HRW pide a Panamá y Colombia atender los derechos de migrantes

La organización Human Rights Watch (HRW) hizo un llamado enérgico a los gobiernos de Panamá y Colombia para que “atiendan los derechos de los migrantes irregulares y solicitantes de asilo que transitan por la selva fronteriza”, que el año pasado sobrepasaron los 520.000. Aunado a esto, pide que investiguen “adecuadamente los abusos cometidos en su contra”, señala un reporte de la organización.

El informe de 120 páginas emitido por HRW sobre migración a través del tapón de Darién titulado “Abandonados en la selva: “Protección y asistencia para migrantes y solicitantes de asilo en el tapón de Darién”, el segundo en su clase, identificó deficiencias en los esfuerzos para proteger y asistir a los migrantes, incluyendo a niños y adolescentes no acompañados, al igual que al investigar los abusos cometidos en su contra. Pero también solicitó a Estados Unidos y los gobiernos de la región “no dejar solos a Colombia y Panamá frente a los desafíos de la selva”. Por el contrario, deberían brindar apoyo a los esfuerzos dirigidos a asistir y proteger a los migrantes y ofrecer opciones para garantizar que nadie se vea obligado a arriesgar su vida en la selva.

HRW visitó el tapón de Darién en cuatro ocasiones entre abril de 2022 y junio de 2023. En ese periodo se entrevistó con 300 personas, entre las que figuraban solicitantes de asilo, víctimas de graves abusos, trabajadores humanitarios y autoridades de Panamá y Colombia. Además de eso hicieron entrevistas telefónicas y virtuales entre enero de 2022 y marzo de este año, y analizaron documentación oficial y de las Naciones Unidas sobre el tema.

En dicha investigación, HRW detectó que en ambos lados de la frontera las autoridades no protegen eficazmente el derecho a la vida y la integridad física de los migrantes, o investigan de forma efectiva y exhaustiva las violaciones en su contra. El reporte indica que los esfuerzos para garantizar el acceso a alimentación, agua y servicios básicos de salud han resultado ineficientes, lo que afecta el derecho tanto de la población migrante, como de las comunidades locales, que han sido marginalizadas por años y han sufrido altos índices de pobreza.

Entre los delitos contra migrantes mencionan los casos de violencia sexual, que normalmente “no son investigados ni castigados”. También la rendición de cuentas por estos abusos, calificada de “poco frecuente” por la limitación de personal y recursos y por la ausencia de una estrategia de investigación penal, así como la escasa coordinación entre las autoridades colombianas y panameñas.

HRW solicitó al Gobierno panameño reconsidere “urgentemente” su decisión de no renovar el contrato a Médicos Sin Fronteras, suspendido el 4 de marzo pasado, para garantizar los derechos de los migrantes. “Restringir el trabajo de Médicos Sin Fronteras es exactamente lo contrario a lo que se necesita para abordar la situación en el tapón de Darién”, afirmó Juanita Goebertus, directora de la división de las Américas de HWR.

El llamado de atención ocurre en un año que predice romper con las cifras récord de migrantes que cruzan la peligrosa selva, de continuar la tendencia que presentaron los dos primeros meses del año. En enero y febrero de 2024 se contaron 73.167 migrantes, en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando hubo 49.291.

La mayoría es de nacionalidad venezolana, haitiana y ecuatoriana, además de colombianos y personas de continentes como Asia y África que han sufrido, señala el reporte, graves abusos incluyendo violencia sexual. En cifras, más de 1.300 personas han denunciado a MSF casos de violencia sexual entre abril de 2021 y enero 2024, pero es posible que las cifras sean aún mayores, según HRW. Un número que contrasta con las 285 víctimas de violencia sexual que reportó la Procuraduría General de Panamá en el mismo periodo. En reportes previos, La Estrella de Panamá ha publicado que la disparidad entre ambos reportes obedece principalmente a que los migrantes no están dispuestos a poner la denuncia por la prisa de llegar al destino. Interponer una denuncia implica permanecer en Panamá más del tiempo estimado, comparecer ante las autoridades con la esperanza de que identifiquen al agresor, un costo y tiempo extraordinario que saca de planes a los migrantes.

En otro aspecto, el informe resalta la peligrosidad del tramo, las vidas que se traga la selva. Apunta a cientos de muertos o desaparecidos durante el cruce. Muchos no han sido encontrados. La Organización Internacional para las Migraciones estima que 245 personas desaparecieron entre 2021 y marzo de 2023, y como en los asuntos anteriores, también es posible que la cifra real sea mucho mayor.

HRW recordó el caso que documentó en octubre de 2022 de una pareja venezolana que emprendió el viaje junto a sus tres hijos a través de la selva de Darién. En medio de la caminata, un desconocido se ofreció a llevar a su hijo de seis años para acelerar el viaje. Pronto, el grupo les adelantó, y cuando los alcanzaron a la mañana siguiente, el hombre les dijo que su hijo se había ahogado al cruzar el río. Las autoridades panameñas tardaron ocho días en iniciar la búsqueda, e Interpol emitió una alerta por su desaparición más de un mes después. Hasta la fecha el niño sigue desaparecido.

Los investigadores de HRW identificaron que Colombia carece de una estrategia clara para garantizar los derechos de los migrantes. Lo anterior responde a la escasa presencia estatal que deja a estas personas en manos del Clan del Golfo, el grupo criminal que controla el flujo de migrantes y solicitantes de asilo y se beneficia de su desesperación y vulnerabilidad.

En reiteradas ocasiones la directora de Migración de Panamá, Samira Gozaine, ha insistido en la peligrosidad del camino y que Darién no es una ruta para los migrantes. Públicamente ha llamado la atención de las organizaciones de Derechos Humanos que avalan la migración en incentivar rutas seguras, ya que el llamado al derecho de migrar puede aplicar a cualquier vía que decidan los migrantes, como Darién, una selva que pertenece a un parque nacional, no a un camino de tránsito al norte. Cuando los migrantes llegan a Panamá, después de varios días de caminata, se aplica la estrategia de “flujo controlado”. Para HRW esta táctica parece centrada en restringir el movimiento de estas personas dentro de Panamá y asegurar que lleguen rápidamente a Costa Rica, en lugar de atender sus necesidades y garantizar que puedan solicitar refugio.

Con el objeto de atender el tema, el reporte sugiere que Colombia y Panamá nombren a un alto funcionario encargado de coordinar la respuesta al aumento de migración a través del tapón de Darién. Igualmente reforzar la cooperación entre ambos gobiernos, así como con las agencias de Naciones Unidas y otras organizaciones humanitarias que operan en la zona.

También propone trabajar con las organizaciones humanitarias y las comunidades locales para establecer un mecanismo conjunto de rescate de personas desaparecidas en la selva y de identificación y recuperación de cuerpos de los fallecidos. Otra sugerencia consiste en redoblar esfuerzos para prevenir, investigar y sancionar la violencia sexual contra migrantes, aumentando la capacidad forense en la región, dando prioridad a las investigaciones de estos casos, y abordar los obstáculos que dificultan a las víctimas denunciar los delitos. De igual forma, en colaboración con las organizaciones humanitarias debieran reforzar la asistencia médica, incluyendo psicológica, a las víctimas.

En conclusión, la situación en el tapón de Darién exige un esfuerzo más amplio de toda la región, señala el reporte. Asimismo señala que los gobiernos latinoamericanos y de Estados Unidos deberían revertir las medidas que están impidiendo el acceso a refugio y que llevan a las personas a cruzar lugares peligrosos como Darién. Un momento propicio para hacerlo es el 40 aniversario de la Declaración de Cartagena de 1984, un instrumento histórico sobre los derechos de las personas refugiadas en América Latina, al adoptar en conjunto nuevas políticas migratorias que sean respetuosas de los derechos humanos.