Irregularidades en gobiernos locales: Solo una denuncia penal se ha presentado

A pesar de las denuncias que han realizado al menos 15 autoridades locales en medios de comunicación y redes sociales, solo tres están siendo procesadas por el Ministerio Público, dos de oficio y una presentada por Serena Vamvas, representante del corregimiento de San Francisco y la única autoridad de un gobierno local que formalizó un presunto delito.

El pasado 7 de julio, Vamvas interpuso la denuncia ante la sección de Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana, por el presunto delito contra la seguridad jurídica de los medios electrónicos, así como el delito contra la administración pública y contra el patrimonio económico de la Junta Comunal.

En la querella que publicó la representante en las redes sociales, cita su obligación como funcionaria pública y mayor de edad de denunciar hecho del que tenga conocimiento y que las autoridades deban investigar de oficio. Al recibir el despacho, Vamvas halló una “Junta Comunal en la quiebra, endeudada, sin registros contables y sin infraestructura decente”, publicó en la red “X”.

Por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación de oficio por las anomalías reportadas en el Municipio Panamá, tras las declaraciones del alcalde Mayer Mizrachi en los medios de comunicación, sobre la existencia de una ‘planilla cashback’ repleta de personas que recibían pagos salariales con la obligación de devolver parte del dinero al ‘padrino’ que les nombró en la entidad.

Los abogados Heraclio Bustamante y José Antonio Moncada presentaron una denuncia por este caso ante la Fiscalía Anticorrupción, al tiempo que consideraron necesaria la comparecencia de Mizrachi para que presente evidencias. Al momento, ni el alcalde ni su equipo han presentado denuncias formales ante el Ministerio Público.

La otra investigación de oficio tiene que ver con el Municipio de Calobre, en Veraguas, donde el alcalde Fermín Saldaña reportó el hallazgo de un arma de fuego en uno de los archivadores de la entidad.

El 6 de julio se inició una investigación por el presunto delito ‘contra la seguridad colectiva’, por lo que Balística Forense, que forma parte del Instituto Medicina legal y Ciencias Forenses retiró las armas para analizarlas; de acuerdo a Jilma Cumbrera Donoso, personera municipal de Calobre.

En el corregimiento de Juan Díaz, distrito de Panamá, se encontraron 2 armas de fuego en una caja fuerte. El representante, David Bernal, hizo eco del hallazgo en los medios de comunicación. Se conoció extraoficialmente que el arma de fuego pertenecía al patrimonio de la Junta Comunal por lo que se delegó una carta a la ex representante, Imelda Sucre, para manifestarle que la nueva administración no tiene intención de poseerla. De acuerdo a la Junta Comunal, la administración de Sucre negó tener conocimiento de que el arma estaba en las oficinas.

Los permisos para el porte de armas los expide el Ministerio de Seguridad (Minseg), a través de la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública. Para poseer el objeto, las personas naturales deben presentar una certificación médica y piscológica, además de un pago de $100 para expedir la licencia de porte de armas y $50 por certificado de tenencia, que deben ser depositados en la cuenta de Minseg en el Banco Nacional.

El caso más reciente de anomalías se reportó en la Alcaldía de Colón, donde el alcalde, Diógenes Galván, manifestó desconocer el paradero de 28 carros asignados a la entidad. Entre las marcas, enmarcó autos de alta gama, como Range Rover, BMW, Mercedes Benz, Infiniti, entre otros. De acuerdo a los funcionarios de la Dirección de Bienes Aprehendidos del Ministerio de Economía y Finanzas, que acudieron al despacho de Galván, estos bienes se habían asignado a la alcaldía de Colón en la pasada administración. Por eso Galván solicitó a “quienes tienen estos bienes, que los devuelvan al Municipio”. Sobre este asunto la Procuraduría General de la Nación se pronunció en un comunicado, en el que recordó que los funcionarios del Ministerio Público ‘no tienen la facultad para decidir sobre el uso y custodia de bienes aprehendidos provisionalmente, ya que los mismos son puestos a disposición del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), hasta que la causa sea decidida por el Tribunal Competente’.

Por otra parte, en el Municipio de San Miguelito, la alcaldesa Irma Hernández denunció en conferencia de prensa que encontró nombramientos ‘cashback’ y abultamiento de planillas. No obstante, sobre este caso aún no se han iniciado investigaciones de oficio por parte de la fiscalía, ni tampoco se han presentado denuncias.

La abogada Martita Cornejo, del equipo de Hernández, manifestó en una conferencia de prensa el pasado 8 de julio que esperarían los resultados de las auditorías a lo interno de la alcaldía antes de tomar cualquier acción legal.

Otras irregularidades se han reportado a través de medios de comunicación y redes sociales en las localidades de Ancón, Belisario Porras, Tocumen, Playa Leona, San Juan, Chilibre, Chepo, Puerto Caimito y otras, para un total de al menos 15 casos, pero que no se han transformado en denuncias formales ante las autoridades.

En cuanto a lo administrativo, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), rectora en materia de acceso a la información pública, ha iniciado investigaciones administrativas en municipios y juntas comunales por la posible comisión de delitos contra la administración pública, en la modalidad de sustracción de documentos públicos.