Juez de garantía ordena la detención preventiva de Rico Pineda

Abraham Rico Pineda, el joven de 31 años e hijo del diputado Raúl Pineda, fue imputado este miércoles en calidad de autor por el delito de blanqueo de capitales en la operación Jericó, en la que se desmanteló una organización de la que hacen parte otras 31 personas imputadas por el delito de conspiración para el tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

Las autoridades escucharon las conversaciones telefónicas de Rico Pineda desde el pasado 14 de mayo hasta hace unos días, lo ubicaron, lo siguieron, allanaron su casa y su empresa, Servicios Rama, S.A. ubicada en Bethania. El contenido de estos informes fue suficiente para que el juez de Garantías Justo Vargas concluyera que existe “una posible comisión del hecho punible”. Además, declaró legal su aprehensión ocurrida el pasado martes en las afueras del Sistema Penal Acusatorio y ordenó su detención provisional de privación de libertad.

Las revelaciones de las conversaciones telefónicas narradas por el fiscal Especializado en Delitos Contra las Drogas, Jonathan Díaz, evidencian además el grado de infiltración de la organización en los estamentos del Estado, entre ellos en la médula del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) a través de la colaboración de dos uniformados de la unidad de análisis de inteligencia, personas que tienen acceso a información sensitiva de esta entidad.

El grupo delincuencial también conoció del Ministerio de Comercio e Industrias que el fiscal estaba a punto de hacer una inspección ocular para conocer quiénes aparecían en los avisos de operación en las empresas que empleó Rico Pineda para mover dinero. También se enteraron que en el Ministerio de Economía y Finanzas había un oficio para solicitar información de las sociedades anónimas antes de que llegara la fiscalía a esta institución para hacer las averiguaciones. De igual forma, Rico Pineda sabía que la Policía y la Dirección de Investigación Judicial iba a allanar su casa el 15 de agosto, probablemente a las 5 de la mañana, para lo cual dio instrucciones a la empleada de lo que tenía que hacer: déjalos pasar y diles que estamos en la playa. La información recopilada por la fiscalía muestra una accesibilidad a datos y fuentes en distintas entidades que de alguna forma se adelantaban a los pasos de las autoridades.

Rico Pineda, de 31 años de edad, ingresó a la sala 2 del Sistema Penal Acusatorio esposado de manos. Adentro, el juez de garantías ordenó que le quitaran las esposas y dio inicio a la audiencia que se extendió por más de dos horas y media. El acusado estuvo representado por los juristas Víctor Orobio, Ángel Álvarez y Javier Franco, éste último un exfiscal de drogas encargado de refutar la exposición de imputación efectuada por la fiscalía.

El fiscal Díaz relató que Rico Pineda fue vinculado a la investigación desde mayo, específicamente lo relacionan a intercambios de cheques y entrega de efectivo, conversaciones con un colombiano, llamadas con tres miembros de la organización, y algo determinante: la detención de Jonathan Parra, un ciudadano a quien le descubrieron en el auto más de $90,000 que admitió eran producto del narcotráfico. Parra, según contó el fiscal, salió de la empresa Servicios Múltiples Rama con una bolsa blanca desechable que antes había ingresado Rico Pineda a la empresa. Una vez tomó la bolsa se metió a su auto y cuando pasaba por el Raenco de Transístmica fue detenido por dos linces que le hallaron el dinero en efectivo. Más tarde, en un acuerdo de pena, Parra admitiría que se trataba de dinero producto del narcotráfico. Un hecho “innegable” para el juez que lo relacionó directamente con el hecho delictivo. Rico Pineda, si bien formó parte de la directiva de Servicios Múltiples Rama entre 2015 al 2019 como representante legal, y después fue relevado por Omar Ortega, otro imputado en la operación Jericó, continuó al tanto de lo que ocurría en la empresa y daba directrices.

Rico Pineda y los colombianos pensaron que la detención de Parra había sido producto de un hecho fortuito. Le enviaron un abogado para que lo defendiera, pero ignoraban que alguien más, un investigador judicial, escuchaba cómo reaccionaban a la detención de sujeto y las coordinaciones que hicieron para su defensa.

Previo a este momento, el fiscal explicó que Rico Pineda había hecho la logística para recibir el dinero. La llamada fue con un colombiano con quien habló sobre varias alternativas para enviar el dinero al país sureño. Por ejemplo, el token, un mecanismo para mandar o transferir dinero, común en el narcotráfico. Ese mismo día, el 20 de mayo que ocurrió la conversación con el colombiano, Rico Pineda habló con un hombre no identificado por la fiscalía, su padre el diputado Raúl Pineda, con quien conversó sobre un incidente que involucraba a un personal de la empresa. Este hecho motivó que la fiscalía enviara la carpetilla a la Corte Suprema de Justicia para su investigación.

La fiscalía averiguó que dos sociedades anónimas que se investigaron en esta operación, de las que Rico forma parte de la directiva, comparten el mismo domicilio, que coincide de igual forma con la ubicación de un partido político ubicado en Paraíso, sin especificar de cuál se trataba.

Este asunto, las llamadas telefónicas entre padre e hijo, fue mencionado como un reclamo de la defensa trayendo la ilegalidad de la investigación, la exclusión del elemento, por el fuero que reviste al diputado y que la fiscalía no solicitó al Tribunal Electoral su desprotección, especialmente porque las diligencias se realizaron en medio de un proceso electoral, y el diputado ostenta un cargo directivo en el Partido Revolucionario Democrático. Recordó también que la Corte Suprema de Justicia no encontró la prueba idónea para iniciar una investigación contra el diputado.

El abogado Franco alegó que el dinero en mención estaba destinado a la remodelación de la casa de su cliente y que la empresa objeto de la investigación genera aproximadamente $300 mil de ganancia al mes. Recalcó que no existe un análisis de trazabilidad de las cuentas bancarias que secunden la teoría de la fiscalía. Por lo anterior, solicitó al juez no admitir la imputación en contra de su cliente.

Sin embargo, el juez concluyó que existían elementos que vinculaban al indiciado en la investigación, lo imputó y decretó la detención provisional de Rico Pineda, a pesar de las alternativas ofrecidas por la defensa: una fianza de $20 mil, brazalete electrónico, impedimento de salir del país, medida cautelar de casa por cárcel, dentro del menú de opciones.