Los nexos comerciales que la fiscalía investiga como fachada en la operación Jericó

La Fiscalía Superior Especializada en Delitos Relacionados con Drogas tiene carta blanca de los tribunales para investigar, y posteriormente probar en un juicio, el modus operandi que empleaba la organización criminal desmantelada en la operación Jericó.

De acuerdo a la pesquisa revelada hasta el momento en las audiencias de imputación, la fiscalía estableció que el grupo criminal recibía la droga, a través de embarcaciones de pesca artesanal y lanchas rápidas, procedentes de Colombia, llegando a puntos de recepción en la Comarca Guna Yala, Darién y Panamá, y después enviaba la droga a través de trochas selváticas para trasladarla a la frontera con Costa Rica, vía terrestre.

En esta estructura, en la que se han imputado cargos a 29 personas por la presunta comisión de diversos delitos, entre estos reunión y conspiración para cometer delitos relacionados con drogas y blanqueo de capitales, la fiscalía deberá concentrarse en demostrar la comisión del delito de blanqueo de capitales, una de las tareas más difíciles para los fiscales por los nuevos métodos tecnológicos que ocultan la trazabilidad del dinero, o por la ramificación de empresas empleadas para tal fin.

En la operación se vinculó en calidad de autor del presunto delito de blanqueo a Abraham Rico Pineda, hijo del diputado de San Miguelito del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Raúl Pineda. En la audiencia combo, en la que la fiscalía logró la legalización de la aprehensión, la imputación y la detención preventiva de Rico Pineda, el fiscal Jonathan Díaz explicó la vinculación del joven de 31 años en la estructura criminal dedicada al trasiego de drogas y el blanqueo de capitales.

De acuerdo a la teoría de la fiscalía, Rico Pineda contaba con varias empresas que le permitían mover dinero producto de actividades ilícitas. Entre ellas, mencionó a la empresa Mared, S.A. y Servicios Rama. También se refirió a la compañía Soluciones de Entrega y Transporte S.A. (Setsa). Esta sociedad anónima fue constituida por el diputado Pineda en septiembre de 2009, cuando él iniciaba el primero de tres periodos consecutivos en el legislativo.

Pero, aparentemente Rico Pineda también tiene nexos comerciales en Nueva York, Estados Unidos. El nombre Abraham R Pineda aparece como oficial (directivo) de la empresa PR Cleaning Services Corp., que se encuentra activa, según el portal Open Corporates, que identifica sociedades anónimas en todo el mundo, por nombre u oficial asociado. Esta empresa también aparece en el registro de información de la División Corporativa del Estado de Nueva York, de acuerdo a una búsqueda efectuada por La Estrella de Panamá.

Domiciliada en 1525 Pine Acres Blvd, Bay Shore NY, código postal 11706, la sociedad anónima fue incorporada en junio de 2018, bajo el número de compañía 5363364. Sobre esta empresa, el abogado Ángel Álvarez, quien forma parte del equipo de defensa de Rico Pineda, no confirmó o negó la relación con su cliente, que por el nombre en inglés podría asumirse que se dedica a servicios de limpieza. El jurista rememoró que dicha empresa no fue mencionada en la audiencia del pasado 21 de agosto, como en efecto la fiscalía no lo hizo, aunque investiga los supuestos vínculos.

Una búsqueda de la dirección registrada en Google Maps de la dirección de PR Cleaning Services Corp muestra una residencia de una planta con un área verde, que forma parte de un vecindario exclusivo rodeado de mar en Bay Shore Nueva York. Un poblado de aproximadamente 50 mil personas situado en la costa sur de Long Island, junto a la bahía de Great South.

De estar asociada dicha empresa a Rico Pineda, PR Cleaning Services tendría una actividad similar a Servicios Múltiples Rama, que se hizo de varios contratos con instituciones del estado para limpieza y mantenimiento de áreas verdes. El fiscal miró de cerca ésta última sociedad en el engranaje de la operación Jericó, ya que según la investigación de la fiscalía, se empleó para la estratificación del dinero procedente de actividades ilícitas.

De acuerdo al informe financiero que presentó el fiscal durante la audiencia, Servicios Múltiples Rama tenía ingresos anuales por $8 millones, estableciendo un costo de la mitad del monto y una ganancia mensual de aproximadamente $320 mil. El reto de la fiscalía consistiría en demostrar que las ganancias de la empresa provienen de actividades ilícitas, o la forma en que se mezclaba el dinero producto del narcotráfico en las sociedades supuestamente vinculadas a la organización.

Rico Pineda dejó de ser parte de la directiva (2015-2019) de Servicios Múltiples Rama. Sin embargo, por los datos recopilados en las diligencias de seguimiento, vigilancia y escuchas telefónicas, el fiscal está convencido de que Rico Pineda mantuvo estrechos vínculos con el negocio. En 2019 Rico Pineda cedió el cargo directivo a Omar Ortega, también imputado por supuesto blanqueo en la investigación Jericó.

Servicios Múltiples Rama, fue inscrita en 2014 por el hoy fenecido Agustín Lara, exsubdirector del Registro Público y dirigente del PRD, que en 2021 murió asesinado luego de ser interceptado por un sujeto en una moto que le disparó. Lara también compartió la directiva de Soluciones de Entrega y Transporte S.A. (SETSA), otra de las empresas nombradas por el fiscal en la audiencia, pero superficialmente.

Setsa, que aparentemente dirige la esposa del diputado Pineda, Isis León, se especializa en el transporte terrestre de carga refrigerada y seca desde hace más de 15 años. El portal de la empresa muestra una flota de camiones equipados con la mejor tecnología para conservar la mercancía hasta su destino. En este negocio, aparecen como directivos Isis León, Abdul Córdoba y Abraham Rico Pineda, de ahí la posible conexión que hace la fiscalía.

El diputado Raúl Pineda formó parte de la directiva de Setsa desde su creación en 2009 hasta 2012, cuando cambió la directiva y nombró a su hijo Abraham Rico Pineda. A pesar de que el diputado se desligó de la directiva, en noviembre de 2012, mediante una junta de accionistas, el político quedó como el principal tenedor de las acciones de la compañía. El capital social autorizado de la sociedad es de 10 mil dólares divididos en cien acciones con un valor de $100 cada una. En esa fecha, la empresa emitió 100 acciones con un valor de $100 cada acción a favor del diputado Raúl Gilberto Pineda.

De ahí tal vez la dificultad de la fiscalía en ahondar en la investigación dado el fuero que reviste al diputado, quien puede ser investigado únicamente por la Corte Suprema de Justicia. Recientemente el Ministerio Público indicó a La Decana que prepara un nuevo paquete de evidencias para remitir a los magistrados, que forman parte de los nexos del diputado con las supuestas actividades ilícitas relacionadas a la operación Jericó.

La decisión de la fiscalía tiene el propósito de retomar la investigación en contra del diputado Pineda, luego de que el pasado 11 de julio, bajo la ponencia del magistrado Olmedo Arrocha, la Corte desestimara la pesquisa culpando al Ministerio Público de no haber aportado las pruebas necesarias que vinculen al mencionado en un hecho ilícito. Una fuente de la Fiscalía confirmó a La Estrella de Panamá que luego de las diligencias efectuadas en la operación, allanamientos, análisis financieros y de conversaciones telefónicas, la fiscalía cuenta con un expediente sólido que someterá a consideración de los magistrados para la investigación.

Además de las sociedades anónimas citadas, el fiscal Díaz se refirió a Mared. S.A. que mantiene la misma dirección que Servicios Rama, ambas en el sector de Paraíso, que coinciden en el mismo domicilio relacionado a un partido político del país, el PRD.

Mared, S.A. fue inscrita en el Registro Público el 14 de julio de 2009. La directiva está compuesta por Edwin Acevedo, que de acuerdo a una búsqueda de este diario fue nombrado el 16 de octubre de 2019 como jefe del departamento de proveeduría en la Autoridad de los Servicios Públicos con un salario de $3 mil al mes. Se desconoce si continúa en la entidad.

El secretario de Mared es Martín López, quien también consiguió un nombramiento en el gobierno pasado como Inspector de Aduanas III, Supervisor en Colón, en agosto 19 de 2019 con un salario de $3 mil mensuales, aunque renunció al cargo recientemente. López presentó su tesis de maestría en la Universidad de Panamá con un estudio de gerencia pública con énfasis en gestión aduanera en febrero de 2018.

El Registro Público indica que Mared adquirió un préstamo en diciembre de 2011 por $130 mil a favor de Raúl Pineda y éste ordenó distribuirlo de la siguiente forma: a Bahía Motors $50,400; a Manuel Mirambel la suma de $15 mil, y a Aamar investment $36 mil.

Con lo anterior, la fiscalía “requerirá hacer un análisis pormenorizado de las personas que forman parte de las directivas para deslindar si eran parte de la organización y qué roles tenían”, indicó un exfiscal del Ministerio Público. Además, mencionó, que “deberá determinar si a esa sociedad ingresaron fondos previamente identificados de origen ilícito, al menos con información que lleve a indicios”.

Los fiscales también tendrán que distinguir entre el manejo administrativo de la sociedad y la titularidad accionaria de la misma. “Si la investigación determina que un miembro accionista está involucrado, es necesario establecer el porcentaje que tiene en la sociedad, si cabe la aprehensión de los bienes proporcional a sus acciones”, añadió. Con esto, la legislación permite responsabilizar los actos de sus directivos al hecho ilícito que cometió la persona y que haya contribuido a la acción delictiva.

Por lo general, las empresas empleadas como parte de la estructura del blanqueo de capitales de las organizaciones criminales, buscan establecer negocios lícitos con el estado u otros clientes para disfrazar las operaciones criminales. La determinación de patrimonio neto, se determina de acuerdo con las fuentes lícitas, declaración de renta, personal en planilla, pago de cuotas en la Caja de Seguro Social, o los bienes que posee. De esta manera, añadió el exfiscal “se hace un estudio retroactivo desde que nació a la vida jurídica, se determinan los ingresos, el dinero en las cuentas bancarias y de acuerdo a esa relación lo que declaró la empresa en la Dirección General de Ingresos.