La promesa olvidada: la transparencia

Con cuarenta y cinco meses, la gestión del presidente Juan Carlos Varela experimenta signos de desgaste por la lenta ejecución de los proyectos prometidos en campaña y los escándalos de corrupción en los que se ha visto envuelta su administración de gobierno.

La Estrella de Panamá ha hecho una recopilación de los casos de corrupción más emblemáticos de esta administración de gobierno.

Grimaldo Córdoba, miembro del partido oficialista, fue procesado por uso ilegal de la profesión de medicina y ha sido el primer condenado de esta administración de gobierno.

El Juzgado Décimo Sexto de lo Penal dictó condena de 42 meses de prisión. Córdoba renunció a su puesto como director de Promoción de la Salud, en el Ministerio de Salud, luego de conocerse que no contaba con la idoneidad para ejercer la medicina.

Edwin Cárdenas, entonces director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), tuvo que renunciar a su cargo en medio de denuncias. Cárdenas, quien pertenece al aliado Partido Popular, fue acusado de malos manejos de fondos públicos. La Contraloría General de la República determinó una lesión patrimonial de $5.3 millones durante su administración.

La audiencia preliminar de esta investigación está programada para el 11 y 12 de junio próximo.

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides), una de las instituciones más representativas del gobierno por la labor comunitaria que desempeña, estuvo envuelto en un caso de peculado de uso. Zulema Sucre, quien era viceministra, fue protagonista de un escándalo, tras ser denunciada por tres de sus escoltas por despidos injustificados y por exigirles pasear a su mascota (‘Gucci'), como parte de su trabajo.

El próximo 8 de mayo, la exfuncionaria se someterá a una audiencia ordinaria después de que un juez encontrara elementos para llevarla a juicio. La fiscal Ruth Morcillo busca una sanción por mala administración de los bienes públicos.

El Ministerio de Educación es otra de las instituciones protagonistas de escándalos de corrupción. El Ministerio Público abrió un proceso para determinar supuestas compras irregulares. En este caso, seis funcionarios de la institución, supuestamente cercanos a la ministra Marcela Paredes, fueron destituidos. Del proceso se conoce muy poco.

Ada Romero renunció a su cargo de directora de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), después de conocerse el supuesto cobro de coimas para beneficiar a determinados empresarios.

Ante las denuncias, Romero dijo ante los medios de comunicación que eran falsas las acusaciones de coimas y que no se había pagado un solo cheque.

El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Mario Etchelecu, y Rafael Stanziola, jefe de la Dirección de Asistencia Social (DAS) —antiguo Programa de Ayuda Nacional (PAN)— fueron señalados por división de materia en compras para el noble programa de vivienda, Techos de Esperanza.

La zarina Anticorrupción, Angélica Maytín determinó división de materia en compras efectuadas a través del PAN; sin embargo, los detalles de este proceso han sido el secreto mejor guardado del Ministerio Público.

Una auditoría forense realizada por la Contraloría General de la República por el caso de las compras efectuadas por el extinto PAN para Techos de Esperanzas, del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), reveló una lesión patrimonial inicial de $9,469.

El expediente ha sido remitido a la Fiscalía General de Cuentas, que dirige Guido Rodríguez, y que sanciona el mal uso de los recursos públicos.

En otro caso, que no parece aislado, fue denunciado el gerente general y administrativo del Instituto de Seguro Agropecuario, Irving Santos, por el supuesto pago de indemnizaciones a productores que tenían seguro con la institución, pero que no cumplieron con los requisitos mínimos.

El Ministerio Público confirmó que la Fiscalía Primera Anticorrupción admitió la denuncia contra Santos. Los denunciantes explican en el documento presentado que se pagó una indemnización por pérdida total, cuando había un informe que señala que el daño era parcial.

Desde la Autoridad Marítima de Panamá se fraguó otro escándalo de corrupción relacionado con la emisión de licencias de marinos fraudulentas. Directivos de la institución estuvieron vinculados a estos hechos. Jorge Barakat, administración de la institución, interpuso una denuncia a la que se le dictó sobreseimiento provisional.

Ramón Fonseca Mora, socio del bufete de abogados Mossack Fonseca, exministro consejero del presidente y exjefe de campaña de Juan Carlos Varela, fue expuesto por el escándalos de los papeles de Panamá.

Fonseca Mora, sin embargo, fue el primero que en un arranque de ira presumiblemente denunció la corrupción de la constructora Odebrecht detrás del presidente.

‘A mí el presidente me dijo que aceptó donaciones de Odebrecht porque no se podía pelear con todo el mundo. Y que me caiga un rayo si es mentira', aseguró el abogado minutos antes de ingresar a la Fiscalía Contra el Crimen Organizado a rendir indagatoria por la participación de su bufete en la creación de sociedades anónimas vinculadas a los sobornos pagados en Brasil en el sonado caso Lava Jato.

ODEBRECHT

Este fue precisamente el escándalo que estremeció la administración del presidente panameño.

Los fuertes cuestionamientos por haber recibido dineros de la constructora brasileña para la campaña a la vicepresidencia y a la presidencia de Varela. El mandatario había negado previamente la información y hasta publicó una lista de donantes para garantizar la transparencia de sus donaciones políticas.

Pero un informe policial a los que tuvo acceso La Estrella de Panamá reveló que el presidente había recibido donaciones de la constructora hasta por $10 millones. Una de las promesas de campaña del presidente fue una gestión apegada a la transparencia.