Invasiones de tierra y ausencia de una política de vivienda

Las ocupaciones de tierras siempre han ocurrido en nuestro país, por el acaparamiento de tierras en pocas manos y el déficit habitacional debido a nulas políticas públicas en la construcción de viviendas dignas de interés social para el pueblo, a pesar de lo dispuesto en la Constitución, artículo 117, que establece la obligación estatal de otorgar viviendas a los panameños, especialmente a los de menos ingreso. Tal como lo ha dicho la Coordinadora Victoriano Lorenzo, los gobiernos promueven solamente la iniciativa privada a través de inmobiliarias, que no son respuestas sociales reales para los sectores vulnerables. Estos no son sujetos de crédito y no aplican para este tipo de viviendas, por ser caras, pequeñas, y de muy mala calidad; o bien, de hacer un esfuerzo económico, los endeuda de por vida o los expone a perder la vivienda y el dinero que pagaron, de atrasarse en tres letras consecutivas.

Es totalmente falso. Es una campaña falsa difundida por sectores empresariales, que, a su vez, son propietarios de las inmobiliarias que venden estas casas caras, pequeñas y de mala calidad, y que convierten las necesidades humanas en sus jugosos negocios.

En materia de vivienda, los gobiernos han promovido la iniciativa privada, es el caso del interés preferencial y el bono solidario de vivienda. Este último es un subsidio que entrega el Estado a las inmobiliarias por cada casa que venden con valor menor a los $75 mil, y que es escandaloso. Los medios lo ocultan a pesar de las denuncias, y, aunque el gobierno manifiesta que es parte del pago que se hace a la inmobiliaria para apoyar al comprador de la vivienda, este comprador nunca llega a tocar esos $10 mil. Esto lo entrega el Miviot a la inmobiliaria directamente, pudiendo la inmobiliaria sobrevalorar la casa a su antojo sin ninguna fiscalización, diciendo que en vez de $60 mil, la casa cuesta $70 mil y eso nadie puede objetarlo en un país de libre oferta y demanda, donde no existe regulación de precios ni de las inmobiliarias.

La Anati tiene la noble misión de adjudicar tierras del Estado a quienes realmente lo necesiten. Sin embargo, se ha convertido en un ente catalizador de tierras para el beneficio de poderosos políticos, empresarios y banqueros, a quienes se les donan y venden en baratillo tierras del Estado sin ninguna justificación, utilizando muchas veces a humildes campesinos y pescadores como intermediarios, a quienes se les engaña.

Se necesita una nueva constitución gestada a través de una asamblea constituyente originaria que declare la colectividad de la tierra, la industria, la banca y los medios de producción. El problema es estructural, es un problema del propio sistema económico, político y social que abandona a su suerte a las grandes mayorías y beneficia solo a unas cuantas familias ultramillonarias y a transnacionales que se llevan la materia prima, los recursos naturales y fuga de capital para sus países. Hay que crear un sistema donde las necesidades básicas y los derechos inalienables del ser humano no sean el negocio de nadie.

El fenómeno de invasión de tierras debe ser visto y analizado en un enfoque sociojurídico que se acerque a la realidad. En primer lugar, es innegable que existe un déficit habitacional cuyo significado, además de ausencia de vivienda, implica la carencia y existencia de problemas de calidad residencial en referencia al conjunto social, barrio, ciudad, comunidad, es decir, no solo existe una falta de vivienda, sino que esta se agrava por desarticular armonía de grupos sociales. Esta carencia obliga a personas y núcleos familiares a emprender medidas extremas en busca de resolver su asfixiante situación. Debemos distinguir cuando se trata de tierras privadas, en cuyo caso las autoridades están en la obligación de proteger los bienes de nacionales y extranjeros. Cuando se trata de tierras nacionales, las autoridades están en la obligación de evaluar cada situación, privilegiando los derechos humanos de los ciudadanos, entre los cuales figura el derecho al bienestar social.

Es un hecho cierto que la invasión de tierras ha sido utilizada por políticos, dirigentes comunitarios, incluso especuladores y aprovechadores de las necesidades sociales, con el propósito de sacar provecho en votos o dinero. Sin embargo, la simpleza con que se descalifica cada evento de invasión de terrenos ha obviado las consideraciones y estudios socio-económicos de los “invasores”, por lo que no hay respuestas adecuadas a sus problemas reales. Basta con decir, “son personas que invaden para vender” para descalificar el reclamo, lo que concluye en que las autoridades no hacen absolutamente nada para resolver el problema de manera planificada.

El artículo 117 de la Constitución Política establece que el Estado establecerá una política nacional de vivienda destinada a proporcionar el goce de este derecho social a toda la población, especialmente a los sectores de menor ingreso. En la actualidad el país carece de una genuina y sostenida política de vivienda. Un ligero recuento histórico, sin ser experto en desarrollo urbano, permite constatar que para el año 1970 se estableció una Comisión Nacional de Vivienda y, en el transcurrir del tiempo, los gobiernos reducen la problemática a un tema de discursos, enunciados en planes de gobierno y plataforma de presentación de la página web del Ministerio de Vivienda. Si entendemos la política de vivienda como la planificación, programa, promoción, financiamiento, ordenamiento de viviendas, dirigidos a asegurar ese derecho a los ciudadanos, de manera sostenida como política de Estado, resulta inexistente. Esa deficiencia, por parte de las autoridades de este y varios gobiernos, repercute en la falta de programas para la regularización de tierras para viviendas y de producción a beneficio de sectores necesitados.

La Autoridad Nacional de Tierras tiene años de exhibir deficiencias por causa de su manejo político partidista. Se ha convertido en un botín del que se obtienen beneficios impropios de quienes manejan poder público. El clamor de los ciudadanos por la engorrosa travesía que significa regularizar, comprar, obtener títulos sobre tierras nacionales que ocupan con derechos posesorios que por años ostentan, es inhumano. Incluso, conozco de profesionales del derecho que representan a clientes y tramitan casos en esa institución, que tan solo para acceder y revisar los expedientes deben esperar hasta dos meses calendarios. Frente a este dramático escenario de ineficiencia, se exhibe el favoritismo político para vender tierras nacionales a precios irrisorios, ventas que no responden a políticas de vivienda ni producción, que están encaminados a resolver necesidades sociales, todo lo contrario, se dirigen a resolver exigencias políticas, pretensiones de acumulación de tierras y riquezas de quienes ejercen el poder público. Insisto, no se trata de una distorsión del gobierno actual, es un problema de arrastre enquistado en la Anati. La entrega de títulos a los ciudadanos cuya tenencia de tierras ostentan por años, se convirtió en un espectáculo mediático, mientras la Anati funciona de manera caprichosa en mundo paralelo a las necesidades de la población.

Sin duda alguna, se impone definir una política de vivienda y regularización de tierras, diseñada por idóneos, consultada con organizaciones y gremios conocedores y representativos de lo que significa la planificación, programas, promoción, financiamiento, ordenamiento de viviendas, para asegurar el derecho constitucional de los ciudadanos a tener y disfrutar de viviendas y entornos humanamente dignos. Nuestras deficiencias en materia de salud, educación y vivienda cada día se pronuncian más alcanzando niveles alarmantes. En contrasentido, se destinan millones de dólares y recursos para satisfacer el funcionamiento de entidades públicas que no generan desarrollo ni bienestar social.