Recaudación y financiamiento, dudas en la reforma a la CSS

La reforma a la Ley N° 51 de la Caja de Seguro Social (CSS) propuesta por el gobierno, crea un único sistema de pensiones, donde el Estado deberá aportará $966 millones procedentes, en su mayoría, de los impuestos que pagan los ciudadanos, así como un aporte de $300 millones del Canal de Panamá.

Entre las estrategias de las autoridades para garantizar los fondos para las pensiones se encuentran, entre otras, fortalecer la recolección de tributos como el Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (Itbms). Una apuesta que enfrenta un desafío enorme, la evasión fiscal.

Un mal reconocido por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, al momento de explicar la propuesta de ley. “Tenemos que tener una Dirección General de ingresos más eficaz, y se habló muchísimo en las mesas, y yo estoy de acuerdo: hay demasiado incumplimiento en la tributación”, indicó Chapman.

La propuesta plantea un desafío que se presenta como contradicción, puesto que a pesar del alto grado de incumplimiento en el pago de impuestos, no se contempla la implementación de una reforma fiscal que facilite dicha recaudación, como lo confirmó este jueves el ministro Chapman.

Sobre esto último, las autoridades fueron clara, que no se tiene contemplado una medida de este tipo, como estrategia para mejorar los ingresos de la CSS.

Para el economista Ernesto Bazán, ubicar como fuentes clave del nuevo esquema de pensiones los aportes del Estado y el Canal de Panamá, es una solución ‘ficticia’ al déficit actuarial de los dos subsistemas de la CSS, el de Beneficio Definido (solidario) y el Mixto (cuentas individuales).

“Cuando se dice que el Estado va a aportar $300 millones del Canal de Panamá, eso es ficticio, porque pasa el dinero de un bolsillo a otro. No genera los recursos. Lo que genera es más deuda. Lo mismo sucede cuando se anuncia un compromiso del Estado de pagar $996 millones ¿De dónde sacará el Estado ese dinero? Si no se tiene identificado una fuente de fondo, será de deuda. Por lo tanto, hasta ahora no se ha resuelto el problema del déficit actuarial [de las pensiones de la CSS]”, apunta el economista.

En este sentido, según Bazán, el problema de fondo estaría siendo obviado, por lo que expresó sus preocupaciones en torno a la parte diagnóstica de la crisis y sus orígenes. ‘No se pueden encontrar soluciones si no se conoce bien cuál es el problema’, indicó, quien está a favor de pensiones con cuentas individuales.

Una preocupación similar comparte el también economista Juan Jované, quien apunta que la cantidad que aporta el Estado aporte la cantidad prometida para el próximo año 2025, será insuficiente para cubrir el déficit. “El déficit a financiar en el 2025 son $1,081 millones, en 2026, $1,227 (...), esa cifra que está hablando el gobierno no pareciera ser algo que pueda compensar estas cantidades”, apuntó.

Las cifras presentadas por el Ejecutivo son ligeramente inferiores a las que estimaba el informe actuarial de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2022. Entonces el organismo habló de 1.385 millones en 2025 y 1.604 millones en 2026.

Por otro lado, Jované se refirió a la evasión tributaria, considerando un documento publicado este año donde académicos de distintas disciplinas de la Universidad de Panamá (UP) analizaron el problema de la CSS. “La clave de la posición de la UP, es la evasión tributaria. Es raro, porque el señor Chapman cuando habla de evasión solo habla de Itbms y de $1.500 millones, realmente el último cálculo es de $1.700, pero el grueso de la evasión tributaria está en las personas jurídicas (...). Resolviendo esos problemas se podría llegar a mantener el sistema solidario [actual] con una base financiera bastante sana”, sostuvo.

El empresario y también economista Felipe Argote apúnta sobre otro aspecto, la situación económica, “Es el peor momento para aumentar la carga a empresarios y trabajadores cuando hay una economía en crisis”, en referencia a la aplicación de paramétricas de la reforma, aumento de tres años de jubilación para trabajadores y 3% más de cuota a los patronos.

Desde el sector empresarial han dicho que solicitarán en el debate de la Asamblea Nacional para “ver la posibilidad de que este 3 % no no se aplique de manera inmediata, sino paulatinamente en el tiempo “para que el golpe sea menos fuerte para los empresarios”. Temen el impacto que puede tener este incremento en el sector, así lo confirmó ayer Juan Arias Strunz, presidente de la Cámara de Comercio.

En tanto que los trabajadores son escépticos sobre el origen de los fondos. “Tenemos una preocupación, se habla de que el primer pilar que plantean los empresarios, que es el $120 a los 65 y que ahora es $144 a los 65, ¿quién va a financiar eso?, ¿de dónde saldrán los aportes?”, expresó Marcos Andrade, secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi).