Políticas de infancia en Panamá, un panorama de la situación

Es importante pensar la situación de las políticas públicas para la infancia, desde un enfoque institucional, que tenga en cuenta la planificación, el monitoreo y los problemas que aquejan a la población infantil. Dicha política pública debería ser el resultado de la responsabilidad social del Estado y la sociedad civil con la infancia y el desarrollo humano y social; pero también constituye un importante compromiso internacional asumido por el Estado panameño, a través de varios convenios internacionales ratificados.

Los infantes, considerados proto-ciudadanos, tienen una historia en la civilización occidental, como sujetos invisibilizados, tutelados, objetos de caridad, beneficencia y medidas asistencialistas o meramente recreativas. Según el Censo del 2010 realizado por el Instituto de Estadística y Censo (INEC), el grupo etario poblacional de 0-17 años de edad representa el 34.4% de la población nacional; es decir, 34 de cada 100 panameños es infante.

POLÍTICAS PARA LA INFANCIA E INSTITUCIONALIDAD

Tras la ratificación de varios países de la región de la Convención de los Derechos del Niño, a inicios de la década de los noventa, se incorporó los principios de esta convención a las políticas de infancias y legislaciones. Se dieron, en este contexto, importantes avances en la estructuración de políticas para la infancia, como por ejemplo, la creación de ministerios, secretarías, comisiones, observatorios, comités interinstitucionales, multisectoriales, municipales y locales, además de la asignación de presupuestos para programas y proyectos; capacitación, permanencia y carrera para los técnicos especializados en el abordaje de la población infantil.

La puesta en marcha de políticas públicas interinstitucionales y multisectoriales para garantizar los derechos de la infancia está en la agenda regional de los organismos internacionales, organismos no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil vinculada al tema, así como también de Gobiernos que han priorizado los problemas de la infancia.

Desde el fortalecimiento institucional a la Red Nacional de Apoyo a la Niñez y Adolescencia en Panamá, existe una labor de diversos sectores de la sociedad con actores tan diversos como sindicatos, organismos no gubernamentales, empresas privadas, etc. Estos establecen el estatuto en la agenda de gobierno, así como la selección de niveles directivos y técnicos para su gestión. A pesar de esto, cabe señalar que depende fundamentalmente de la prioridad que le otorgue el gobierno de turno a la cuestión infantil.

Actualmente, la institución regente de la política de infancia es la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) que surge de la Dirección Nacional de Niñez, Adolescencia y Adopciones del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), creada por la Ley 14 del 23 de enero de 2009, y cuenta con siete sedes regionales a nivel nacional.

Esta institución constituye un avance significativo para la garantía de los derechos de la infancia mediante un sistema de protección integral, pero en los últimos años afronta dificultades de carácter técnico, administrativo y presupuestario.

ARTICULACIÓN Y MONITOREO DE POLÍTICAS DE INFANCIA

MISIÓN Y VISIÓN DE FLACSO

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) es un organismo regional, instituido por la UNESCO para impulsar y satisfacer necesidades en el conocimiento de las Ciencias Sociales.

El Programa FLACSO-Panamá busca dotar a la población de análisis sobre los principales problemas que la aquejan, y contribuir con las estrategias de programas de solución.

Desde la dimensión técnica de las políticas públicas, son casuales las vicisitudes que afrontan planificadores y gestores de políticas públicas, como funcionarios y consultores que organizan redes interinstitucionales de atención local. En algunos casos, la política o acción coordinada define a priori los problemas de la infancia y comunitarios en un territorio, a partir de criterios que emanan de la definición de políticas públicas centralizadas.

Por tanto, situaciones conocidas como la progresiva desincorporación de la ciudadanía y otros actores locales y políticos, a las consultas y acciones emprendidas institucionalmente, se originan por la ausencia de una transversalidad entre los problemas que priorizan las instituciones y los que identifican las comunidades y gobiernos locales, en fin, del territorio.

A esto se suma la sintomática carencia de seguimiento y evaluación institucional de la política pública, importantes para conocer tanto el desarrollo de la política en el territorio, como para identificar errores y aciertos institucionales.

Estas prácticas de seguimiento y evaluación facilitan una recopilación constante de información cualitativa y cuantitativa que permiten en el proceso comprender distintas dinámicas sociales en un territorio, como migración, conflictos ambientales, desempleo o violencia doméstica, que impactan de manera particular a la población infantil.

LA COMPLEJIDAD DE LOS PROBLEMAS DE LA INFANCIA

En palabras de Lourdes Gaitán, ‘los niños se encuentran afectados por las mismas fuerzas políticas y económicas que los adultos y están sujetos, igual que estos, a los avatares del cambio social'. Por tanto, los problemas estructurales, como la desigualdad, la pobreza, violencia, corrupción, etc., impactan a la población en general, pero de manera particular a la población infantil, por ejemplo, los constantes problemas del sistema educativo, la violencia escolar, la falta de agua potable, la explotación infantil o los caminos en mal estado que dificultan la asistencia escolar. Son experiencias vivenciadas desde otro campo de interacción y entendidas por los infantes de manera propia, mismas que son conocidas por las comunidades a partir del cotidiano, lo cual requiere ser destacado para la planificación local pensada desde la situación infantil en el territorio.

Sin soslayar derechos básicos, las distintas condiciones, experiencias y situaciones imponen una densa heterogeneidad que implica grandes retos para planificadores y gestores de políticas públicas cónsonas con las necesidades objetivas de la infancia. En este caso, el proceso de construcción y definición de las políticas públicas debe contemplar las particularidades locales, las necesidades comunitarias prioritarias y desde ese prisma, los problemas de la infancia.

La complejidad de los problemas que afronta la infancia panameña debería ser parte sustancial de las preocupaciones políticas e institucionales del Estado, como también el compromiso político de quienes lo administran. Hay que destacar la necesidad de asignar personal idóneo, así como el desarrollo de las capacidades institucionales. La infancia no solamente es el futuro, es el presente, es la clara evidencia de que el futuro se construye en el presente.

Bibliografía:

Bustelo Graffigna, E. (2012). Notas sobre infancia y teoría: un enfoque latinoamericano. Salud colectiva, 8 (3), 287-298.

Muñoz, L. G. (2006). La nueva sociología de la infancia. Aportaciones de una mirada distinta. Política y Sociedad, 9-27.