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La delación del tesorero de ‘Mimito'
- 31/01/2018 01:00
- 31/01/2018 01:00
A La Estrella de Panamá llegó un sobre amarillo. Al revisar el contenido del enigmático sobre, la sorpresa fue mayúscula: ¡Una propuesta de delación de José Porta Álvarez!, el hombre que fungió como tesorero del ex candidato presidencial José Domingo ‘Mimito' Arias.
Se trata de una propuesta para un acuerdo de colaboración eficaz con la Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación y que refrenda Gladys Quintero Fuentes, en su condición de abogada sustituta de José Antonio Porta Álvarez.
Porta Álvarez está acusado de blanqueo de capitales dentro del expediente seguido por pagos de coimas de la constructora brasileña Odebrecht a funcionarios y políticos panameños, que según las investigaciones judiciales de, suman más de $80 millones.
El 12 de octubre de 2017, la Fiscalía Especial Anticorrupción dictó la providencia de indagatoria N° 09-2017, para formularle cargos. En la misma fecha, el despacho de instrucción emitió el oficio N° 3840, para disponer la conducción de Porta Álvarez a los estrados judiciales, para que rindiera sus descargos y aportara pruebas en su defensa.
El 30 de octubre de 2017, en horas de la tarde, la Policía Nacional le comunicó al imputado su deber de comparecer a la Fiscalía Especial Anticorrupción. Porta Álvarez se presentó de manera voluntaria, pero al momento de su llegada a la agencia de instrucción, la fiscal encargada de la investigación le comunicó que no podría rendir sus descargos porque el término de la investigación había precluido. La fiscal procedió a dejar sin efecto el oficio que ordenaba la conducción del imputado.
LA DELACIÓN
Una vez revisado el documento que llegó a La Estrella de Panamá , este diario se comunicó con la abogada Gladys Quintero, a quien se le preguntó sobre la propuesta de delación. Le sorprendió cómo llegó dicho documento a manos de este periódico.
En el resumen de los hechos de la delación, Quintero explica que a su cliente lo unen más de veinticinco años de amistad con José Domingo Arias. Eso lo motivó a apoyarlo en su campaña política rumbo a la presidencia para 2014-2019.
En el calor de la campaña, Arias y Porta Álvarez emprendieron la búsqueda de fondos, acudieron al empresariado local y entre ellos se reunieron con el empresario Stanley Motta, quien los recibió junto a Carlos Motta y Miguel Heras. A Arias y Porta Álvarez les fue bien, porque Motta decidió apoyarlos con un millón de dólares. Pero según el documento le pusieron como condición que se abriera una cuenta en el exterior para depositar el dinero.
Arias no tuvo inconvenientes y giró instrucciones a Porta Álvarez para aperturar la cuenta en un banco del exterior, que resultó ser PKB Privat Bank, S.A, ubicado en Lugano, Suiza.
La cuenta indicada fue aperturada a nombre de la sociedad Allure Consulting & Services Inc, con el número 115953. El primer depósito provino del empresario Stanley Motta, a través de la sociedad Multitenant Overseas Ltd, por la suma de $200 mil, cita el documento.
Pero días después, el banco le comunicó a Porta Álvarez que había recibido otro depósito, esta vez por de $400 mil, de la empresa Klienflied Services Ltd. Esta sociedad, empero, es una offshore constituida en Antigua y Barbuda para pagar sobornos de la constructora Odebrecht, por ejemplo, en Perú y Panamá.
Porta Álvarez comunicó a su amigo que había recibido el dinero. Arias entonces le hizo saber que ese depósito venía de otro grupo económico que él había contactado y que también donaría un millón de dólares. Posteriormente, llegaría otro depósito por $600 mil.
La cuenta, según el documento, tiene un total de $2 millones que no fueron transferidos a Panamá. ‘Al ser depositados en un banco de inversión fueron reinvertidos en bonos de los Estados Unidos', establece el documento de colaboración de Porta Álvarez.
COMPROMISO
En el acuerdo de colaboración, que propone a través de su defensa, Porta Álvarez se compromete a entregar la información relacionada con la empresa Allure Consulting & Service Ltd y la documentación relacionada a dos depósitos recibidos de Klienfield Services Ltd. La abogada también pone a disposición la documentación que sustentan la apertura de la cuenta en PKB Privat Bank, S.A.
La propuesta de acuerdo también solicita que se acepte transferir los fondos que donó Klienfiled Services Ltd, por $1 millón, a una cuenta del Ministerio de Economía y Finanzas.
Sobre los documentos de la sociedad Allure Consulting & Services, Porta Álvarez asegura que José Domingo Arias mantiene toda esa documentación en su poder en su condición de único accionista.
Sin duda Porta Álvarez tiene mucho que contar y según lo ha hecho saber al Ministerio Público, está dispuesto a declarar como testigo principal de cargos y rendir testimonio. ¿Qué más sorpresas tendrá reservadas?
ANTECEDENTES
Arias negó donaciones sucias
José Domingo Arias, quien fuera el candidato presidencial por Cambio Democrático (CD), aseguró que no recibió dineros de la empresa Odebrecht como apoyo a su campaña electoral.
En un comunicado que dirigió a La Estrella de Panamá, la noche del 15 de febrero de 2017, Arias aseguró que ‘las contribuciones privadas' recibidas por su campaña presidencial ‘fueron manejadas en estricto apego al artículo 209 del Código Electoral que obliga a su registro y reporte al Tribunal Electoral (TE)'.
Arias, quien lideró la alianza ‘Unidos por más cambios', fue el candidato presidencial que recibió más donaciones. El candidato recibió $34.7 millones y gastaron $35 millones, de acuerdo con el reporte de las contribuciones privadas a las diferentes campañas presidenciales del 2014 que hizo el TE.
‘Para garantizar la seriedad en el manejo de las contribuciones privadas recibidas durante mi campaña se abrieron dos cuentas corrientes, una en el Banco General y otra en Global Bank, en las que se depositaron y gestionaron la totalidad de las contribuciones privadas y se cumplieron las obligaciones comerciales adquiridas durante la misma', detalló Arias.
MARCO LEGAL
Los acuerdos de colaboración eficaz con la justicia
Los acuerdos de colaboración son conforme a la Ley 4 del 17 de febrero de 2017.
Esta norma en su artículo 4, numeral 2, establece que el Ministerio Público y el imputado, en compañía de su defensor, podrán realizar acuerdos de penas o colaboración, a partir de la diligencia que ordena la indagatoria y antes de la celebración de la audiencia ordinaria.
Los acuerdos deben establecer la aceptación del imputado de los hechos expresados en la resolución de indagatoria o parte de ellos, así como la pena a imponer.
La colaboración eficaz del imputado busca el aporte de información esencial para descubrir autores o partícipes de delitos.
Una vez establecido el acuerdo, el fiscal deberá presentarlo ante el juez de la causa mediante acto de audiencia oral, quien únicamente podrá negarlo por desconocimiento de los derechos o garantías fundamentales o cuando existen indicios de corrupción o venalidad.
Aprobado el acuerdo, el juez procederá a dictar sentencia y de ser condenado el imputado impondrá pena que no podrá ser mayor a la acordada ni inferior a una tercera parte de la que le corresponde por el delito