Comunidades piden ser incluidas en acuerdo de compensaciones por hidroeléctrica Chan 75

Justicia tardía no es justicia. Representantes de comunidades afectadas por la construcción de la presa Chan 75 en la comarca Ngäbe Buglé se reunieron con autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores. Llevan desde 2004 reclamando y ya tienen el reconocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que emitió recomendaciones al Gobierno de Panamá a través del Informe de Fondo 401/21. Sin embargo, afirman que el Gobierno solo ha negociado un acuerdo con uno de los peticionarios y no están siendo debidamente representados.

“Vinimos acá porque manifiestan que nosotros tenemos que incorporarnos al otro grupo. Sin embargo, desconocemos los acuerdos que ha ido avanzando el Gobierno con un peticionario que se encuentra dentro de la comunidad, por lo que nosotros vinimos acá para conocer cuál va a ser la política o la estrategia que va a utilizar el Gobierno para llevar o implementar este acuerdo del informe de fondo”, señaló Bernardino Morales, uno de siete representantes escogidos por las 15 comunidades afectadas.

Las comunidades se reunieron, este lunes, con la directora de Asuntos Jurídicos Internacionales y Tratados de la Cancillería, la directora de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno y su equipo de trabajo, y asesores del Viceministerio de Asuntos Indígenas. De los siete escogidos, las autoridades solo dejaron entrar a cinco a la reunión. “El Gobierno tuvo muy mala fe, muy mala voluntad para este grupo de afectados. Hemos solicitado al Gobierno que toda vez que se lleve una reunión sobre este caso, se lleve a través de un consenso de las comunidades o que se realice toda la reunión en la comunidad para que así todos puedan ser participantes y testigos de los procesos que se van a llevar a cabo sobre el informe de fondo”, añadió.

En 2004, las comunidades de Charco la Pava, Valle Rey, Guayabal, Changuinola Arriba, Bajo Culubre, Valle Libre, Guayacán, Ceiba, Nance de Risco, Pluma, Punta Pena de Risco, Soledad, Bajo la Esperanza y Valle de Risco emitieron una declaración conjunta contra la construcción de la hidroeléctrica Chan 75. Debido a la ubicación de los trabajos, comunidades se verían inundadas, no podrían seguir pescando debido a la contaminación en el río y muchos se verían obligados a desplazarse a otro sitio.

En 2005 se aprobó el estudio de impacto ambiental. Pese a sus reclamos, los trabajos se iniciaron en 2007. Los pueblos originarios se asesoraron legalmente y elevaron la queja a la CIDH, que en 2009 emitió medidas cautelares contra el Estado panameño en favor de los residentes de las comunidades. El Estado hizo caso omiso. En 2021, el organismo internacional publicó el informe de fondo con recomendaciones puntuales para Panamá.

“Como pueblos indígenas nosotros manejamos nuestras propias formas de gobernanza y nuestra cultura propia”, apuntó Ileana Pérez, mujer guna y miembro de la organización no gubernamental dedicada a la protección de pueblos originarios, Cultural Survival. “Dentro de este proceso de la afectación de la hidroeléctrica Chan 75 y el desplazamiento forzado se han perdido muchas de nuestras formas de vida, de nuestras costumbres, el idioma, nuestras danzas tradicionales, nuestra alimentación. También dentro del territorio, ya los jóvenes se están quedando sin tierras”, destacó.

El caso tiene cuatro peticionarios, uno es Ernesto López, un líder ngäbe de la comunidad Charco la Pava; el segundo es la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD); el tercer peticionario es Cultural Survivor, y el cuarto es un abogado.

El Estado panameño se reunió con López y representantes de cuatro comunidades a inicios de marzo de 2025. El viceministro de Asuntos Indígenas, Julián Águila Jiménez, catalogó el encuentro como “exitoso”, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Gobierno que adelantaba que se había agendado “una ruta a seguir para darle el seguimiento” a las recomendaciones de la CIDH. Pero ese grupo solo representa una fracción de las comunidades afectadas, que dicen desconocer qué se negoció y denuncian ser ignorados por las autoridades.

“Los acuerdos que llegan a ese peticionario favorecen más al Estado. Es por eso que a ellos los atienden. No nos quieren atender porque la propuesta nuestra es en beneficio de la gente, de toda la población. Entonces, el Gobierno no quiere eso”, lamentó Ismael Quintero Bonilla, líder de la comunidad de Guayabal. “La hidroeléctrica afectó de gran manera las tierras para cultivos, que es nuestra subsistencia. Quedaron inundados nuestros animales que teníamos dentro de esa área. Todos los perdimos. El Gobierno y la empresa se han negado a atender a esta población. Desde hace mucho tiempo hasta ahora no ha tenido interés de atender a este pueblo como se merece”, sentenció.

La reunión en Cancillería resultó en una discusión burocrática, sin frutos concretos, de acuerdo con los delegados que participaron. “Este es el vivo ejemplo de lo que no queremos en Panamá. Proyectos de inversión perversos que violan los derechos humanos de nuestros pueblos originarios y de las comunidades campesinas, violando sus derechos humanos, su calidad de vida y trastocando su cosmovisión, sus costumbres y tradiciones”, apuntó Susana Serracín, de la Alianza para la Conservación y Desarrollo, uno de los peticionarios en el caso. “Sí queremos inversión en Panamá, queremos empleo, crecimiento económico, pero con respeto a las personas y a las comunidades ante todo”, concluyó.