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La jueza de garantías Lizeth Quintero suspendió la audiencia de imputación al exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) Bernardo Meneses.
La decisión surgió tras la presentación de un recurso de amparo de garantías constitucionales por parte de la Fiscalía, en representación de la Procuraduría General de la Nación.
Meneses, acompañado de su abogado defensor Ángel Álvarez, llegó al Sistema Penal Acusatorio con la firme intención de enfrentar las acusaciones relacionadas con los auxilios económicos otorgados durante su gestión al frente del Ifarhu.
Sin embargo, la jueza Quintero informó que el recurso interpuesto obliga a esperar la resolución del Primer Tribunal, postergando nuevamente el avance de este caso que ha captado la atención pública.
“Hemos estado bajo investigación por dos años y nos hemos puesto plenamente a disposición de las autoridades,” declaró Meneses al salir de la audiencia. Además, recordó que renunció voluntariamente al fuero penal electoral durante el pasado periodo de elecciones, con el objetivo de no obstaculizar las pesquisas.
“Las preguntas no las debo responder yo, las preguntas las debe responder el Ministerio Público, el porqué no quiso hacer la imputación de los cargos”, sostuvo el exfuncionario.
El recurso de amparo presentado por la Fiscalía Anticorrupción se centra en una decisión previa de la jueza Quintero, quien en una audiencia celebrada el 4 de diciembre determinó una afectación de derechos hacia Meneses.
Esto se relacionó con averiguaciones realizadas por la Fiscalía en cuentas bancarias vinculadas al caso, lo que motivó la orden de archivar parcialmente el proceso. Ahora, Quintero deberá responder al Primer Tribunal antes de que se pueda retomar la audiencia de imputación.
Por su parte, el abogado Álvarez instó a la Fiscalía a presentar pruebas concretas contra su cliente.
“Si el Ministerio Público o la querella no tienen pruebas, es su responsabilidad,” declaró con firmeza. Asimismo, recalcó que la defensa está completamente preparada para enfrentar las acusaciones y brindar claridad sobre un caso que ha levantado serias dudas en la opinión pública.
La defensa de Meneses ha insistido en la necesidad de resolver este caso, no solo por el bienestar de su cliente, sino también por el beneficio de la sociedad. “La comunidad necesita saber si se cometieron delitos o si esta investigación ha sido una persecución sin fundamento,” subrayó Álvarez.
La gestión de Meneses al frente del Ifarhu estuvo marcada por cuestionamientos sobre la asignación de recursos. Durante su administración, el programa de auxilios económicos fue criticado por presuntas irregularidades en la selección de beneficiarios, así como por la falta de transparencia en los montos otorgados.
Aunque el exdirector ha defendido su labor y asegura que actuó con apego a la ley, los detractores del programa sostienen que este pudo haber sido utilizado con fines políticos.
Las investigaciones buscan determinar si hubo mal manejo de los fondos públicos y si los auxilios se otorgaron bajo criterios discrecionales que favorecieron a ciertos individuos o grupos.