Protección de los derechos humanos desde la diplomacia ciudadana

La diplomacia, en sentido extenso, representa los intereses de un Estado con relación a otro Estado, o en su caso, ante un organismo internacional. Desde esa perspectiva puede ser bilateral y multilateral.

En sentido tradicional, el término diplomacia hace referencia tanto al proceso por el cual los gobiernos mantienen relaciones bajo las condiciones formales del derecho internacional; como a los métodos o técnicas de la política exterior que influyen en el sistema internacional, o sea, al arte de la negociación como eje de las relaciones internacionales.

Sin embargo, en los años 90 se plantea que la posibilidad de resolver conflictos pacíficamente no residía únicamente en los gobiernos y sus representantes oficiales. Los ciudadanos, según su situación, condición y habilidades, convenientemente organizados, podían jugar un papel relevante en procesos de peace making, peace building y resolución de conflictos vinculados a la violación de los derechos humanos.

La diplomacia ciudadana alude al derecho y a la capacidad de los ciudadanos y los organismos no gubernamentales para adentrarse en espacios que tradicionalmente son privativos de organismos internacionales, gubernamentales y de las agencias de cooperación. No obstante, el objetivo no es reemplazar, competir, duplicar las funciones gubernamentales. Por el contrario, son parte de un debate público sobre la creación y/o puesta en vigencia de mecanismos legales hacia la exigibilidad de los derechos humanos.

Las acciones ciudadanas en el ámbito diplomático tienen diversos hitos históricos. Por ejemplo, durante el siglo XVII, y más específicamente en el XIX, los organismos de ciudadanos inciden en los esfuerzos por abolir la esclavitud en el mundo. La Sociedad de Amigos (The Quakers) que organiza en 1788 una manifestación en Filadelfia, Estados Unidos, en contra de la esclavitud. Ese mismo año se constituye en Francia la Sociedad de Amigos de los Negros, que para 1789 contaba con 94 miembros franceses y un solo extranjero. En agosto de 1833 se funda la Sociedad Antiesclavista en Londres, con el objetivo de alcanzar la abolición de la esclavitud en Gran Bretaña.

A partir de esas experiencias, surgen a nivel internacional organismos no gubernamentales como la Sociedad Antiesclavista (Londres, 1789), la Asociación Mundial de Jóvenes Cristianos (1855), el Comité Internacional de la Cruz Roja (1863), el Instituto de Derecho Internacional (1873), la Federación Abolicionista Internacional (1875), el Consejo Internacional de la Mujer (1888), la Organización Mundial de Mujeres Católicas (1910) y La Federación Internacional de Derechos Humanos (1922), entre otros.

Estas organizaciones realizan campañas ciudadanas en distintos países sobre los derechos humanos. Entre sus principales objetivos están los derechos laborales, igualdad sexual, derecho al sufragio de las mujeres, protección de niños y jóvenes, la defensa de los derechos de las minorías, y la esclavitud, entre otros.

A lo largo del tiempo, estas organizaciones se especializan y se estructuran en tres formas diferentes: redes especializadas, pero articuladas y con participación ciudadana; redes especializadas para la atención y protección de derechos humanos, con participación de técnicos y profesionales; redes de solidaridad y voluntariado ciudadano.

En la protección de los derechos humanos, un ámbito relevante de la diplomacia ciudadana existe una amplia experiencia internacional. A finales del siglo XX, los organismos no gubernamentales incrementaron sus acciones continuas y persistentes para garantizar la protección de los derechos humanos. Para ello proporcionan asesoría jurídica y asistencia, sea esta de protección integral, social, sanitaria. Tanto en los países, como entre países.

Los organismos no gubernamentales se han especializado según las distintas formas de protección de los derechos humanos. Organismos como Américas Watch, Amnistía Internacional, Médicos Sin fronteras, Comisión Internacional de Juristas, Greenpeace, entre otras, inciden en las políticas de gobiernos, siempre y cuando tengan el suficiente apoyo de la comunidad internacional, debido fundamentalmente a la Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y la consiguiente defensa de la persona humana.

En los países cuya situación en derechos humanos causa mayor preocupación internacional, los organismos no gubernamentales tienen un mayor campo de acción y colaboración ciudadana, en tanto expresan pública y simbólicamente sus intereses y preocupaciones. Esta labor se encuentra orientada básicamente hacia dos objetivos: (i) prevención en materia de derechos humanos, (ii) mecanismos apropiados para la protección de los derechos humanos.

La especialización de los organismos no gubernamentales aumenta a medida que se amplían las exigencias de mecanismos regionales e internacionales de protección de los derechos humanos. Esto facilitó su incorporación en los debates para la redacción y elaboración de los pactos y convenciones internacionales sobre derechos humanos promovidos, entre otros, por las Naciones Unidas y sus agencias, fondos y programas especializados.

La diplomacia ciudadana existe y hace referencia al hecho de que la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales a nivel internacional establecen redes transnacionales de protección de los derechos humanos en cada una de sus dimensiones. Se puede decir que es una asociación que realiza ahora fuera de los ámbitos gubernamentales, pero sin desconocerlos.

Para la diplomacia ciudadana existe una limitación, la acción del Estado. Los organismos no gubernamentales no diseñan la política exterior, aunque sí ejercen influencia en muchas de las decisiones que dependen de la autoridad y el poder de los gobiernos. Por lo cual la diplomacia tradicional continúa ocupando un papel relevante en las relaciones internacionales.

En países donde existen graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos, la diplomacia ciudadana seguirá actuando y ejerciendo su influencia. En países donde existen situaciones sistemáticas de violación de los derechos humanos, es de esperar que la diplomacia ciudadana desarrolle soportes institucionales de largo alcance, que seguramente amplíen los espacios de debate técnico-jurídicos necesarios para la elaboración y aplicación de los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

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