Ni imposiciones ni espíritu de ganzúa

A partir del momento en que los teóricos del constitucionalismo le asignaron al Órgano Legislativo el papel de legislar y de fiscalizar, quedó establecido un mecanismo de frenos a los excesos de los otros órganos del Gobierno.

La efectividad del mecanismo ha dependido siempre de la capacidad política e intelectual de sus miembros y del mayor o menor número de opositores que conforman la Cámara.

Suele ocurrir que la Asamblea en Panamá se integra con una minoría opositora. La tarea de esta minoría se puede tornar muy distinta, porque cuando el Ejecutivo tiene mayoría abrumadora en el Legislativo, tiende al abuso, a la imposición de las iniciativas parlamentarias y, lo que es peor, a asumir el protagonismo como principal legislador.

Al respecto puedo hablar de algunas experiencias como diputado que indican el comportamiento de los ejecutivos con mayorías o minorías en la Asamblea.

Bajo el régimen de Remón, la oposición era alarmantemente reducida.

Remón tenía un control del Legislativo y desde luego del Judicial.

La política de frenos a los excesos del Ejecutivo se diluía en la impotencia. Así era la aplanadora de impositiva. No le costó trabajo al oficialismo aprobar una ley que prácticamente eliminaba los partidos políticos pequeños, ni le fue difícil transformar la Policía Nacional en Guardia Nacional, siguiendo el nombre y modelo pautado por el general Somoza en Nicaragua. Entonces unos cuantos diputados ejercíamos la función opositora, y si acaso era aprobada una ley de la bancada adversa, era porque tenía un carácter intrascendente.

En una Asamblea así constituida, el papel tan minoritario de la oposición era prácticamente nulo.

Durante el gobierno de Robles, la mayoría era oficialista en sus primeros años, pero existía un número apreciable de diputados de la oposición y la gestión opositora fue intensa, polémica, de garra, y por su naturaleza y agresividad, el gobierno buscaba el consenso en muchísimas oportunidades.

Recuerdo al ministro de Gobierno y Justicia, César Arrocha Graell, quien asistía diariamente a esa entidad que ahora llaman el Parlamento y se dedicada al diálogo contemporizador y afable con los opositores al régimen.

El diputado oficialista Jorge Rubén Rosas sustentó en 1965 la tesis, con brillo, de que el arte de legislar es el arte de transar, y bajo su significado se aprobaron leyes controvertidas como las relativas a las reformas tributarias. En una Asamblea integrada por una minoría opositora tenaz y combatiente puede ensayarse una política de consenso a intervalos, como ocurrió en el cuatrienio de 1964 a 1968.

Y para llevar una ilación en el relato, también puede ocurrir, ocurre hoy, que existe un virtual empate entre las fuerzas que componen la Asamblea. En estos casos el papel legislativo es incómodo para los dos sectores, porque el éxito final del debate depende de la disciplina, de la lealtad partidaria o de la calidad humana del legislador. En una Asamblea con una mayoría no PRD tan precaria, uno que otro legislador camina siempre o puede caminar como al borde de un abismo de tentaciones. El saberse, uno que otro, poseedor del voto decisivo, se torna enigmático cotizable o simplemente importante. También se torna díscolo, arrogante y hasta autónomo en sus decisiones políticas. Suele andar a la libre y es, en extremo, alérgico a la disciplina de partido.

En una Asamblea con tales características, se impone un liderazgo interno que ubique a cada oveja con su pareja o a cada legislador con su compromiso con el pueblo y, desde ese núcleo unitario, fijar líneas oficialistas coherentes, efectivas y sin atisbos de resquebrajamientos.

Si resulta difícil alcanzar esta solidez indispensable o si los pactos son ignorados en la práctica, la alternativa es derivar a un ejercicio permanente del consenso como política gubernamental en el campo legislativo. Exactamente como se hizo con el uso de los fondos fiduciarios. En política, el aprendizaje no tiene pausas. Examinemos otros comportamientos en países que han tenido un tránsito similar al panameño –de la dictadura a la democracia– y saquemos el mejor provecho.

En España, el Partido Socialista Obrero Español llegó a tener mayoría absoluta en las Cortes y se excedió en los abusos absolutos; a pesar de eso hizo una gestión de gobierno trascendental, su fuerza laboral declinó al final abrumadoramente. También tuvo mayoría partidaria en las Cortes, y para lograr la gobernabilidad, tuvo que pactar, no con los comunistas, sino con los nacionalistas vascos y catalanes de derecha, en medio de una oposición vigorosa y hasta cruel. En Estados Unidos, la oposición a Clinton domina el órgano legislativo, pero se ha tenido la cautela de diferenciar los problemas conflictivos de rutina de los grandes problemas de Estado.

En estos hay consenso, en aquellos existe la pugnacidad sin límites. Y tanto en España como en Estados Unidos, básicamente por el talento de sus políticos para afrontar las diferencias, existe una prosperidad fiscal –ojalá que también social– sin precedentes. Esto significa que no es del todo malo para la democracia la equiparación de las fuerzas en el Órgano Legislativo, siendo siempre preferible a las mayorías absolutas gubernamentales o a las minorías muy reducidas opositoras.

En Panamá vivimos una nueva e inédita realidad, que obliga a ensayar nuevas tácticas y muy definidas estrategias tanto en el campo oficial como en el opositor. En primer lugar, debemos tener una visión optimista en torno al destino de Panamá y debemos contagiar ese optimismo racionalmente a toda la sociedad.

En segunda instancia, debemos adoptar una metodología que nos lleve al diálogo permanente para encarar los problemas y las soluciones que sean viables. E independientemente de que los pactos gubernamentales funcionen, el diálogo no debe ser menospreciado ni como recurso político ni como actitud mental.

En tercera opción, la Asamblea Nacional –tan llena de privilegios que hieren la pobreza de nuestro pueblo y sometida como está al escrutinio implacable de todos– debe hacer un alto en su comportamiento que la coloca a espaldas de la angustia de las mayorías, para tomar decisiones positivas en bien de la comunidad, antes de que el país se aboque a una explosión social de consecuencias aterradoras. Se debe actuar sin dilación. Lo que no debemos es reeditar la disputa de los cirujanos y los clínicos sobre qué hacer con el paciente adolorido: si debe ser operado o si debe recibir tratamiento; porque mientras la controversia se prolonga, el paciente-pueblo espera, sufre y muere porque el acuerdo salvador no se produce.

La nueva realidad legislativa, tan de igual a igual, y la precariedad de los pactos existentes, hace obligante hacerles frente a los retos sin imposiciones, como ha sido tradicional en el país y sin espíritu de ganzúa para violar la moral y la ley tan propio de la dictadura militar. Lo que tenga sustancia negativa debe quedar atrás. Hoy debemos afrontar los problemas en un debate decente para alcanzar soluciones correctas.