Grettel Villalaz: ‘Justicia comunitaria de paz debe reformarse’

Los grandes escándalos de corrupción y la falta de transparencia en las entidades del Estado genera cada vez mayor desconfianza de la población hacia los funcionarios. Reducir esa aprensión de la ciudadanía con resultados concretos, es parte de los retos que enfrenta la procuradora de la Administración, Grettel Villalaz.

La funcionaria, que recién llegó al cargo el pasado 2 de enero, conversó con La Estrella de Panamá sobre su visión acerca de la institución que debe defender los intereses del Estado en los temas administrativos. Habla de los problemas que atiende la institución con los funcionarios, la justicia de paz comunitaria, la polémica del contrato minero y las concesiones de los puertos.

Siendo una institución encargada de la defensa del Estado en la parte administrativa, nuestras funciones no dan tiempo para engavetar algo; hay términos establecidos en la ley y lo que nos ha tocado es continuar con ese trabajo. Desde el primer momento nos hemos impuesto como meta integrarnos un poco más, con todo lo que se hace en las provincias, los municipios, alcaldías y sobre el tema de justicia de paz.

La Procuraduría tiene una secretaría de consulta y quejas que está encargada de eso y de tener un acceso un poco más cercano al ciudadano. También hay una Secretaría de Asuntos Municipales, que es la encargada de todo lo que es justicia de paz; esta es muy importante porque impacta en los ciudadanos del día a día.

Podríamos estar dándole salida a aproximadamente 20 expedientes por día.

Se consultan muchísimos aspectos de cómo resolver ante el hecho de que existe una norma de la misma jerarquía para resolver un caso, sobre los términos de tiempo que se tienen en la ley, hay a veces desconocimiento hasta de los funcionarios. También temas de transparencia, tener conocimiento de que el funcionario tiene 30 días para contestar. El funcionario no debe caer en silencio administrativo, sino siempre contestar al ciudadano.

Bueno, hay que estar claro en que las vistas u opiniones que en un momento dado emite la Procuraduría de la Administración no son vinculantes. ¿Eso qué significa? Que no son de obligatorio cumplimiento, que siempre se van a estar basando en jurisprudencia que existe o en opiniones de autores reconocidos y con ella se fundamenta para emitir una opinión. El hecho de que en algún caso algún procurador coincida con lo que en su momento esté planteando el Ejecutivo, creo que se tiene que ver con lupa. También hay que estar claros en que la opinión del procurador es su opinión y en el momento en que llega a la Sala Tercera de la Corte, son los magistrados los que emiten el fallo correspondiente.

Hoy estamos ante una coyuntura donde como país debemos tratar de ver lo mejor para nosotros y ver todas las partes. El país debe tomar la decisión como debe ser; que se debe tratar de restaurar ambientalmente esa zona; lo que se haga, pues tienen que buscar las normas existentes para hacerlo legal y viable.

No me puedo referir al fondo porque ese tema puede ser que llegue a conocimiento de la Procuraduría de la Administración en algún tipo de consulta y, obviamente que no lo debemos hacer para no quedar de alguna manera impedidos de poder hacer nuestro trabajo. Sí puedo decirte que los contratos de concesión, como todo contrato, se pueden negociar o establecerles una reforma, eso dependiendo de las autoridades que tienen el manejo de la concesión. Entonces, nosotros no podemos decirle qué es lo que esa persona debe hacer, porque son sus fusiones, pero, como digo, todo contrato es posible que sea reformado.

La justicia de paz se creó para que, de alguna manera, el ciudadano viese cómo resolver sus problemas a través de la mediación, pero en la práctica vemos que el término de juez de paz es quizás un término equivocado que se utilizó para esta Ley 16, porque esa persona en realidad no debe decidir, sino que debe promover a que haya mediación entre las personas para que logren un acuerdo de cómo resolver la problemática que están viviendo y no tener que ir a la parte judicial, sino resolverlo administrativamente.

Es cierto, ya ha habido varias recomendaciones de que se haga una reforma de la ley. Lo ideal es que el tema del presupuesto se lo corrija porque, si no, el funcionario no puede ejercer debidamente lo que le corresponde. También es muy importante darse cuenta de que el juez de paz en la ciudad no atiende lo mismo que ve un juez de paz del interior. Con la experiencia que hemos tenido se puede hacer una mejor ley; debe darse una reforma más adecuada.

Panamá es uno de los países que tienen más leyes, pero lo que se tiene que hacer es que el funcionario cumpla con lo que dice la ley sobre transparencia. Para que se sepa cómo se está manejando el presupuesto, eso es importantísimo. El funcionario tiene que conocer la normativa que lo rige y cumplirla. Con la Antai [Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información] se está trabajando arduamente a través de un convenio, estamos tratando de que la parte ética que debe tener el funcionario se cumpla.

Es un trabajo de todos. Es cierto que el funcionario, como lo dice la ley y la Constitución, debe cumplir con lo que dicen las normas, pero sí tengo que decir que también el ciudadano debe involucrarse con el manejo de la cosa pública. No solamente el funcionario debe examinar lo que hace el ciudadano, sino también el ciudadano al funcionario

Cuando ocurre una destitución, por las razones que sean, el funcionario tiene la posibilidad de recurrir en reconsideración o en apelación, como él considere la mejor manera. Efectivamente, se debe dar un efecto suspensivo [de la destitución] mientras se resuelve la reconsideración o apelación.

Deberían permitirlo hasta que se resuelva la parte gubernativa. Nosotros en enero, a través de la Secretaría de Consultas, enviamos a todas las instituciones una comunicación de que estuviesen anuentes de que ese tipo de recurso se debía dar en efecto suspensivo. Se los enviamos a todos porque sabíamos que ese tema se estaba dando con demasiada frecuencia, quizás por desconocimiento, que el funcionario no lo estaba otorgando en efecto suspensivo, pero la ley lo dice claro.

Se ha trabajado desde hace varios años en una carrera dentro de la Procuraduría de la Administración; a pesar del corto tiempo que tenemos en la institución, ya hemos recibido notificaciones para retomar eso. En general, y eso el presidente de la República también ha pedido que se haga, es que el Estado haga una reforma importante en la carrera administrativa y se evalúen todas las situaciones con los funcionarios para ver el tema de la estabilidad.