Periferia urbana y acceso a la ciudad

Basta con experimentar brevemente otras dinámicas urbanas dentro o fuera del país para percibir que en el área metropolitana de la ciudad de Panamá persisten múltiples desafíos para ser un espacio pleno de disfrute, bienestar, comodidad, tanto para sus habitantes como para sus visitantes. Donde las actividades rutinarias de la vida urbana, que en otros lugares no representan mayor complicación, demanden menos recursos, esfuerzos y energía.

El área metropolitana de Panamá está conformada por la ciudad de Panamá y sus barrios periféricos; los distritos de Arraiján y Chorrera (Sandoya, 1982). De acuerdo con cifras oficiales, concentra gran parte de la población a nivel nacional: en 1950 residía en ella el 26.9% del total de la población; en 2010 esta proporción aumentó a 46.3%. Desde mediados del siglo XX ha sufrido profundas transformaciones. Su población, creció 7 veces entre 1950 y 2010, pasando de 216,519 a 1,577,959 habitantes. En este mismo periodo la población total del país creció 4 veces.

Los patrones de crecimiento a lo interno también presentan variaciones. Entre 1950 y hasta 1980 el distrito de San Miguelito registró las tasas más elevadas de crecimiento, asociadas a las migraciones rural– urbana de aquel periodo. Desde la década de 1980 hasta 2010 lo superó el distrito de Arraiján, que junto con el resto de las zonas periféricas son los puntos de destino, principalmente, del desplazamiento intermetropolitano procedente de la zona central e intermedia; y en menor medida migrantes interioranos y extranjeros.

Estos patrones de crecimiento, junto al desplazamiento espacial de la población, están acompañados de otras transformaciones que se verifican en el área de la periferia. Los cambios en el uso del suelo de agrícola a urbano, la autoconstrucción, los asentamientos informales, y la valorización originaria del suelo urbano, ha sido aprovechado por los especuladores de la tierra urbana.

Un movimiento que junto con el desarrollo de construcciones residenciales cerradas para satisfacer la demanda habitacional de sectores de ingresos medios y medio bajos—que ha desplazado habitantes de los barrios centrales de la ciudad, donde se concentraba el mercado de trabajo—, representan hoy procesos que influyen en su reorganización.

Se trata de una reconfiguración absoluta en la forma como los habitantes de estas zonas se relacionan y experimentan la ciudad. Precisamente, son los barrios periféricos de la ciudad de Panamá, cada vez más alejados de los centros de trabajo, de estudio, y de otros servicios, donde residen 7 de cada 10 habitantes del Área Metropolitana, donde se experimenta con mayor severidad la fragmentación del espacio urbano. El desencuentro entre lo laboral, lo residencial, lo comercial, y otros servicios y bienes de uso colectivo es lo que la caracteriza, generando nuevas formas de exclusión.

Los habitantes del área metropolitana viven las consecuencias de un modelo de crecimiento urbano que no ha generado ciudad. De hecho, luego de la experiencia porrista en el barrio de “La Exposición” a mediados de la segunda década del siglo XX, la historia del crecimiento urbano, incluso en años recientes, ha estado determinada por el acaparamiento del suelo urbanizable, muy asociada a la especulación, ganancias exorbitantes, procesos de gentrificación, la falta de planeamiento y ordenamiento efectivo. La consecuencia práctica que se deriva de la combinación entre altos beneficios para unos pocos; y la debilidad institucional, es que los espacios residenciales son asignados entre los ciudadanos a criterio del mercado inmobiliario, financiero y de seguros.

La autoconstrucción y surgimiento de asentamientos informales, donde primero llega la gente y después los servicios, ha sido la alternativa de los más desfavorecidos que reclaman un espacio de ciudad. Irónicamente, este fenómeno, valoriza tierras que entran al mercado generando dos efectos. El primero, la venta de tierras a actores privados que las acaparan hasta esperar una mejor valorización o implementan operaciones de voraz especulación del precio del suelo como antesala a las construcciones residenciales. El segundo, asociado al aumento del precio del suelo, es la dificultad de los propios habitantes, principalmente los más jóvenes y de bajos ingresos, a adquirir alguna propiedad cercana a su barrio de origen, generando nuevos desplazamientos residenciales cada vez más alejados de los centros de trabajo.

La ciudad y sus habitantes son las víctimas de un modelo de producción monofuncional que genera espacios físicamente segmentados entre los múltiples usos urbanos, que no articula ni rearticula entre sí lo residencial, lo comercial, lo administrativo, lo institucional, lo cultural, el empleo, etc. Este modelo de crecimiento urbano, resulta perverso y excluyente, de alta rentabilidad para los grupos encadenados con la actividad inmobiliaria, por las distancias y por la ausencia de infraestructuras complementarias a las calles y vías públicas.

Además, favorece la dependencia a los combustibles fósiles que, combinado con la precaria eficiencia del sistema de transporte público, promueve las soluciones individuales a través del automóvil particular generando impactos ambientales y otros costos colectivos y nominales derivados. En síntesis, se trata de un modelo de constante expoliación del salario y del tiempo al que se ve sometida la población para acceder a bienes públicos; y que viven de manera más aguda los habitantes de los barrios periféricos de la ciudad de Panamá.

Hay que agregar, como la simple observación sugiere, que el modelo se reproduce simultáneamente en otros centros urbanos del país. Sobre todo, en las cabeceras de provincias —con una lógica gentrificante—, se verifica la proliferación de centros comerciales y algunos clústeres residenciales edificados a orillas de la vía interamericana, reorganizando su uso como una calle más, cuya semaforización trastoca el paso expedito a través de esta vía internacional. El riesgo de esto en el mediano y corto plazo es el surgimiento del caos urbano, y la gradual pérdida de calidad en las relaciones entre los habitantes y sus centros urbanos.

Si existe una certeza en este mundo de incertidumbre es que el modelo de crecimiento urbano dominante en Panamá no tiene la capacidad para garantizar el derecho a la ciudad, definido por Henri Lefevre en 1967 como “el derecho de los habitantes urbanos a construir, decidir y crear la ciudad”. De tal manera, este tiende a generar profundas contradicciones que se expresan en una ciudad dispersa y extendida, que cada vez más aleja a la fuerza de trabajo de los empleos, con servicios y transporte colectivo poco eficientes, con obras de infraestructura pública poco alineadas con las necesidades de las comunidades; y que tiende a reproducir y profundizar las desigualdades con su lógica de segregación.

Estamos frente a un modelo de crecimiento que beneficia ampliamente a unos pocos, con la capacidad de acaparar el suelo, de invertir en forma especulativa, así como los beneficiarios finales de los encadenamientos económicos a través del mercado financiero y de seguros. Por esto, no es de extrañar las constantes manifestaciones, protestas y demandas ciudadanas por una mejor calidad de los servicios públicos.

A 504 años de la fundación de la ciudad, han desaparecido físicamente las murallas que segregaban a la población del arrabal, de las clases dominantes del intramuro. Sin embargo, continúan más sólidas que nunca las vallas impuestas por el mercado que profundizan las brechas de desigualdad entre los ciudadanos por una acceso más justo y equitativo a los beneficios de la ciudad.

El autor es Sociólogo. Académico de la Universidad de Panamá