¿Panamá está preparada para tener un gobernante indígena?

Son casi medio millón de personas, representan al menos siete pueblos originarios, tienen un régimen especial de gobierno y la tasa más alta de natalidad que proyecta que en pocos años la mayoría de jóvenes menores de 20 años pertenecerá a ellos, son nuestros indígenas y quizá pronto gobernarán nuevamente en Abia Yala.

¿Descabellado, utópico, imposible? Muchos creían lo mismo antes de la elección de la señora Mireya Moscoso como la primera presidente de Panamá, otros apostaban a lo mismo cuando en 1999 se terminó la presencia del enclave militar estadounidense en la antigua Zona del Canal tras 85 años de vigencia... y algunos aún hoy los extrañan.

“Los pueblos indígenas de Panamá no cuentan con su propia organización política partidista. La población se conforma con su participación ciudadana, y de manera individual en los partidos políticos existentes”, señala Heraclio López Hernández, Surub en nombre gunadule, en un sesudo artículo publicado en 2022 en la 36 edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA.

Para los que no lo conocen, IWGIA es el International Work Group for Indigenous Affairs, que desde 1986 publica El Mundo Indígena, y hace pocas semanas ya se publicó la edición 2023, pero vale la pena escarbar en el pasado reciente y remoto para saber dónde estamos parados, ¿o no?

Surub es asesor de los pueblos indígenas a nivel comunitario, nacional e internacional, refiere IWGIA, quien reflexiona: ¿Cómo entender en términos del derecho indígena a la libre determinación expresada en la Declaración de las Nacionales Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas?

Al respecto cita al danés Claus Kjaerby, coordinador y representante de la organización Bosques del Mundo (Forests of the World) para Nicaragua, Honduras y Panamá, quien sostiene que los pueblos indígenas “deben soñar con una autonomía intercultural, en donde reconociendo los procesos históricos de cada pueblo, se dispondría una nueva concepción político-administrativa con una jurisdicción administrativa especial (comarcas y territorios colectivos) en la que se reconociese y aplicase sus derechos consuetudinarios”.

La autonomía indígena se plantearía como la máxima expresión política factible dentro de lo que faculta el derecho a la libre determinación de la Declaración de las Naciones Unidas.

Kjaerby colabora desde hace un tiempo en la conservación de la cuenca del caudaloso río Mamoní, en Chepo.

Por otro lado, no pasa desapercibido que el Órgano Judicial ha creado juzgados en territorios comarcales, como el de Gunayala, dirigido por la abogada Dialys Nedelka Ehrman López, y en la comarca Ngäbe Bugle ejercen otras dos juezas municipales.

“Estas juezas fomentan las buenas prácticas, como el uso de intérpretes, el respeto por la cultura y medidas para el tratamiento a las víctimas. También ayudan a garantizar el acceso a justicia de las comunidades indígenas”, destaca Surub.

Administrativamente, en Gunayala, Ngäbe Bugle y Emberá Wounaan, las tres comarcas más grandes de Panamá, las mujeres cumplen un rol de liderazgo político y activismo social cada vez más creciente.

Pues la conciencia de las luchas silenciosas o silenciadas de los aborígenes no pasa desapercibida; por ejemplo, las antropólogas Gemma Celigueta y Mónica Martínez presentaron en 2020 “¿Diseños mediáticos? Investigar sobre activismo indígena en Panamá, Guatemala y el espacio Web 2.0”, publicado en la Revista Española de Antropología Americana.

“Gracias a nuestra investigación previa en temas de propiedad intelectual y tejidos indígenas, hemos podido constatar, sin embargo, que en Panamá existen apropiaciones culturales indebidas que a veces no aparecen en los medios y que son intencionalmente invisibilizadas por los propios indígenas”, cita la publicación de las expertas.

Producto de entrevistas presenciales aseguran que documentaron “lo que pasaba entre bambalinas: en el caso guna, las negociaciones discretas, acordes con la agenda política de los diferentes actores, que en la mayoría de los casos culminaban en acuerdos de confidencialidad”.

Lo del escándalo de Nike que intentó lanzar una zapatilla con una mola se evitó en mayo de 2019 por la iniciativa de activistas estadounidenses que denunciaron la apropiación indebida del arte guna, el estallido del escándalo en redes sociales y la posterior reclamación del Congreso General Guna.

El Tratado de Protección Comercial de Estados Unidos con Panamá incluye la Ley 20 de defensa de las creaciones de los pueblos originarios, pero las antropólogas sostienen que si no tomaban la iniciativa los activistas estadounidenses, “las autoridades gunas hubieran preferido sentarse a negociar, ya que sabían que el marco legal también les era favorable”.

Y eso que Panamá es el primer país del mundo que creó una protección fuerte a las creaciones y el patrimonio inmaterial indígena.

Junto al recuento del avance de la mujer indígena en Panamá, como la abogada Sara Omi del pueblo Emberá, coordinadora de Mujeres Líderes Territoriales de Mesoamérica, o en 2021, Briseida Iglesias del pueblo Gunadule, que se consolidó en la representación de la mujer a nivel internacional está la Coordinadora Nacional de las Mujeres Indígenas de Panamá.

La Coordinadora está integrada por las mujeres de los siete pueblos indígenas y dirigida por Sonia Henríquez, una líderesa del pueblo Gunadule.

Esta organización aborda temas transversales como los derechos individuales y colectivos, participación efectiva de las mujeres, liderazgo, género, violencia y política. Durante 2021, la organización ha capacitado a las mujeres a través de plataformas digitales.

Surub rememora que las mujeres Ngäbe y Buglé durante 2021 no han tenido momentos de paz y tranquilidad para sus hijos e hijas.

“El Movimiento 22 de Septiembre, que lidera Clementina Pérez, regresó en el mes de septiembre con su pueblo a la entrada de la hidroeléctrica de Barro Blanco, Chiriquí, específicamente en el área del territorio del Sitio Sagrado del Tabasará, que pertenece a la vomarca Ngäbe Buglé, y exigieron al presidente panameño, Laurentino Cortizo, que atendiera sus problemas de desalojo porque les destruyeron hogares y escuelas.

También en la agenda política de los aborígenes está pendiente la Ley 196, que denuncian fue aprobada sin la debida previa consulta que obliga la legislación porque se aprobó el Régimen Especial para el Establecimiento de Operadores y Desarrolladores de Agroparques, que consideran les afecta gravemente.

Denuncian que al amparo de la pandemia se aprovechó para crear una legislación de “reactivación económica” que no incluye los obligatorios estudios de impacto ambiental ni las excepciones que establece las leyes de las comarcas indígenas.

“La ley es aplicable en todo el territorio nacional y no se menciona en su articulado la exclusión de ecosistemas frágiles, hábitats biológicos importantes o territorios indígenas, legalmente reconocidos o no, ni se haga referencia a la necesidad de estudios de impacto ambiental o a la representación indígena en su aplicación”, afirma Surub.

Recuerda que en el tintero está pendiente la ratificación del Convenio 169 de la OIT, que reconoce los derechos de los pueblos indígenas, aunque matiza que Panamá cuenta con la Ley Nacional 37 sobre el derecho de los pueblos indígenas a la consulta libre, previa e informada, cuando se trata de actividades en sus territorios.

No es descabellado que la organización política partidista indígena surja de la semilla sembrada por las activistas, son las que han demostrado su liderazgo, han visto que sus congéneres hermanos y hermanas de sangre han llegado al Parlamento con los colectivos tradicionales y su situación no ha cambiado gran cosa.

Porque están creciendo en número y proporcionalmente más rápido que los “latinos”. Solo para citar algunos datos oficiales de encuadre, los Ngäbe Buglé registran en 2019 una tasa bruta de 32,4 nacimientos por cada mil habitantes, solo seguidos de cerca por Bocas del Toro, con 25,1 nacidos por cada mil habitantes, el resto de provincias y comarcas tiene menos de 20 nacimientos por cada millar de habitantes.

De acuerdo con el informe 'Análisis de situación de salud 2020' (ASIS 2020) del Ministerio de Salud en la provincia de Panamá y en las comarcas Ngäbe Buglé y Guna Yala, la mayoría de pobladores son mujeres, citando al Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec).

El 11,2% es indígena, el 15,8% es afroamericano, el 19,6% es blanco, el 0,3% asiático y el 50,2% es mestizo.

Para 2060 seremos más de 6 millones de habitantes y para 2088 comenzará a disminuir la población del país, aunque la tasa de crecimiento media anual desde 2020 está en 1,48, según la Comisión Económica para América Latina (Cepal).

A partir de la década de 2030 la tendencia del crecimiento natural de la población será superior en las comarcas Ngäbe Buglé, Emberá y Guna Yala, a diferencia de las diez provincias del país.

La tasa global de fecundidad marca una disminución constante en el tiempo. En la década de 1950 la mujer tenía entre 5 y 6 hijos en su edad fértil, para el año 2000 disminuyó a 2,82, y en 2018 la tasa fue de 2,4 hijos por mujer en edad fértil.

Según estimaciones y proyecciones del Inec, para 2030 se espera que cada mujer en Panamá tenga un promedio de 2,06 hijos en su periodo fértil, por debajo del promedio límite esperado (2,1 hijos por mujer en periodo fértil) para mantener la estructura poblacional.

Y aunque la disminución es generalizada, se mantendrá por encima de 3 en las comarcas.

La esperanza de vida será de 80 años en 2030 y de 83 en el año 2050. En 2018-2020 la Cepal calcula que era de 78 años.

El bono demográfico de Panamá, que inicio alrededor del año 1965, está por llegar a su fin antes de 2030. De acuerdo con las proyecciones de población del Inec, para 2030 la población menor de 15 años disminuirá en un 3,1% con relación al porcentaje de población estimado para el año 2020, y para el año 2050 será un 7,2% menos que la población actual, precisa el informe del Minsa.

Ya lo estaba para 2020, pero para 2030 se notará más, los jóvenes menores de 21 años se concentrarán en las comarcas Guna Yala, Emberá y Ngäbe Buglé. ¡La nueva fuerza del país?, los de 25 añitos estarán en Bocas del Toro.

El autor es periodista independiente y profesor universitario