Productores estiman pérdidas por más de $100 millones de continuar los cierres

Hasta este lunes, las protestas en rechazo al contrato minero ya suman 23 días. Con los cierres de calles, la producción y distribución de alimentos se ha visto afectada, ocasionado así desabastecimiento, encarecimiento y pérdida de la vida útil de los diferentes productos.

Si las protestas se extienden hasta finales del mes de noviembre los productores se enfrenten a un escenario de pérdidas económicas que en su conjunto alcanzaría más de $100 millones.

Las cifras son un estimado de los reportes que, hasta la fecha, ha el sector agropecuario por semana: carne y leche ($7.5 millones), porcinocultor ($5 millones) y hortalizas ($10 millones). A esto se suma, los industriales que estiman pérdidas por la suma de $120 millones.

Felipe Villamil Avilés, presidente de la Central de Lechería Asociada de Panamá, informó que el impacto económico por los cierres está llevando a una situación complicada en la producción de leche grado A, B y C, principalmente en la provincia de Chiriquí, ya que las empresas que forman parte de la cadena no pueden hacer el acopio de este rubro a la finca de los lecheros, toda vez que no cuentan con el combustible, ni el libre tránsito para llegar y regresar.

De manera globalizada, Villamil estimó que el acopio provincial de leche, tiene un rango entre los 300 mil a 350 mil litros diarios, con ganancias de alrededor de $200 mil al día. Por lo tanto, un productor mediano con 40 o 45 vacas, puede estar teniendo pérdidas entre $1,000 a $1,200 diariamente.

Mientras esto ocurre, dijo, los lecheros siguen con los mismos gastos operativos de pagos a la mano de obra, fluido eléctrico, medicamentos e insumos, así como los compromisos bancarios semanales, que siguen presentes y anuentes.

Ovidio Saavedra, presidente de Anagan, advirtió que los 500 mil litros de leche grado A que se producen diariamente en Chiriquí se están perdiendo porque no hay forma de guardarla. Por otro lado, indicó que la leche que ya fue procesada y empacada en los centros de acopio, no ha podido ser distribuida por los cierres, generando así un “exceso en inventario de una mercancía que se está perdiendo o botando”. Aunque la leche de grado C también reporta pérdidas cuantiosas, Saavedra confesó que se ha podido solventar la situación con distribución a ciertos lugares, que tienen cierres parciales, y han podido realizar una parte del traslado, pero “no es suficiente para transportar toda la materia prima”.

Si las protestas se mantienen durante todo el mes de noviembre, Villamil consideró que muchos lecheros estarán en una situación complicada de declararse en quiebra porque no van a poder levantarse de esta “situación catastrófica”.

Para ambos representantes la mayor preocupación no se centran en los problemas que se den en el momento, sino en las repercusiones que vislumbran en el futuro, tomando en cuenta que los productos lácteos depende del cumplimiento fisiológico de la vaca, que si se deja de ordeñar se debe esperar la siguiente época de preñez y parición.

En el sector de carne también existen dificultades porque los mataderos más grandes, ubicados en Chiriquí y Azuero, han bajado significativamente el acopio de animales para el sacrificio, generando escasez en los mercados grandes y pequeños. A esto se le suma la reducción de jornada de un 30% en las empresas que brindan el servicio de las subastas, detalló el presidente de Anagan.

Tomando en cuenta que el 80% de la producción la lideran los pequeños ganaderos, Saavedra estimó que el personal de esas fincas quedarán cesantes, ante las imposibilidades de pagarles. No obstante, aclaró que en la actividad todavía “no se han caído las esperanzas”, ya que existe las posibilidades de mantener conservado el ganado en la finca. "Aún pensamos que las pérdidas en la carne no serán tan graves. Un aspecto importante es que Panamá es autosuficiente en este rubro", destacó.

Carlos Enrique Pitty, presidente de la Asociación Nacional de Porcicultores (Anapor) señaló que en este momento, el sector se ha visto impedido de entregar más o menos el 20% del total de la producción. Dedujo que si los cierres continúan todo el mes de noviembre las pérdidas representan un aproximado de $5 millones.

Explicó que el mercado porcicultor de Panamá se componen en un 25% en importación y 75% nacional. El 45% de la producción se concentra en la región de Azuero, el 18% en Chiriquí y la diferencia se reparte entre Panamá y Panamá Oeste. Las plantas de sacrificio se encuentran en Azuero, Veraguas, Los Santos, Ciudad de Panamá y Panamá Oeste.

En este contexto, el presidente de Anapor detalló que Panamá produce más de 60 mil cerdos por mes. Sólo en los primeros 15 días de protestas nacieron 30 mil, que ahora representan un aumento en el costo de los alimentos y el acaparamiento del espacio físico en la finca.

Más allá de este problema sanitario, Pitty hizo hincapié en el costo de la alimentación de los cerdos porque representa el 80% de los créditos de los productores, que en cifras bruta se calcula en $300 millones. Justificó que dicho compromiso asciende a esa cantidad porque se usan entre 12 o 14 productos diferentes. Varios de ellos o la gran mayoría son importados y otros son de producción nacional, que si se dejan de brindar el animal tiene riesgo de perder peso y llegar a morir, incluso, si las entregas no se dan en las buenas condiciones su desarrollo se puede ver afectado.

Lorenzo Jiménez, presidente de la Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas, expresó que la llegada de la temporada alta se ha visto afectada con las pérdidas de hortalizas que son altamente perecederas, como la lechuga, apio, brócoli, entre otras.

Por ejemplo, para noviembre, esperaban una producción de 20 mil quintales de cebolla y 40 mil quintales de papa, ambos con un consumo de 50 mil quintales mensuales. Aunque el mes todavía no culmina, Jiménez indicó que las siembras no se están dando con la misma frecuencia, ya que en tiempos normales los productos de Tierras Altas llegaban a todas partes del país, siendo Merca Panamá, la zona con mayor demanda.

“La provincia de Chiriquí representa más del 90% de la producción nacional de hortalizas, del cual el 80% sale de Tierras Altas y el otro 20% es de Boquete y de las zonas de las comarcas”, puntualizó el presidente de la Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas, quien recordó que el apio, la zanahoria, la remolacha, la papa y la cebolla son los productos que más se consumen para estas temporadas.

Jiménez estimó que la pérdida que pudieran estar sufriendo rondaría los $10 millones. Sin embargo, señaló que están corroborando con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario las cifras oficiales. “Las estimaciones son hasta este momento porque el tiempo está pasando y los números lejos de ser menos serán más”, subrayó.

A inicio del mes los industriales ya advertían sobre las dificultades de abastecer, recibir y servir las principales necesidades básicas de la población, principalmente en Chiriquí, Bocas del Toro y Colón.

Raúl Montenegro, presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), sostuvo que debido a las limitaciones de movilización, el canal de distribución ha disminuido entre un 30% y 40%, sin embargo, todas las fábricas han continuado con la producción.

Indicó que debido a las bajas ventas las bodegas de almacenaje tienen altos inventarios, una situación que se da con la llegada de la temporada alta de noviembre y diciembre, en el que generalmente aumenta el consumo y hay movimiento económico.

“Nuestra gran pregunta es cuándo nos vamos a reponer o cuándo vamos a poder bajar los inventarios, de productos tan sencillas como el aceite, las galletas, pastas, salsa o vinagre. Lastimosamente será un proceso complicado que nos ha llegado en esta época del año”, reflexionó Montenegro.

Cada uno de los representantes coincidieron en que ya es hora de abrir todas las vías, pero no solo con corredores humanitarios, sino en su totalidad. Recalcaron que entienden el motivo de las protestas, pero solo apoyan las manifestaciones pacíficas.

Hicieron un llamado a la población de dejar que la Corte Suprema de Justicia actúe en su justo derecho con las demandas de inconstitucionalidad que han sido interpuestas en contra del contrato minero.