Los retos de Panamá ante el nuevo orden del crimen organizado

La presencia en Panamá del Tren de Aragua, grupo criminal venezolano, no debe sorprender a nadie. Especialistas en el tema, como Alejo Campos, director regional de Crime Stoppers para el Caribe, Bermuda y América Latina, explica que las organizaciones criminales visualizan el negocio ilícito como una actividad sin fronteras, cuasi sin límites, que les permite operar y financiar varias actividades criminales a la vez. Por eso, la presencia, o los nexos del Tren de Aragua en Panamá, forman parte de la ramificación de la estructura criminal. En este contexto, se requiere de un marco jurídico moderno que brinde a las autoridades las herramientas para investigar y desarticular a estas organizaciones que se aprovechan de la corrupción y nexos políticos para ejercer sus operaciones.

La crisis migratoria favoreció el establecimiento de células del Tren de Aragua en lugares donde había grandes concentraciones de venezolanos. Panamá parece ser una de ellas. La reciente detención en la frontera tico-panameña de Renzo Espinoza López, alias ‘el Chucky’, considerado como uno de los brazos del sicariato de la organización y sobre quien pesa una alerta roja de la Interpol por homicidio, secuestro y crimen organizado, es clara prueba del modus operandi que aprovecha este grupo criminal. El flujo migratorio permite al Tren de Aragua expandir sus células en distintos países del continente. Aunque se desconoce desde cuándo iniciaron sus nexos con el istmo, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, confirmó que están financiando a bandas delincuenciales locales, según declaraciones ofrecidas a la W Radio de Colombia recientemente.

La organización criminal en mención se dedica al tráfico de drogas, la extorsión, tráfico de armas y la prostitución forzada. Esta diversidad de actividades ilícitas les brinda una plataforma criminal para financiar nuevos ‘negocios’ cuando los necesitan. Un portafolio criminal al servicio del mejor postor.

“El Tren de Aragua es más que un cartel. Es la clara definición de la convergencia criminal”, define Campos. Esto obliga a las autoridades a hablar no sólo de narcotráfico, blanqueo de capitales o trata de personas por separado”, recalca. De alguna manera, esto fuerza a los agentes de investigación a enfocar sus investigaciones judiciales de forma holística, global. De no hacerlo, advierte Campos, “resultará muy difícil combatirlo con efectividad”.

Los criminales de nuestros tiempos observan sus operaciones desde una visión macro, sin fronteras. Son barreras circunstanciales, es todo un mismo territorio que viene de Sudamérica, que incluye a México y a los puertos para ramificar sus operaciones a nivel internacional. La forma contemporánea del crimen no se centra en un producto, droga, trata, sino en la ruta. Quien controla la ruta tiene el poder. “Puedes tener el mejor producto criminal, pero si no tienes la ruta, no tienes poder. Todo se basa en el control de rutas transnacionales, por eso los puertos, las fronteras, las zonas libres son activos estratégicos de los criminales”, subraya Campos.

En contraste, las definiciones de nuestra legislación parecen dos décadas atrasadas. “Están en declive”, asegura. “Todavía estamos buscando al Pablo Escobar. La estructura de Pablo Escobar, visionario para su época, ya cambió. No existe. Estamos persiguiendo a una estructura obsoleta. Ese Pablo Escobar se ha transformado en una corporación criminal con vínculos en todos los sectores de la sociedad y en la misma sociedad, en donde muchos ciudadanos, a veces sin saberlo, otros sabiéndolo y otros amenazados, terminan siendo colaboradores de esas corporaciones criminales. Hay que dejar de hablar de carteles para hablar del nuevo orden global criminal”, asevera.

El Tren de Aragua es un ejemplo de cómo funcionan estas estructuras criminales globales. Al igual que pueden serlo el Cartel de Sinaloa de México, con presencia clara en varios continentes, y con un abanico de actividades ilícitas que ponderan su posición sobre otros grupos criminales. En el caso del Tren de Aragua ha efectuado un trabajo lento en cada una de las jurisdicciones de Latinoamérica para fortalecer su logística criminal. Generalmente, se asocian con las bandas y pandillas locales, pero no exclusivamente.

El crimen transnacional requiere de nexos con las instituciones gubernamentales, sector privado y la sociedad civil. Este nuevo orden de convergencia, por lo general, busca aliados. Uno fundamental es la cleptocracia. Es decir, un sistema de corrupción completo, no de un hecho, sino en el que la corrupción esté presente tanto en el sector privado como en el gubernamental. En este sentido, la legislación juega un papel predominante para modernizar y actualizar la tecnología y la terminología que se emplea para desarticular el crimen.

“Recordemos que el crimen organizado ha infiltrado casi todos los sectores. Eso no quiere decir que en todos estén permeados, pero en casi todos los sectores tienen a alguien o algún tipo de actividad o nexo, porque eso les permite tener una fotografía completa de lo que está pasando para operar con total seguridad. Tener cada uno de estos elementos infiltrados en el sistema público y privado significa inteligencia criminal, es fundamental”, explica Campos.

La creación o reforma de las leyes depende de los parlamentarios. “Cada vez más vemos cómo los parlamentarios tienen vínculos directos con el crimen organizado. No permiten que pasen leyes ni hacer modificaciones. Eso protege el esquema criminal. Eso se llama cleptocracia, un sistema que protege el sistema criminal para que funcione. No son hechos aislados”, apunta Campos.

De igual forma, la investigación contra el blanqueo de capitales dejó de ser ese gran maletín lleno de efectivo en manos de una persona, para montarse en la tecnología financiera (fintech) que busca mejorar el uso de servicios financieros. “No tenemos legislación para que esas transacciones dejen trazabilidad. No tenemos leyes para que las fiscalías puedan investigar sobre eso, ni sobre criptomonedas para hacer la trazabilidad de estos activos, y menos para hacer una incautación”, llama la atención Campos.

Se sorprende de cómo en algunos países aún se usan hojas de cálculo para hacer investigaciones de blanqueo. “Que una fiscalía esté trabajando una investigación de blanqueo en hojas de Excel, por ejemplo, es parte de una política pública, de una voluntad o no de tener resultados concretos en la lucha contra el blanqueo, es ahí donde hay que pelear”, insiste.

El crimen organizado muta todo el tiempo en su forma de actuar, se evidencia en las rutas y las modalidades que emplea para mover droga hacia otros países. “Pero, por este lado, seguimos buscando la maleta llena de dinero. En la parte de investigación criminal no se entienden las nuevas modalidades, y eso hay que actualizarlo rápidamente”, reclama Campos.

Bajo su óptica, es importante no descuidar las incautaciones, pero tampoco enfrascarse en esa forma de luchar contra el crimen organizado, que requiere actualizar a investigadores policiales, fiscales, jueces y magistrados para que cuando se presenten estos casos en los tribunales puedan entenderlo y emitir criterio.

El Tren de Aragua, la banda criminal más poderosa de Venezuela, se originó en el estado de Aragua alrededor del año 2013, en la prisión de Tocorón. Se creía una organización carcelaria, compuesta por presos que controlaban diversas actividades dentro de la prisión y que establecieron una red de extorsión.

El Tren de Aragua tiene presencia en América Latina y otros continentes, una estrategia que emplea para abusar y usar los beneficios estratégicos de la geopolítica de Panamá con el propósito de fortalecer su imperio criminal.

Los cabecillas cobraban extorsiones (vacunas), se dedicaban al tráfico de armas, drogas y la prostitución forzada, desde los penales como sede. Después extendió su control tras muros, especialmente en el estado de origen y después expandiéndose hacia otros países del continente.