'Negligencia' en el manejo de casos de familias acogentes, recoge informe

El programa de familia acogente nació en 2013 con el propósito de brindar temporalmente a un niño o adolescente un hogar seguro mientras se reintegra con su familia o se declare en adoptabilidad. Pero después de ocho años de su vigencia, en la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia (Senniaf), regente de este programa, ni siquiera existe un listado actualizado de los hogares sustitutos temporales. De igual forma, la entidad carece del personal técnico para realizar una labor eficaz en el reforzamiento de familias.

Un primer intento de recolección de datos se efectuó en 2010. Cada juzgado contaba con hogares evaluados para remitir a un niño o adolescente fuera de horas de oficina. Sin embargo, algo parece haber cambiado después de este ejercicio. En estos días es muy frecuente que, si un niño o adolescente llega cerca de la hora de cierre de las oficinas judiciales, la Senniaf lo ubique en centros, que no cumplen el perfil, en los que permanece meses o años. En 2016 solo había 12 hogares sustitutos a valorar. A veces los jueces tienen que rogar a los albergues que reciban al niño o adolescente aunque sea por tres días.

Tampoco hay lineamientos claros en esta materia. En el informe de Senniaf, elaborado en 2019, había niños y adolescentes entregados a familias con intención de adopción a través de un formulario del año 2016, al margen de los procedimientos legales. Indicativo de que la ley, o no se cumple, o requiere de una reglamentación exhaustiva para la evaluación y monitoreo en su efectividad.

El informe recoge “negligencia en el manejo de casos por parte de los equipos técnicos de la entidad”, se lee.

Como muestra se ilustra el caso de un niño que luego de vivir 14 años en un albergue, sin atención terapéutica y con condiciones de salud mental, la institución gestionó en 2016 su reunificación con una familia poco conocida por el niño y sin brindar acompañamiento. Como resultado, la familia no pudo mantener su cuidado y lo regresó a Senniaf, y la institución, a causa de los problemas de salud mental del niño, levantó una boleta de alejamiento para que el adolescente no se acercara a la entidad a buscar atención y determina a la familia que el adolescente podía vivir solo. El joven vivió solo un tiempo sin medios para ir a la escuela o sostenerse.

Cuando ingresó la directora Rodríguez, el niño volvió al albergue y recibió atención terapéutica. “Fue diagnosticado VIH positivo, manifestó que en el año que vivió solo mantuvo prácticas poco cuidadas”, describe el informe. Un caso que amerita preguntarse: ¿quién estuvo a cargo de la supervisión del niño?; ¿por qué se entregó a la familia sin el acompañamiento necesario?; ¿por qué la Senniaf, siendo la institución que debe velar por su bienestar, levantó una boleta de alejamiento?, y finalmente, ¿quién responde al joven por su pasado?

Para que una familia pueda ser dada de alta como hogar sustituto, la Senniaf exige 14 requisitos puntuales. No obstante, hallamos a una madre acogente, que posteriormente adoptó a dos niñas, quien indicó a 'La Decana' que a pesar de haber completado toda la lista, jamás tuvo una visita del personal de la Senniaf para comprobar nada.

La señora, que pidió ser identificada como 'N', afirmó: “Yo estoy anotada como familia acogente, pero jamás vinieron a verme. Sé de otros casos que siempre estaban los trabajadores revisando”.

Ambas jóvenes, ahora mayores de edad, viven con 'N', experimentaron un pasado de abandono que requirió horas de terapia.

Una de ellas estaba a órdenes del Juzgado de Niñez y Adolescencia, la segunda bajo la Senniaf: “Pregunté quiénes eran los trabajadores sociales, y entre ellos se pasaban la bola, nadie tenía la responsabilidad”, describe, al intentar vincular la entidad con cada una de las adolescentes. “Jamás me habló la trabajadora social de ella”, recalcó. Cuando la segunda cumplió 18 años, la madre adoptiva dice que notificó a la Senniaf: “Ah, bueno, ya no tenemos que atenderla más, ya no tiene que llamar aquí”, repite la respuesta que recibió.

La joven adoptada que pidió identificarse como 'M.B.' contó que de pequeña fue maltratada por su madre, adicta al alcohol y las drogas. Muestra una cicatriz alargada como de ocho centímetros en el brazo izquierdo y agrega: “Yo tengo una marca, esto me lo hizo con un cable, me llevaron al hospital y de ahí al Juzgado”. 'M.B' rompe en llanto cada vez que recuerda su pasado.

Tiene 22 años, proviene de un hogar humilde de Colón, de ellos pasó casi la mitad en albergues de Colón y Panamá: “Mi mamá nunca me visitó”, expresa con angustia. Tenía 10 años cuando salió de Aldeas Infantiles S.O.S., un albergue ubicado en la provincia de Colón, para reunificarse con su mamá biológica. Duró un año, pero siguió maltratándola. 'M.B.' no tiene queja de los albergues en los que vivió. Después de Aldeas fue trasladada a Metro Amigos, donde cursó los últimos años de primaria. “Las madres de Metro Amigo me trataron bien, nunca tuve problemas con el director Roberto Charles”, señala. En el caso de M.B., su madre no ha sido rehabilitada.

Los especialistas han visto la necesidad de fortalecer el plan de familias acogentes en Senniaf para dar respuesta urgente a los niños y adolescentes en caso de no tener una opción familiar. De “no contar con un plan robusto, los jueces de Niñez y Adolescencia deben actuar para obligar al Estado a establecer las respuestas que necesitan los niños y adolescentes”, indica la comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Arosemena de Troitiño.

Lo ideal es el que el sistema de protección no reaccione a la violación de los derechos, sino a una prevención de los abusos y el abandono. Para ello, lo primero es pensar en las familias, que son cajas de resonancia de toda la sociedad y donde surgen las situaciones de violencia que requieren intervención de especialistas. “Como consecuencia de esto, los niños y adolescentes acaban en juzgados que, al no hallar una alternativa familiar, los envían a albergues que no son hogares, sino depósitos de niños”, describe de Troitiño.

Una nueva ley de protección integral a la niñez, que pretende establecer responsabilidades claras en el sistema, se discute en segundo debate de la Asamblea Nacional. Este marco jurídico contiene los procedimientos penales que contemplan sanciones para que aquel servidor público que no investigue, sea destituido e investigado sobre su responsabilidad.