Jueza debe garantizar el justo equilibrio del caso Odebrecht

Hoy, en la fecha alterna, se reanuda la audiencia preliminar de la investigación de Odebrecht, que es el más emblemático caso de corrupción nacional e internacional.

Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), aseguró que es difícil hacer un pronóstico de una audiencia en la que hay tantos intervinientes y donde cada uno debe tener una estrategia individual.

“Hay que estar atentos a las incidencias que se produzcan que de alguna manera afecten el inicio de la audiencia”, advirtió el abogado.

Para el presidente del colegio, el tribunal debe garantizar que todos los actores sean escuchados. Al mismo tiempo debe garantizar que la ciudadanía conozca qué está sucediendo en el proceso.

Agregó que existen dos visiones de la investigación: la primera está relacionada a la expectativa y el deseo de castigo de la sociedad. La otra es la de la defensa que ejercen las personas imputadas, que no se quedarán inmóvil ante un señalamiento. La jueza debe garantizar el justo equilibrio.

“La responsabilidad de la jueza en esta audiencia es fundamental para responder tanto a la sociedad, a la justicia, como a los señalados”, concluyó el abogado.

El abogado Carlos Barsallo, en el programa Radar de TVN recalcó que este es un caso emblemático considerando que la administración de justicia está juzgando a una empresa emblemática.

Pero, al mismo tiempo, la sociedad panameña está juzgando a la administración de justicia. Y, juzgándose a sí misma, determinando si tiene capacidad de juzgar al poder.

Barsallo explicó que el país ha demostrado que tiene capacidad de juzgar a quien no tiene poder. “En este caso particular, las estadísticas son abrumadoras. Pero, no tenemos estadísticas impresionantes cuando se trata de juzgar al poder político y económico cuando se trata de juzgar al poder económico y político”, analizó.

En cuanto a la parte jurídica-técnica, expuso, es importante que se celebre la audiencia preliminar porque se interrumpe el término de prescripción cuando el proceso pasa a la fase de juicio quedando el expediente en manos del Órgano Judicial.

“El solo hecho que se celebre la audiencia preliminar es un gran logro por todos los malabarismos que hemos visto lo cual lo cual deja en duda la justicia. Y lo segundo es que allí no termina nada sino que empieza un segundo round”, explicó Barsallo.

La empresa constructora admitió a las autoridades estadounidenses haber pagado millones en sobornos en una docena de países, entre ellos Panamá.

El analista José Stoute destacó la importancia del caso considerando que en otros países se han dado juicios, condenas, y aquí “no ha pasado nada”.

La investigación es también de varios gobiernos. La cantidad de personas imputadas es enorme. “Es un juicio a la justicia panameña que está en crisis”, dijo Stoute.

En criterio del analista este puede ser una oportunidad para que el sistema de justicia pueda dar un paso importante y “medio remendarse” funcionando de manera “adecuada” y con “firmeza”. “Yo tengo dudas honestamente… Esto es de verdad muy preocupante”.

La investigación en Panamá inició con una denuncia presentada el 18 de septiembre de 2015 y el expediente consta de 2,755 tomos.

El día 12 de abril de 2021, la Fiscalía Especializada Anticorrupción remitió al Órgano Judicial la vista fiscal del expediente de la investigación de Odebrecht al Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá.

El pasado 18 de julio de 2022, la audiencia preliminar del caso fue suspendida y reprogramada para la fecha alterna debido a la inasistencia de varios abogados de la defensa.

En la audiencia, la jueza Baloisa Marquínez debe calificar la investigación efectuada por la Fiscalía Especializada Anticorrupción, que dirige Ruth Morcillo.

Lo que quiere decir que el fiscal debe hacer la lectura de la Vista Fiscal, que es el resultado de la investigación. Los abogados, por su parte, deben presentar sus argumentos de defensa. Y, finalmente, el juez debe decidir si existen o no los méritos para llamar a juicio a los imputados en la investigación.

El Ministerio Público pide sean enjuiciadas 50 personas naturales y 1 persona jurídica por la presunta comisión del Delito Contra el Orden Económico, en la modalidad de blanqueo de capitales, tipificado en el Libro II, Título VII, Capítulo IV del Código Penal, con una pena de 5 a 12 años de prisión (artículos 254 y 255) y de 5 a 10 años (artículo 256) respectivamente.

En caso de faltar alguno de los abogados privados, el imputado optará por la defensa pública.