Los riesgos de los migrantes frente al crimen organizado

Los migrantes irregulares que cruzan la selva de Darién están expuestos a riesgos graves que ha impulsado a las Defensorías de Colombia y Panamá a declarar alerta temprana binacional Panamá-Colombia. En el texto, que antecede ocho meses de investigación, los defensores de Panamá y Colombia, Eduardo Leblanc y Carlos Camargo, respectivamente, detallaron que tanto en el trayecto como en las poblaciones locales fronterizas de ambos países, los migrantes se enfrentan a peligros y desprotección de las autoridades que impactan en su dignidad y derechos humanos.

Del lado colombiano, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) tienen el control de los territorios que comprenden la alerta temprana, es decir, los municipios de Acandí, Juradó y Unguía (Chocó), Necoclí y Turbo (Antioquia), que también son zonas de tránsito.

El grupo en mención controla y regula las actividades de dichas comunidades. Además, estos territorios les sirven para la siembra y procesamiento de cocaína, restringiendo el libre movimiento de la población.

Los migrantes que buscan pasar a la frontera colombo-panameña se enfrentan a esta situación, así como afecta de igual forma a la población local.

Del otro lado de la frontera, en Panamá, los puntos de mayor impacto se concentran en los distritos de Pinogana y Chepigana, en Darién, por los que transita la población migrante que se ve expuesta a la delincuencia local.

El trabajo ha identificado efectos de expansión transfronteriza del conflicto armado no internacional de Colombia y han observado entornos propicios para la delincuencia local que a futuro puede organizarse en Panamá para ser catalogado como crimen organizado. Las Defensorías también prevén que los grupos armados organizados, como el Gaitanista, podrían accionar en Panamá mediante la formación y abastecimiento de armas con el fin de generar un entorno favorable para desplegarse sin mayor tropiezo y articularse con mercados internacionales ilícitos asociados al narcotráfico, tráfico de migrantes, trata de personas, entre otros.

Uno de los riesgos a los que se exponen –los migrantes en la zona fronteriza– son los derivados del conflicto armado en Colombia, como peligro de accidentes por minas antipersonales, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados, especialmente cuando el tránsito se hace en horas de la noche para evitar a las autoridades.

La presencia del grupo Gaitanista y otros dedicados a la migración irregular, como las redes nacionales y transcontinentales de tráfico de personas, aprovechan el volumen de migrantes para reclutamientos, tráfico de armas y sustancias ilegales, tráfico de personas para explotación sexual y laboral.

Además, los viajantes se ven expuestos a desapariciones forzadas y homicidios; extorsiones para permitir el tránsito; robos; abandono en medio de la selva; violencia sexual, trata de personas, tránsito por rutas con riesgo de naufragios, accidentes o abuso por parte de autoridades de control migratorio y fuerza pública que retienen los documentos como medio extorsivo, requisas abusivas a mujeres y agresiones verbales.

A esto se agregan algunos factores de desprotección en ambos países, que incrementan la probabilidad de que ocurra este tipo de conductas.

Por ejemplo, la amplitud y porosidad de la selva, la limitada capacidad de los gobiernos para la atención de las poblaciones que migran, las brechas para facilitar la denuncia penal por hechos punibles que violan sus derechos o la estigmatización de las comunidades étnicas locales.

En resumen, los riesgos en ambas fronteras que enfrenta la crisis migratoria repercuten en lo social, lo económico y lo político, tanto para los habitantes locales como para los migrantes.

Las rutas migratorias –que en su mayoría se realizan de forma terrestre– son las que tienen un menor precio. Una parte importante de ellas se despliega por territorios étnicos, tanto en Colombia como en Panamá, que se han ido organizando para facilitar los servicios informales que pueden ir desde $75 a $300.

Sin embargo, las vías regulares e irregulares están en constante cambio por los frecuentes atracos, violaciones y homicidios por parte de grupos delincuenciales locales, factores climáticos, oferta y demanda, además de intereses conexos a los Gaitanistas en que este grupo prohíbe el uso de ciertas rutas o la presencia de Fuerza Pública y controles migratorios.

En 2022 cruzaron la selva de Darién 248.284 migrantes, según el Servicio Nacional de Migración, lo que incide en las necesidades que tiene la población residente de Panamá por superar en número significativamente.

En relación a las personas no localizadas y reportadas como desaparecidas en el tránsito por Darién, presentaron el día 30 de agosto de 2022 una petición para que la Defensoría intercediera ante el Ministerio Público, Migración, Relaciones Exteriores y Seguridad, en la que señalan que diez personas de nacionalidades peruana, cubana y venezolana desaparecieron durante la travesía.

En este tenor, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que de los 25 cadáveres de personas migrantes recibidos entre enero y septiembre de ese año, 12 habían sido reconocidos y 13 están por reconocer.

El texto concluye que ambos países deben dar trámite inmediato a la alerta temprana ante las autoridades concernidas en cada recomendación y efectúan una serie de recomendaciones a cada institución de cada país. En particular, solicitan que se adopten medidas urgentes y preferentes en materia de prevención y protección integral de la población de los flujos migratorios en la frontera entre ambos países para dar garantía a la defensa de sus derechos humanos.