Juan Carlos Araúz: Asamblea no debe rechazar el contrato minero

La discusión sobre el contrato entre el Estado y Minera Panamá entró en su tercera semana, con una visita in situ de los diputados de la comisión de Comercio de la Asamblea Nacional al proyecto en el distrito de Donoso (Colón).

Una polémica que ha generado protestas por las implicaciones legales, fiscales y socioambientales que traería la aprobación del mismo.

En el campo de quienes le apoyan, considera que un rechazo de la Asamblea al contrato supondría una “afectación” a la imagen del país y a la “seguridad jurídica”.

Entre estos está el abogado y expresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA) Juan Carlos Araúz, quien sostiene que el Ejecutivo ya “asumió un compromiso” contractual con la empresa y que este “debe cumplirlo”.

“La discusión del contrato minero se ha dilatado demasiado. Yo creo que cuanto antes el Estado panameño debe zanjar esa situación”, dijo Araúz este martes en “Portada” de La Estrella de Panamá.

Aunque la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato-ley que regulaba la operación de Minera Panamá, argumentando que debía realizarse una licitación pública y no un contrato directo como ocurrió en 1997, el expresidente del CNA insistió en que el actual contrato directo no tendría problemas si la Asamblea le da luz verde.

“Al margen de las valoraciones del Órgano Judicial, es un tema de responsabilidad del Estado al consentir una operativa que genera compromisos. Ese es el punto con el cual yo he sido muy enfático del porque creo que hay que zanjar esto rápidamente y proceder a una aprobación”, sostuvo Araúz.

En cuanto a las críticas de que el contrato otorga la capacidad a la empresa de disponer cuando quiera de tierras por vía de la expropiación, control aéreo y concesiones de puertos, el abogado sostuvo que la magnitud y complejidad de la operación amerita dichas medidas.

Los críticos al contrato lo definen como un enclave colonial, pero Araúz considera que no lo es.

“Un proyecto tan grande en extensión y complejidades va desarrollando actividades alternas para movilizar prácticamente una ciudad en torno a ese desarrollo y eso implica otro tipo de actividades que se van ejerciendo en paralelo. Es una actividad que requiere que el Estado permita un funcionamiento ordenado”, indicó.

El abogado sostiene que en caso de que los diputados rechacen el contrato, se deberán revisar las conclusiones que les llevaron esta decisión y ver si estas se pueden “subsanar” para una posterior aprobación.