Panamá busca reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal

A última hora y justo un día antes de que culmine el periodo ordinario de sesiones en la Asamblea Nacional, el Órgano Ejecutivo presentó ante el pleno legislativo tres proyectos de ley relacionados con la persecución de bienes productos de actividades ilícitas y normas de transparencia fiscal.

Para algunos especialistas consultados, estas iniciativas son un intento del Gobierno de Panamá, por un lado, para mejorar la reputación del país en temas como la lucha en el lavado de dinero y el narcotráfico, y por el otro, combatir la evasión fiscal como un paso más para salir de las listas grises de organismos como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

El proyecto de ley de extinción de dominio fue una de las iniciativas llevadas a la Asamblea por el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, y busca establecer un marco jurídico que permita al Estado recuperar bienes adquiridos de forma ilícita, fortaleciendo los mecanismos de administración de justicia.

La norma pretende reducir la capacidad financiera y económica del crimen organizado y el narcotráfico, creando un marco legal que permita contrarrestar la actividad criminal, quitándoles la capacidad operativa y financiera mediante el debilitamiento de su estructura organizacional.

La otra iniciativa fue la presentada por el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, y es la que establece medidas en cuanto al ingreso al territorio nacional de dinero, valores y documentos negociables en los controles aduaneros, ubicados en fronteras, aeropuertos, puertos y zonas francas, cuando estos superen los $10 mil.

La ley busca que la Autoridad de Aduanas cuente con herramientas legales precisas para determinar el origen de estos bienes que ingresan al país, y combatir el contrabando y actividades ilícitas.

El ministro Alexander también presentó en la Asamblea el proyecto de ley que introduce adecuaciones a la legislación en materia de transparencia fiscal internacional y de prevención de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Pero, ¿qué buscan estas iniciativas legislativas impulsadas por el Órgano Ejecutivo?

Para el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Juan Carlos Araúz, estas propuestas de ley guardan relación con el escenario de la lucha regional contra el crimen organizado.

Sostuvo que estas herramientas han sido puestas en práctica en otros contextos y el tema de atacar estas fuentes de financiamiento del crimen organizado representa una tarea que debe ser colectiva por parte de todos los Estados, ya que el crimen organizado tiene la capacidad de tener presencia simultánea en muchos territorios.

“Entonces, contar con herramientas similares en distintos países es lo que permite tener algún tipo de estándar regional en materia de combate y lucha contra el crimen organizado”, indicó.

Además de la lucha contra el crimen organizado, para el economista Olmedo Estrada algunas de esta normas son un intento de Panamá por salir de las listas grises de organizaciones como la OCDE.

Estrada manifestó que en el tema de blanqueo de capitales, si bien Panamá tiene leyes que buscan impedir que ocurra este delito, se mantiene dando ciertas operaciones en esta dirección.

“Hay indicios de que todavía en Panamá hay empresas que se dedican a ese tipo de transacciones similares a las del conocido caso de Panamá Papers”, precisó.

El también economista y catedrático universitario Rolando Gordón también consideró estas iniciativas como un intento del país de salir de las listas grises. “Panamá busca dar otra cara”, dijo.

Destacó que es correcto que Panamá intente salir de las listas grises, pero enfatizó que el problema está en que no saldremos de ellas mientras no metan a nadie preso. “Panamá ha creado muchas leyes para combatir el lavado de dinero, pero no hay resultados, no hay ningún pez gordo preso por lavado de dinero o por narcotráfico”, manifestó Gordón.

“Allí está el caso de la manzana azul, no hay nadie preso. Mientras Panamá no demuestre que está ejecutando las leyes, no saldrá de estas listas grises”, afirmó.

Mientras que Felipe Argote, también economista, coincidió que Panamá busca salir de las listas grises con este tipo de normas.

Señaló que como el país tiene ya el prestigio de corrupción, por supuesto que las autoridades corren a hacer leyes que luego igual no aplican, para ver si nos sacan de las listas negras. “Pero no nos van a sacar”, advirtió.

Manifestó que Panamá lo que debe mostrar es personalidad suficiente para ir allá y plantar cara, y decir que el país no tiene porqué recoger sus impuestos.

“Ahora con las instituciones estas nosotros no negociamos, simplemente firmamos lo que nos pongan enfrente. Eso no debería ser, tenemos que tener la personalidad para plantarnos y decir 'hasta aquí', no tenemos porqué ser sus recolectores de impuestos gratuitos”, zanjó.