Guía para la prevención y persecución de la corrupción en el sector estatal y privado

La corrupción es un fenómeno complejo que afecta a sociedades de todo el mundo, debilitando instituciones, erosionando la confianza ciudadana y obstaculizando el desarrollo. La corrupción se expresa mediante el uso de oportunidades desde posiciones públicas o privadas de poder, para obtener beneficios individuales o grupales contrarios al bien común.

El Ministerio Público y la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información, con apoyo de la Embajada de Estados Unidos, se han dado a la tarea de crear una: “Guía para la prevención y persecución de la corrupción en el sector estatal y privado”, la que será desarrollada por funcionarios y miembros de la sociedad civil y oenegés que trabajan en el tema de prevención de la corrupción y su persecución.

Este esfuerzo es loable debido a que la lucha contra la corrupción requiere un enfoque integral que combine medidas preventivas y punitivas.

En este artículo vamos a enfocarnos en presentar una serie de medidas estratégicas para prevenir la corrupción.

Primeramente, debemos establecer que por prevención entendemos las medidas o disposiciones que se toman de manera anticipada para evitar que suceda una cosa considerada negativa.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), en el largo plazo la prevención de la corrupción es igualmente importante que su persecución y sanción, y conduce a la reducción de los riesgos de corrupción.

Es decir que las medidas que se tomen de forma anticipada para evitar la corrupción son tan importantes como la certeza del castigo.

La prevención de la corrupción nunca ha sido tan importante como en esta época pospandemia. Entre las razones podemos mencionar que ahora existen avances en las tecnologías de información y comunicación que nos permiten institucionalizar una rendición de cuentas por medio de plataformas que faciliten el monitoreo ciudadano proactivo de la inversión pública.

Algunas de las medidas que deben ser tomadas para prevenir la corrupción son las siguientes:

Entre las primeras medidas de una política de prevención debe constatarse la importancia de la publicación de datos abiertos de gobierno y del monitoreo ciudadano que permita la rendición de cuenta social como medio para prevenir o mitigar la corrupción. Al ponerse a disposición de la ciudadanía datos abiertos sensibles de gobierno, se incentiva la vigilancia, fiscalización y evaluación de las acciones del gobierno. La publicación de datos abiertos permite identificar posibles casos de corrupción y alertar sobre irregularidades. De esta forma la sociedad civil y los medios de comunicación se convierten en actores activos en la lucha contra la corrupción.

Proporcionar información clara, detallada y comprensible sobre cómo se asignan, gastan y gestionan los recursos públicos es muy importante.

Las primeras leyes de transparencia aprobadas en nuestra región, incluyendo a Panamá, obligan a las entidades del Estado a publicar información relacionada con su gestión administrativa, pero no con su gestión de inversión y presupuesto. La reforma a la ley de transparencia debe incluir la obligación del Estado y sus entidades de publicar información de la inversión y presupuesto del Estado.

Si entendemos que tan solo en el área de contrataciones de obras públicas se pierden de un 30% a 40% de la inversión en sobornos y corrupción, cobra importancia contar con iniciativas de prevención de la corrupción que permitan el seguimiento a las obras de construcción del Estado en todas sus etapas.

Un ejemplo es la iniciativa de transparencia llamada CoSt (construction sector transparency initiative), que ha sido puesta en marcha en distintos países del área y busca mejorar la eficiencia del dinero que se invierte en la infraestructura pública a través de la publicación de datos abiertos correspondientes a la ejecución de proyectos de construcción en todo el ciclo de vida de los proyectos de infraestructura pública, desde su preparación hasta su finalización.

Consiste en la creación de grupos multidisciplinarios con la participación del gobierno, empresas privadas, academia, gremios y sociedad civil, quienes serán instruidos para dar seguimiento a la construcción de la infraestructura pública.

Es impensable que el Estado panameño construya multimillonarias obras de construcción que no cuenten con una página web georreferenciada, donde se publiquen los indicadores que permitan el seguimiento y monitoreo ciudadano de dicha obra en todas sus etapas, para garantizar que la misma se construya de forma íntegra y de acuerdo con las mejores prácticas internacionales de prevención de la corrupción en dicho renglón.

Debemos preparar el camino hacia el “Estado abierto” del nuevo milenio, un Estado donde se refuerza la confianza pública, no por medio de promesas o cheques en blanco, sino por medio de la implementación de procesos de prevención de la corrupción, que formen parte de la nueva gobernanza pública.

Según cálculos recientes de la Organización Mundial de la Salud, hasta un 25% del gasto público en medicamentos puede perderse debido al fraude, el soborno y otras prácticas corruptas; podemos imaginar la importancia de contar con una plataforma tecnológica que permita el monitoreo ciudadano en este renglón.

Promover la educación cívica y ética desde una edad temprana, para fomentar una cultura de integridad, ética y valores morales constituye una tarea pendiente en materia de prevención de la corrupción. La transmisión de valores correspondientes a la democracia hacia el sistema educativo de la nación debe ser un pilar del plan de prevención de la corrupción en Panamá.

Estudios recientes del BID muestran que en la medida en que los Estados se vinculan en la formación de valores democráticos, tanto a estudiantes como ciudadanos, la percepción y los actos de corrupción disminuyen.

En este sentido, Chile constituye un ejemplo para la región ya que desde el año 2015 aprobó la Ley 20911 que “Crea el plan de formación ciudadana para los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado”; la misma establece que “los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán incluir en los niveles de enseñanza parvularia, básica y media un plan de formación ciudadana, que integre y complemente las definiciones curriculares nacionales en esta materia, que brinde a los estudiantes la preparación necesaria para asumir una vida responsable en una sociedad libre y de orientación hacia el mejoramiento integral de la persona humana, como fundamento del sistema democrático, la justicia social y el progreso.

Otro elemento sustancial dentro de un sistema de prevención de la corrupción es la transparencia y debida bancarización del financiamiento de campañas políticas.

El dinero privado recibido en campaña constituye un enorme problema en la lucha contra la corrupción debido al compromiso adquirido con los donantes de campaña, la penetración de fondos ilícitos y de redes criminales en la política.

En abril de 2018, durante el compromiso de Lima de “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”, los países firmantes se comprometieron a “impulsar la adopción y/o fortalecimiento de medidas que promuevan la transparencia, rendición de cuentas, contabilidad apropiada y bancarización de los ingresos y gastos de las organizaciones y partidos políticos, principalmente de sus campañas electorales”.

De cara a la tan necesaria reforma del Estado panameño resulta esencial intensificar los esfuerzos para prevenir la corrupción y promover la buena gobernanza, estimular el uso eficiente de los recursos del Estado con el fin de crear las condiciones necesarias para combatir efectivamente la pobreza y las deficiencias del mercado dentro del sexto país más desigual del mundo.

Se refiere a un conjunto de principios, políticas, mecanismos y medidas implementadas por un gobierno o institución para promover la transparencia, la ética y la responsabilidad en el ejercicio de la función pública.

El objetivo principal es contar con un sistema para reducir las oportunidades por comportamiento corrupto. Transformar la cultura del juega vivo e impunidad por una cultura de integridad y responsabilidad con la finalidad de que la corrupción sea socialmente inaceptable y estimulando la rendición de cuentas por parte de los responsables de manejar recursos y poder del Estado.