Meduca plantea extender el año escolar

El país está intentando recuperar la calma ante la crisis social desatada en octubre. La Universidad de Panamá convocó a sus estudiantes a regresar a clases de manera presencial desde el martes 21 de noviembre, un día después del llamado a paro de organizaciones que se oponen y piden la derogación de la Ley 406, la cual dio vida al contrato entre el Estado y Minera Panamá.

La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, reiteró la importancia de volver a las escuelas para enviar un mensaje de búsqueda de entendimiento. En este sentido, ha informado que algunos docentes y estudiantes se han incorporado a las clases, y se están llevando a cabo reuniones con directivas de padres de familia en todo el país.

Sobre la supuesta sugerencia de permitir que los alumnos de distintos niveles de educación aprueben el año con 2.5 de promedio, Gorday de Villalobos aclaró que “en ningún momento hemos recibido de los padres esa propuesta”.

La ministra reconoció que hay áreas donde es difícil el abastecimiento, donde los docentes están visiblemente en los paros y este periodo, definitivamente, se debe extender, pero siempre hacer los ajustes para no hacerlo más allá de enero.

Gorday de Villalobos agregó que se deben cumplir los términos de los contenidos, pese a saber que se han perdido más de 13 días hábiles de los 25 días del paro de docentes, descontando los libres, los fines de semana y los de asueto.

Por otro lado, la ministra sostuvo que, a través del Viceministerio Académico se coordina con la Universidad de Panamá, con la Universidad Tecnológica de Panamá, y con otras del sector oficial, correr alguna fecha de exámenes que quedaron pendientes.

Por su parte, las clases se reanudarán de manera presencial en los campus Central y Harmodio Arias Madrid, las facultades de Educación, Administración Pública Administración de Empresas.

En tanto, el procurador general de la Administración, Rigoberto González, recibió el miércoles 15 de noviembre, de parte del ministro de la Presidencia, José Simpsons, una consulta para que emita su opinión sobre la viabilidad de la derogatoria, por una ley, del contrato-ley 406 entre el Estado panameño y la empresa Minera Panamá, S. A.

El procurador de la Administración no tiene fecha término para responder, pero una fuente de esa institución reveló que González ya elabora su pronunciamiento y lo hará público el próximo martes 21 de noviembre.

La noche de este 16 de noviembre el presidente Laurentino Cortizo advirtió en un mensaje a la Nación que hizo una consulta al procurador de la Administración para ver la viabilidad jurídica de derogar la Ley No. 406.

Cortizo hizo un llamado al país para que se respete el Estado de derecho y se proteja la institucionalidad, que consiste en que cada órgano del Estado cumpla con las funciones que constitucionalmente le corresponden.

Cortizo hizo un llamado al país para que se respete el Estado de derecho y se proteja la institucionalidad, que consiste en que cada órgano del Estado cumpla con las funciones que constitucionalmente le corresponden.

El presidente solicitó esperar los tiempos que determinan los fallos de la Corte Suprema de Justicia y reiteró que acatará el fallo que emitan los magistrados sobre la ley del contrato minero.

El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Arturo Hoyos, presentó una solicitud a la Corte para que declare 'la no inconstitucionalidad' del artículo 1 de la Ley 406, el cual dio origen al contrato entre el Estado y Minera Panamá.

La respuesta de Hoyos se realiza a título personal y en representación propia frente a la demanda de inconstitucionalidad presentada por Juan Ramón Sevillano.

En su argumento, Hoyos destaca la importancia de considerar que, de haber convocado el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) una licitación sobre bienes de propiedad privada, esto habría constituido una expropiación. Según el abogado , esto iría en contra del derecho constitucional y los tratados de protección de inversiones ratificados por Panamá.

El constitucionalista sostiene que la ley de 1997 no fue inconstitucional hasta el 23 de diciembre de 2021. Además, argumenta que el Estado no tenía la potestad de convocar una licitación para otorgar una concesión sobre bienes de propiedad privada de Minera Panamá, ya que esto implicaría una expropiación con la obligación inmediata de compensar a la empresa por la inversión, que supera los $10,000 millones, más la compensación adicional relacionado con el daño emergente y el lucro cesante.

Hoyos destaca la diferencia clave entre la situación de la concesión en 1997 y en la actualidad. Señala que en 1997 no existían las mejoras, que ahora son de propiedad privada según el contrato de concesión. Argumenta que someterlas a una licitación habría sido equivalente a una expropiación, según el derecho internacional de la protección de inversiones.

El exmagistrado y constitucionalista enfatiza que el MICI, al convocar una licitación, habría ignorado la realidad de las mejoras construidas y los bienes de propiedad privada del concesionario, lo que habría constituido una expropiación indirecta protegida por la Ley 39 de 1997, que aprobó el convenio de promoción y protección de inversión celebrado entre Panamá y Canadá y que se encuentra vigente desde el 13 de febrero de 1998.

En cuanto al bienestar social y el interés público, Hoyos señala que estos conceptos son difíciles de definir, pero sostiene que la norma atacada no contribuye al bienestar social ni al interés público.

Finalmente, el constitucionalista argumenta que abrir un nuevo proceso de licitación estaría en conflicto con el marco normativo aplicable, ya que implicaría otorgar una concesión doble, violando los procedimientos y requerimientos constitucionales y de la Ley 39 de 1997, que ratifica un tratado de promoción y protección de inversión entre Panamá y Canadá.