Las manifestaciones se tomaron las calles del país

En la ciudad de Panamá y en el interior del país las escenas eran las mismas: Cierre de calles y movilizaciones.

Las protestas empezaron desde temprano a ritmo lento, pero aumentaron progresivamente en la medida que los ciudadanos se desplazaban en diferentes modos de transporte para llegar a sus lugares de trabajo.

En la ciudad capital se suspendió el servicio de transporte público en algunas zonas, y aumentó el desabastecimiento de alimentos y otros productos.

La Alianza Pueblo Unido por la Vida, la Alianza Nacional del Pueblo Organizado (Anadepo) y dirigentes de algunos de los denominados bastiones de lucha de los grupos originarios anunciaron un cierre total por 24 horas de manera continua a nivel nacional para este jueves 16 y el lunes 20 de noviembre.

La suspensión temporal de los servicios de MiBus exacerbó la situación al dejar a las personas a pie sin opciones viables para llegar a sus destinos laborales.

La empresa de transporte MiBus suspendió el servicio en todas sus rutas debido a los múltiples cierres de calles que se registraron en las áreas donde presta el servicio. En un comunicado, la empresa destacó que debido a la situación y las dimensiones de sus autobuses, hacer desvíos es imposible, por lo que de forma temporal mantendrán paralizada la operación.

Las 18 zonas pagas también fueron cerradas hasta que se normalizara el tráfico vehicular y se abran las vías. Juan Yao, director de Operaciones de MiBus, señaló que desde el principio de la crisis se ha explicado que esta medida es para salvaguardar la vida de los usuarios y operadores.

En la ciudad capital se registraron cierres en unos 12 puntos, tanto en el centro como en la periferia, incluyendo las principales vías, como la avenida Balboa, la Transístmica y la vía España.

En el interior del país, las movilizaciones se dieron en las provincias de Veraguas, Chiriquí, y la región de Azuero. En Colón también hubo manifestaciones, incluyendo la de los lancheros que protestan en el puerto de Punta Rincón, donde intentaron evitar el atraque de un barco que transportaba carbón para las operaciones de Minera Panamá.

En la tarde, el Órgano Judicial comunicó sobre la admisión de la décima demanda de inconstitucionalidad presentada el 15 de noviembre ante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia contra la Ley 406 del 20 de octubre de 2023. La demanda fue admitida ayer, 16 de noviembre, por el magistrado Carlos Alberto Vásquez Reyes, y remitida al procurador de la Administración para su opinión.

La demanda contra el contrato entre el Estado panameño y la empresa Minera Panamá fue presentada por el abogado Francisco Javier Ramos Molina.

El ministro de Gobierno, Roger Tejada Bryden, sostuvo una reunión con el representante regional de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) para América Central y el Caribe, Alberto Brunori, con el objetivo de intercambiar ideas y ponerlo al tanto de la situación que vive el país.

“El titular de Gobierno notificó a Brunori que el Gobierno Nacional de Panamá ha agotado todas las instancias para abrir las vías de manera pacífica. Además, le informó que se han dado actos de vandalismo de manifestantes en varios puntos del país”, señaló el Ministerio de Gobierno en un comunicado.

“Estamos activando procesos judiciales para exigir las responsabilidades a los actores y haremos lo necesario para abrir las calles, permitiendo la restitución del ejercicio de sus derechos a toda la ciudadanía”, agrega el comunicado.

En la reunión también estuvo presente el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, quien recordó que el derecho a la protesta se debe ejercer de forma pacífica, señala el comunicado.