Decenas de coloridas comparsas se dieron cita en las calles de la ciudad colombiana de Pasto para recibir en medio del jolgorio a la familia Castañeda,...
- 17/06/2013 02:00
- 17/06/2013 02:00
PENONOMÉ. Los 13 asesinatos registrados durante el primer semestre del año en la provincia de Coclé vuelven a despertar inquietud en la ciudadanía.
Seis de estos 13 homicidios han ocurrido en el distrito de Aguadulce.
‘La calle se calienta’, dicen los moradores que se reunieron la semana pasada con las autoridades para proponer soluciones. Una de estas fue la disminución de los permisos para celebrar fiestas.
Pero no solo en Aguadulce se registran estas muertes violentas. En el distrito de Antón, el día 12 de abril fue encontrado el cadáver de la estudiante de medicina Militxa Camarena Franco. Los autores confesos del crimen son capitalinos.
PUEBLOS ‘CALIENTES’
Tres distritos de la provincia tienen ya sus zonas rojas. En Aguadulce: El Salado o El Playón, El Coco, Las Guabas, Pozo Azul y El Perú. En Antón: Ciruelito, Bijagual y Río Hato. En Penonomé: Vista Hermosa, La Granja y Cerro Centenario.
Las autoridades incluyen en esta lista áreas rurales como Chiguirí Arriba, Pajonal y El Copé que han acogido a delincuentes que huyen de la ciudad capital.
‘Aquí está ocurriendo este fenómeno. Miembros del hampa de El Chorrillo, San Joaquín y otros sitios peligrosos se vienen huyendo y acá encuentran conexiones. Algunas veces son familiares o parientes que residen en las zonas rojas coclesanas’, señalan funcionarios del Ministerio Público.
UN PROBLEMA SOCIAL
Mónica Thompson, quien dirige el centro de Orientación y Atención Integral del Ministerio de Desarrollo Social en Coclé, considera que el crecimiento económico de la provincia ha traído algunas consecuencias negativas.
‘La migración de todo tipo de personas, de la provincia de Panamá y del extranjero, nos ha traído un problema social’, relata.
Thompson, psicóloga de profesión, reconoció que existe mucha vulnerabilidad en los jóvenes de los lugares identificados como críticos. ‘Hay un aumento de la deserción escolar y la rebeldía. Hay chicos que no acatan la autoridad de la familia y abandonan sus casas’, expone.
La funcionaria agregó que todos los días atiende en su despacho a familias en busca de orientación. ‘Vienen padres desesperados que intentan remediar la situación preguntando por colegios que estén lejos de las zonas rojas. Piensan que así los hijos no caerán en el delito’.
¿Y LA LABOR POLICIAL?
En 2011, cuando se implementó el nuevo Sistema Penal Acusatorio (SPA), se hizo en las provincias de Coclé y Veraguas.
Los responsables del cambio del modelo judicial señalaban que comenzaban en las regiones con menos incidencia delictiva.
El SPA traía cambios de roles en los agentes policiales. ‘No más represión, ahora se debe actuar con respeto a los derechos humanos’, declaraban los defensores del nuevo modelo de justicia.
Dos años después, se escuchan constantes críticas al SPA.
Unos dicen que los jueces de Garantía están dejando a los delincuentes en las calles. Otros sostienen que la Policía Nacional no está cumpliendo con su responsabilidad, que tiene limitaciones.
Miguel Ávila, al mando de la zona de Policía de Coclé, considera que los grupos que delinquen buscan los lugares con poca vigilancia para cometer las fechorías.
‘Estas personas (los delincuentes), en su mayoría jóvenes, cuando tienen rencillas en Panamá se refugian en residencias de familiares en las provincias centrales. Así nos traen esos problemas hasta acá’, agrega.
El jefe policial sostiene que el aumento de los delitos empezó con las migraciones de El Chorrillo para Arraiján.
‘Ahora hay problemas en La Chorrera, Capira y San Carlos. De esta forma el peligro llegó hasta territorio coclesano. Esto se va corriendo y donde existan problemas sociales, habrá delincuencia’, puntualizó.
Sobre los casos de Aguadulce, Ávila relató que son producto de rencillas entre pequeños grupos que están marcando los territorios en estas comunidades.
Por su parte, el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, desde el inicio de su gestión en 2009, ha sostenido que son crímenes entre bandas.