese periodo alcanzaron $1,597,563.

En otras palabras, el 87% de las primas suscritas se usaba para cubrir los reclamos por siniestros, esto sin contemplar la comisión pagada a los corredores que en promedio es de 20%, ni los gastos administrativos que generalmente rondan el 12%. Ya, en este momento, la empresa empezaba a perder alrededor de $0.20 por cada dólar que entraba.

Un año después (2017), la situación empeoró. Después de dejar de vender el producto de pólizas de automóviles, la empresa continuaba con la obligación de hacerle frente a las pólizas vigentes, lo que complicó el panorama para 2017.

Las estadísticas de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros reportan que la aseguradora registró un acumulado de primas de automóvil de apenas $150.317. Pero los siniestros alcanzaron $1.064.523, lo que representaba un porcentaje de pérdida considerable en el ramo de automóviles. Esto representa pérdidas por 708% en el ramo de automóviles. En otras palabras, de cada dólar que la aseguradora recibía, perdía 700 veces más.

La empresa dio entonces un giro hacia la comercialización de fianzas que es un ramo rentable también, pero que tiene un alto riesgo ya que requiere de un manejo con conocimiento técnico robusto, supervisión continua y respaldo de compañías de reaseguros de primer nivel.

Es por esta razón que la junta directiva de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, mediante el Acuerdo Nº 02 del 21 de junio de 2016, en su artículo 17, dispuso como requisito para las aseguradoras, la creación de un comité de fianzas que debía estar integrado por miembros de la junta directiva, la alta gerencia, y ejecutivo responsable de las fianzas, entre otros.

El comité debía establecer las estrategias políticas y procedimientos de suscripción del producto de fianzas, así como la calificación de las garantías de recuperación de estas. Además, debía mantener el control y revisión de las normas, políticas y procedimientos, así como vigilar la suscripción de fianzas. Debía reunirse para atender las solicitudes, dar seguimiento a obras relevantes y a los reclamos significativos.

En diciembre de 2016, la empresa Nacional de Seguros (Nase) reportaba la emisión de 3.454 fianzas que respaldaban contratos tanto en el sector público como en el privado, con primas por un monto de $10.746.785.

Para ese mismo periodo, los reclamos presentados por beneficiarios de diferentes contratos, que eran respaldados con fianzas emitidas por la aseguradora ascendían a $2.815.280. Para entonces el negocio parecía ser muy rentable para la aseguradora.

Un año después, al cierre de diciembre de 2017, la aseguradora ocupaba la cuarta posición en el mercado de fianzas. Ese año reportó $11.175.238 en primas emitidas, lo que equivalía a un 8,4% del mercado.

Sin embargo, el negocio empezaba a encender las alarmas: la empresa ocupaba la segunda posición en el rango de siniestros de fianzas. Para ese periodo reportó $2.149.432 en reclamos por siniestros, lo que equivalía al 5,8% del mercado. Es decir, que tenían un alto volumen de reclamos al compararse con otras empresas que eran líderes en el ramo. En ese momento la Internacional de Seguros ocupaba la primera posición por primas emitidas para fianzas. Pero era la décima en reclamos del mismo renglón.

Otras situaciones complicaron más el panorama de la aseguradora. Hubo obras estatales, que habían sido afianzadas por la aseguradora, que terminaron en reclamos que no fueron honrados. Dos entidades procedieron, de acuerdo con la ley de contrataciones públicas, a presentar recursos de inhabilitación.

El 9 de julio de 2021, la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa) resolvió inhabilitar por tres años a la aseguradora Nase por incumplir un contrato de $20,4 millones para la construcción de la línea de transmisión Mata del Nance, Boquerón y Frontera, luego de otorgarle múltiples oportunidades para que en su calidad de contratista concluyera la obra.

Mediante un recurso de apelación, la aseguradora recurrió la decisión de Etesa ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas. El 28 de abril de 2022, el tribunal confirmó la decisión de inhabilitar a la empresa, advirtiendo a ambas partes que esta resolución agotaba la vía gubernativa, con la salvedad de una acción ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

A partir de este momento, la empresa no podía seguir emitiendo fianzas para el Estado, pero debía continuar con las obligaciones de las emitidas. Así lo establecía la Dirección de Contrataciones Públicas consultada por La Estrella de Panamá.

“Se colegía que los inhabilitados no podrían participar en ningún procedimiento de selección de contratista... Sin embargo, “todos aquellos contratos que se encuentren en ejecución no serán afectados por la inhabilitación, en estas circunstancias el contratista deberá completarlos”, explicó la institución. La aseguradora, sin embargo, no se abstuvo de seguir emitiendo fianzas para el Estado.

La aseguradora recurrió la decisión de ambas instituciones ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. La sala no accedió a la solicitud de suspensión provisional de la acción del Meduca. En el caso de Etesa, la sala está por resolver la admisión de la demanda de Nase.

Otra entidad del Estado que se apegó a lo establecido en la ley, que también inhabilitó a la aseguradora Nacional de Seguros (Nase) fue el Ministerio de Educación. El 18 de abril de 2022, el Meduca resolvió administrativamente el contrato para la construcción del Centro de Educación Básico General Miguel Alba, ubicado en Soná, provincia de Veraguas, que le había sido adjudicado por $10,2 millones.

La construcción se adjudicó el 24 de septiembre de 2015, para ser concluida en 660 días. Pero la obra tuvo retrasos importantes e incluso denuncias de malos manejos. El 12 de mayo de 2017, la aseguradora acogió el reclamo y asumió el contrato, sin embargo, no demostró interés en el cumplimiento de los compromisos, según Meduca.

En un caso similar, el 24 de agosto de 2016, el entonces contralor general, Federico Humbert, advirtió mediante un memorando a las instituciones públicas que se abstuvieran de aceptar fianzas de una aseguradora que por aquellos días también había sido inhabilitada por incumplir obligaciones, tratando así de aminorar las pérdidas que el erario público pudiese sufrir. La aseguradora, sin embargo, no se abstuvo de seguir emitiendo fianzas para el Estado.

Durante el proceso de recolectar información, La Estrella de Panamá constató la emisión de fianzas en por lo menos dos licitaciones estatales, meses después de la inhabilitación. La más reciente emitida por Nacional de Seguros (Nase), con el número 04-01-967050-0, el 23 de septiembre de 2022, para el consorcio GIMMA DESTACA para garantizar el estudio, diseño y construcción del nuevo muelle fiscal de Puerto Armuelles, distrito de Barú.

La semana pasada, el ente regulador de la industria ordenó la toma de control administrativo de la aseguradora Nacional de Seguros. Los problemas no son nuevos. En la resolución OAL, del 20 de octubre de 2022, el regulador manifiesta que el 19 de noviembre de 2021 ordenó el proceso de regulación a Nase por incurrir en la causal número 6 del artículo 85 de la ley de seguros, que establece: “que existen prácticas de gestión que pongan en graves riesgos los recursos e intereses de los contratantes o asegurados”.

En Panamá, la mayoría de las aseguradoras que han terminado intervenidas o en quiebra, ha sido como resultado del mal manejo de fianzas. Por ejemplo, Seguros Constitución, La Floresta y Seguros BBA.

No es común que una empresa del sector financiero, en su junta directiva presente cambios constantes. De la junta directiva original de Nase solo se mantiene uno de sus miembros. Más de 14 de ellos, a lo largo de una década, han salido.

Según el regulador, todos los miembros que componían la última junta directiva renunciaron a sus puestos, en medio del proceso de regulación ordenado para la empresa.

Un exmiembro de la directiva de la aseguradora está en la junta directiva del ente regulador del sector. 'La Decana' intentó, sin éxito, obtener una versión de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros. Al mismo tiempo se intentó contactar a la empresa.