Olmedo Carrasquilla: Panamá no tiene una política real para las crisis ambientales

En medio de una temporada de sequía prolongada, que llevó al gobierno a decretar el estado de emergencia ambiental, crecen las voces sobre la urgencia de tener una política ambiental de Estado.

El ecologista Olmedo Carrasquilla, invitado de este viernes en “Portada” de La Estrella de Panamá, alertó sobre esta carencia en Panamá y en particular la falta de una política coherente cuando se trata de desastres y crisis ambientales.

Carrasquilla sostuvo que hay fallas en el gobierno en materia ambiental y que no se involucra a la sociedad civil para las “soluciones reales” a los problemas.

Una situación que se suma a las deficiencias para explicar la problemática del cambio climático y sus consecuencias, un paso clave para incorporar a las comunidades en las soluciones.

“Esa desconexión crece y el ciudadano, al no comprender, no puede contribuir para generar soluciones", agrega el ecologista.

Para el también comunicador comunitario, la solución a las problemáticas ambientales también pasa por generar un modelo económico en consonancia con la realidad global, realmente sostenible, y que incorpore la idiosincrasia de la población.

Carrasquilla hizo énfasis en la falta de agua potable en el interior del país como consecuencia, en parte, del mal manejo del recurso hídrico, lo que ha generado protestas en diversas regiones.

Como ejemplo destacó el caso de Panamá Oeste y Veraguas. Lo peculiar de la protesta de los veragüense es que fue protagonizada por habitantes del corregimiento de Santa Fe, que posee una gran riqueza hídrica.

“Esto es evidencia del mal manejo sobre los permisos para la construcción de barriadas, pues se hacen sin los estudios adecuados”, detalló.

“Existe un urbanismo desbocado en Panamá, que puede llevar al distrito de Santiago, en Veraguas, a pasar por lo mismo que padece La Chorrera, en Panamá Oeste, con el acceso al agua”, recalcó.

El dirigente del colectivo Voces Ecológicas criticó las “incongruencias” del gobierno al declarar estado de emergencia ambiental, y al día siguiente autorizar el proyecto minero de cerro Quema, que plantea la extracción de oro sobre una superficie de 480 hectáreas, entre los distritos de Macaracas y Tonosí.

Para Carrasquilla, uno de los principales problema de estos proyectos es la falta de rendición de cuentas, pues se tiende a obviar la cuantificación de daños ambientales que genera.

“Este proyecto minero va a requerir cantidades enormes de agua, algo que no se compensa con los ingresos económicos (...) no podemos permitir que se sigan dando concesiones para este tipo de proyectos, sobre todo en áreas vulnerables, que deben estar protegidas”, dijo.

Carrasquilla acotó que en Panamá se pregona el desarrollo de una “minería sostenible”, pero es un engaño porque no contribuye con el desarrollo de las comunidades donde opera el proyecto minero. Comunidades que al final deben cargar con el peso del daño de sus tierras.